- COMPENSACION ECONOMICA: “Análisis a partir de los primeros antecedentes jurisprudenciales”


UTSUPRA

REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA
Y SUCESIONES
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Doctrina | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: REVISTA DE FAMILIA UTSUPRA Protocolo A0024723 de Utsupra.

COMPENSACION ECONOMICA: “Análisis a partir de los primeros antecedentes jurisprudenciales”



Ref. Doctrina Especial para Utsupra. REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES NÚMERO 1. FEBRERO DE 2019. Tema: "Distintos aspectos de la ruptura matrimonial y de la unión convivencial". Director Claudio Belluscio. Coordinadora: Karina A. Bigliardi. ARTICULOS DE DOCTRINA. b.- COMPENSACION ECONOMICA: “Análisis a partir de los primeros antecedentes jurisprudenciales” Por Alejandro Sanjuan. Auxiliar Letrado en Asesoría de Incapaces N°1 de Lomas de Zamora. Secretario Ad Hoc de Instituto de Estudios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Consejo Lomas de Zamora), Diplomado en Aspectos Patrimoniales del Derecho de Familia por la Universidad Austral, Alumno de Especialización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la Universidad de Buenos Aires. // Cantidad de Palabras: 11812 Tiempo aproximado de lectura: 39 minutos


Revista de Derecho de Familia y las Sucesiones. Número 1. Febrero de 2019.

Tema: "Distintos aspectos de la ruptura matrimonial y de la unión convivencial".

ARTICULOS DE DOCTRINA.

b. COMPENSACION ECONOMICA: “ANÁLISIS A PARTIR DE LOS PRIMEROS ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES”

I.- INTRODUCCION


El objeto del presente artículo será analizar los primeros planteos judiciales que se han producido respecto de la nueva figura de la compensación económica. Este instituto resulta una de las novedades introducidas por el Código Civil y Comercial de la Nación, y de allí que resulte interesante examinar los pronunciamientos jurisdiccionales que van interpretando, y de alguna manera, dando forma propia a esta nueva herramienta.

Ahora bien, en forma previa a iniciar el estudio de la nueva jurisprudencia, resulta necesario conocer ciertas nociones básicas que conforman el instituto.

Los propios codificadores señalaron que “el Anteproyecto recepta una figura que tiene aceptación en varias legislaciones del derecho comparado y que es coherente con el régimen incausado de divorcio; en efecto, con fundamento en el principio de la solidaridad familiar y que el matrimonio no sea causa fuente de enriquecimiento o empobrecimiento económico del cónyuge a costa del otro, se prevé la posibilidad de que, para aminorar un desequilibrio manifiesto los cónyuges acuerden o el juez establezca compensaciones económicas.” (16) Como puede observarse, el motivo de la introducción de la compensación económica en el derecho argentino se halla en concordancia con la incorporación de un sistema de divorcio incausado y encuentra su fundamento el principio de la solidaridad familiar y la equidad.

Como también exponen los codificadores, se trata de un instituto que se haya receptado desde ya hace varios años en diferentes legislaciones europeas (17) y latinoamericanas. (18) Sin embargo, debe señalarse que la forma de la compensación económica regulada por el derecho argentino tiene sus propias características y se diferencia de las fuentes señaladas, por lo cual, no siempre se podrán tomar las interpretaciones realizadas por los tribunales extranjeros para fundamentar una petición en el ámbito nacional. En este sentido, y frente a lo incipiente de las interpretaciones jurisprudenciales nacionales, es común que se observe lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia Español, por ser el art. 97 del Código Civil Español la principal fuente de inspiración de la figura.

No obstante ello, y como bien señala Molina de Juan, debe tenerse en cuenta que existen ciertas diferencias entre la regulación española y la nacional: así, se puede destacar que en el caso español la pensión no sólo funciona para el caso de divorcio, sino también en la separación personal, figura que ya no se conserva en nuestro derecho. (19) Por otra parte, la pensión compensatoria española sólo se aplica a las personas que estuvieron unidos en matrimonio no así a las uniones convivenciales, en cambio, en lo que se puede considerar un avance respecto de ampliación de derechos por parte de nuestra legislación, el Código Civil y Comercial establece la posibilidad de fijar una compensación en caso de separación de una unión convivencial (art. 524 CCyC).

También exige cuidado el análisis comparativo con la compensación económica regulada por la Ley Chilena, puesto que aquella tiene como principal objetivo la reparación del perjuicio sufrido por quien se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, y que por tanto no pudo desarrollar tarea remunerada (art. 61 NLMC), (20) lo cual en nuestra legislación sólo resulta ser una de las posibilidades que otorgan derecho a reclamar una compensación, pero además se han contemplado otras situaciones generadoras de un desequilibrio económico.

La compensación económica ha sido definida por Medina como “la cantidad periódica o prestación única que un cónyuge o conviviente debe satisfacer a otro tras el divorcio o la finalización de la convivencia, para compensar el desequilibrio padecido por un cónyuge o conviviente (el acreedor), en relación al otro cónyuge o conviviente (el deudor), como consecuencia directa del divorcio o finalización de la convivencia, que implique un empeoramiento en relación con su anterior situación en el matrimonio o la convivencia.” (21)

Esta definición resulta una excelente síntesis de los elementos y caracteres que constituyen la nueva figura. Por ello, siguiendo la misma, podremos observar:

1.- Que se trata de un instituto previsto tanto como efecto del divorcio, es decir, del cese de la unión matrimonial (arts. 441 y 442 del CCyC), de la nulidad de matrimonio (art.428 CCyC), y del cese de las uniones convivenciales (arts.524 CCyC).

En este sentido se ha dicho que son presupuestos formales del derecho a percibir una compensación económica: la preexistencia de una relación de pareja matrimonial o convivencial; la sentencia de divorcio, nulidad de matrimonio o el cese de la unión convivencial; y la vigencia del plazo legal para su petición. (22)

2.- Que tiene por objeto compensar el desequilibrio económico que causa un empeoramiento de la situación de uno de los miembros de la pareja matrimonial o conviviente, y que encuentra su causa en el divorcio, nulidad de matrimonio o cese de la unión convivencial.

Entonces, entre los elementos constitutivos del instituto se hallan: a) la existencia de un desequilibrio económico; b) la configuración de un empeoramiento en la situación económica de quien la reclama; y c) un nexo causal, entre el divorcio, nulidad o cese de la convivencia y el desequilibrio y menoscabo.

En este sentido, Solari define la compensación económica como “la institución mediante la cual el cónyuge o conviviente que ha sufrido un desequilibrio durante el matrimonio o la unión convivencial , tiene derecho a exigir al otro una compensación económica por el empeoramiento padecido, al momento del divorcio o el cese de la convivencia.” (23)

Siguiendo lo dicho por el Tribunal Supremo Español, el desequilibrio económico implica “un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio, que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno antes y después de la ruptura”. (24) A ello, Mizrahi agrega que el desequilibro que puede generar una compensación es aquél que resulte manifiesto, es decir, de cierta envergadura o importancia, y puede surgir en dos variantes: Una como desequilibrio específicamente patrimonial (esto es, en los bienes que han sido atribuidos a uno y otro de los cónyuges o convivientes). En otra, como desequilibrio en materia de ingresos (por ejemplo, uno de los integrantes de la pareja ha podido capacitarse y por ende obtener buenos ingresos, mientras que el otro resignó la posibilidad de capacitación o ejercicio profesional e el interés familiar). (25)

En síntesis, la situación económica entre los cónyuges o convivientes debe aparecer como claramente desbalanceada, y ello, como consecuencia directa del divorcio, nulidad de matrimonio o cese de la unión convivencial. (26)

Por su parte, el empeoramiento en la situación de quien reclama la compensación (acreedor) consiste en “un menoscabo económico producido por el retiro del estatuto protector del matrimonio derivado del divorcio (o nulidad)”. (27) Es decir, se requiere que el desequilibrio producido por el cese de la unión matrimonial o convivencial, sea además, perjudicial para un cónyuge respecto del otro, de tal forma que constituya un empeoramiento en su situación. Por ello, se sostuvo que “será necesario efectuar una doble evaluación: que efectivamente se presenta un desequilibrio y que el mismo implique un empeoramiento de un cónyuge respecto de otro. Porque habitualmente el divorcio –en sí mismo- puede generar una situación de desequilibrio económico con relación al nivel de vida que se gozaba durante el matrimonio. El elemento determinante es que se presente un desequilibrio entre los cónyuges.” (28)

Por último, debe existir un nexo causal probado entre la forma en que se organizó oportunamente la vida familiar y el desajuste o desequilibrio que el divorcio o cese de la unión provocan. Es decir, entraña que el matrimonio haya restado posibilidades de desarrollo económico a uno de los miembros de la pareja a raíz de la distribución de roles y funciones con motivo de la unión, y que además, en razón de la ruptura haya sufrido el desequilibrio que requiere la norma. (29)

Este presupuesto debe ser observado en forma puramente objetiva, es decir, no interesa la causa de la ruptura ni tampoco si el beneficiario estuvo plenamente de acuerdo con la planificación familiar. (30)

A su turno los artículos 442 y 525 del Código Civil y Comercial enumeran una serie de pautas que -siguiendo la doctrina actual- cumplen una doble función: Por un lado, funcionan como guía para el juez a efectos de decidir sobre la existencia de un desequilibrio manifiesto y causado. Y por el otro, sirven para la determinación del contenido de la prestación. (31)

Entre las pautas señaladas por las normas encontramos: 1) la evaluación del estado patrimonial de cada uno al inicio y finalización de la vida en común; 2) la observancia de la dedicación que cada uno de los miembros de los pareja brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, y la que debe prestar con posterioridad a la ruptura; 3) la edad y estado de salud de las partes y de los hijos; 4) La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo; 5) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro; 6) lo resuelto respecto de la atribución de la vivienda familiar, y en su caso, si se ha fijado un canon locativo.

Respecto de estas pautas hay que decir que son una guía meramente enunciativa (no taxativa), que sirven al magistrado para la evaluación de la existencia de desequilibrio y la fijación de la compensación. Pueden a su vez, presentarse otras situaciones que requieran la atención del juez: así por ejemplo, podrá solicitarse que se tenga en cuenta la situación respecto de los beneficios sociales, ello por cuanto, la distribución de roles puede haber determinado que uno de los miembros de la pareja no desarrollara actividad remunerada en pos de dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos, lo cual ha de determinar que carezca del beneficio de una jubilación. (32)

Ahora bien, habiéndose realizado un sintético estudio de los principales caracteres de la nueva figura incorporada por el Código Civil y Comercial de la Nación, procederemos a observar los primeros fallos que se han ido dictando en la justicia nacional, tanto como una forma de profundizar este analisis, como también con el objeto de acercarnos a las connotaciones propias que va adquiriendo el instituto a partir de la evaluación e interpretación de la jurisprudencia.

Como hemos dicho, la compensación económica que se ha introducido a nuestra legislación, reconoce sus fuentes en el derecho comparado. No obstante lo cual, presente ciertas características que la diferencian, por ello, resulta fundamental conocer la interpretación que realizan los tribunales nacionales como una forma de análisis de la construcción del modelo local de esta nueva institución.

II.- JURISPRUDENCIA: Primeros antecedentes jurisprudenciales.

1.- Sobre las Pautas y Modalidad de Pago


El primer fallo del que se tomó conocimiento en el ámbito nacional fue el dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, de fecha 25 de octubre del año 2016. (33) Dicha sentencia no solo reviste la importancia de haber sido la primera en tratar el tema de la compensación económica, sino que además sirve para completar el análisis que se viene realizando, puesto que se trata de un caso de los que podría considerarse “típicos” para la fijación de una compensación, puesto que reúne varios de los elementos que suelen tenerse en cuenta para su otorgamiento.

Los hechos del caso consistieron en que ante la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la Sra. G (quien se encontraba tramitando un proceso para la fijación de alimentos en su beneficio en los términos del art. 207 del Código Civil), interpone un pedido de una compensación económica. Dicho requerimiento es atendido por el juez de primera instancia por entender que el cese de la convivencia había ocasionado a la Sra. G. un “abrupto descenso en su nivel de vida, juzgando equitativo fijar en su favor una compensación económica de renta mensual, sin fijación de plazo, y con efecto retroactivo al día de la presentación de la demanda.

Ante esta forma de resolver, el demandado interpone recurso de apelación y funda sus agravios en considerar que la Sra. G. no había sufrido un desequilibrio manifiesto de su patrimonio ya que la misma tenía empleo, y que en la distribución de los bienes se le habían adjudicado el 100% de la vivienda familiar y un terreno lateral, además del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires que se procedería a la venta. A su vez se agravia en considerar que no correspondía la retroactividad de la sentencia a la fecha de inicio de la demanda.

En este estado, la Alzada comienza por realizar un análisis de la nueva figura de la compensación económica, destacando que dicho instituto se estructura sobre la idea de equidad como un principio general del derecho y, citando a Herrera señala que “constituye una valiosa herramienta proactiva para lograr una mayor igualdad real, no solo formal, como pretende el Código en todo su articulado, tomándose como eje la protección al más vulnerable o débil. La recepción de esta figura contribuye a que el cónyuge que sufrió un menoscabo económico pueda lograr su independencia económica hacia el futuro, evitando recurrir al pago de alimentos para poder rehacer su vida.” (34)

El magistrado preopinante, Dr. Guardiola, ante lo novedoso del instituto fija su postura respecto del mismo diciendo que “la compensación económica es una figura que se incorpora al texto civil y comercial en total consonancia con el régimen de divorcio incausado. A ninguna de las dos figuras legales (compensación y divorcio) les interesa la culpa o inocencia de los cónyuges sino el acaecimiento de ciertas circunstancias que producen un desequilibrio económico que un cónyuge o conviviente debe compensar al otro.”

Luego, la alzada realiza un análisis de las pautas que el art. 442 del CCyC enumera a los fines de determinar la procedencia de la petición, y así considera que “se configura la existencia de un desequilibrio que debe ser compensado”. Para ello destaca que de las pruebas producidas surge que el matrimonio de las partes se trató de una unión que se extendió aproximadamente por treinta años, habiéndose casado ambos muy jóvenes y siendo aún estudiantes. Tuvieron tres hijos, y por condiciones objetivas y de dinámica familiar (nacimiento de los hijos al poco tiempo de casarse, personalidad, actividad y exigencias del recurrente, mudanzas de la familia, etc.) la Sra. G. sufrió aplazamientos y dificultades para su formación y desempeño profesional. En cuanto a esto último, la sentencia destaca las manifestaciones de los propios hijos del matrimonio quienes dijeron: “sólo trabajaba él. Él mantenía la familia con su profesión de médico, mi mamá no trabajaba.” y “Mi mamá, se recibió de profesora de geografía, estudió de grande.”.

Por su parte, se pudo tener por probado que el recurrente ejercía su profesión de médico en diferentes clínicas y hospitales, mientras que la Sra. G. se desempeñaba como docente.
Además el tribunal tomo en consideración que las partes habían suscripto un convenio sobre partición de bienes donde la Sra. G. había recibido parte de los mismos.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, y observando que la posible reinserción laboral de la Sra. G. se encontraba condicionada por su edad y capacitación anterior, al igual que el tiempo para obtener un beneficio jubilatorio, y atendiendo a los recursos y disponibilidades que poseía el demandado, así como las circunstancias personales de las partes, se resuelve mantener la fijación de la compensación económica determinada en primera instancia, aunque la Cámara decide reducir el monto de la misma a la suma de $150.000 pagadero en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

Como se refirió al inicio, el magistrado de la instancia anterior había resuelto fijar una compensación económica equivalente al 20% del total de ingresos del demandado sin fijar un plazo determinado. En cuanto a ello, la Cámara de Apelaciones observó que no se verificaba en el caso una situación de desequilibrio perpetuo, que justificara una renta periódica (mensual) por tiempo indeterminado que como forma excepcional de compensación el nuevo ordenamiento posibilita. Siguiendo a Medina, la alzada señaló que “como la autora razona ello está previsto para cuando esas repercusiones de la convivencia y su ruptura en la particular posición de quien sufrió el detrimento, aniquilan cualquier expectativa de abrirse camino económicamente en forma independiente, quedando sumidas en una situación totalmente desfavorable de no ver reconocida con carácter indefinido una compensación por sus renuncias.”.

Esta cuestión se refiere a las modalidades que puede adquirir el pago de las compensaciones económicas.

Y en este tema, hallamos unas de las diferencias que el legislador dispuso entre la regulación de la compensación económica como efecto del cese del matrimonio de la regulada para las uniones convivenciales.

De conformidad con el art. 441 del CCyC en el matrimonio se dan tres opciones para el pago de la compensación económica: la prestación única; una renta por tiempo determinado; y una renta por plazo indeterminado. Debe tenerse en cuenta, que la propia norma establece el carácter excepcional de la fijación de una compensación por tiempo indeterminado.

Este carácter excepcional se vincula directamente con la finalidad de la nueva figura, por cuanto la misma tiene por objeto lograr reequilibrar a las partes para que cada una pueda continuar desarrollando su vida en forma autónoma. Es decir, en principio, la compensación económica constituye una herramienta para que una vez ocurrido el divorcio o separación de la unión convivencial, se posibilite a aquel que se ha visto perjudicado por dicha circunstancia contar con una suma para su restablecimiento en forma independiente, y ello en general requerirá de un tiempo determinado y que debe ser evaluado en forma prudente por el juez. Así se ha dicho que la fijación de una pensión temporal o por tiempo determinado ha de fijarse cuando conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, es decir, cuando con ello se cumpla la función reequilibradora de la pensión. (35)

Sin embargo, puede ocurrir que por determinadas condiciones (edad madura, falta de calificación profesional e imposibilidad de iniciar una carrera, la dificultad de acceder a un empleo, etc.) se imponga la necesidad de fijar una renta vitalicia. En este sentido se sostiene que el carácter indefinido en el tiempo responde directamente a las condiciones personales del acreedor, cuya valoración permite presumir que ya no será posible superar o corregir el desequilibrio. (36)

Por su parte, el art. 524 del CCyC establece que en los casos de cese de la unión convivencial sólo existen dos posibilidades sobre la forma de pago de la compensación económica: Prestación única o una renta por tiempo determinado que no puede exceder la duración que tuvo la unión convivencial.

Más allá de esta importante diferencia, no debe olvidarse que dichas disposiciones resultan ser supletorias de cualquier acuerdo o convenio que las partes pudieran celebrar (por ejemplo: podrían acordar una compensación económica por tiempo indeterminado a pesar que haber constituido una unión convivencial). Sólo a falta de acuerdo será el magistrado quien determine la forma y modo de pago de la compensación.

Un punto también interesante de la sentencia resulta el análisis sobre la retroactividad de los intereses a la fecha de interposición de la demanda, por cuanto la alzada con un muy buen criterio y diferenciando la nueva figura de la de los alimentos, deja sin efecto la retroactividad fijada por el magistrado de la primera instancia.

Como se dijo en un principio, el juez de primera instancia había hecho lugar al pedido de compensación económica con “efecto retroactivo al día de presentación de la demanda.”. Frente a esta forma de resolver, el Dr. Guardiola señala expresamente que “Menos admisible resulta que se hubieran hecho correr incluso con intereses como si se trataran de alimentos devengados durante el proceso, cuando se tratan como dije de institutos distintos.”. En virtud de ello, la Cámara resuelve la aplicación de intereses en caso de mora del pago de las cuotas fijadas a partir de lo resuelto por la misma.

Otra sentencia interesante resulta ser la dictada por un Juzgado de Familia de Pazos de los Libres (Corrientes) en fecha 06/07/17. (37)

En el caso, el magistrado analiza expresamente los roles que los miembros de la pareja habían asumido durante el matrimonio. Se destaca que en los hechos “el proyecto de vida en común a lo largo de 22 años, se ha desarrollado en su mayor proporción, posicionándose los miembros de la pareja en diferentes roles, ocupando el esposo el rol de proveedor y encargándose la esposa de la organización del hogar y crianza de las hijas en común.”.

Introduciéndose en el análisis de las pautas para determinar la existencia o no de desequilibrio económico, el juez destaca que “se concluye que el ex cónyuge, no sólo se encuentra activo en el mercado laboral, sino que además posee un sólido ingreso económico, respaldado por la experiencia y desarrollo curricular de 30 años de trabajo y antigüedad a los efector previsionales; contrariamente, la Sra. L. contrajo matrimonio con 23 años de edad y a lo largo de la vida en común, con la salvedad del empleo que mantuvo al principio de la unión, brindó dedicación a la familia y crianza de sus hijas, decisión autónoma, pero que no quita que al tiempo en que se produce la ruptura matrimonial, la mujer queda en una situación laboral muy comprometida, situación que de manera expresa o tácita fue consentida por el Sr. L.”..

Completando una evaluación realista de la dinámica familiar, el sentenciante señala que “el desequilibrio patrimonial de la esposa se ha ido consolidando a lo largo del matrimonio, el cual durante la vida en común se mantuvo compensado, pero que al quiebre y finalización del matrimonio, se pone en evidencia, ya que el esfuerzo aportado en la crianza de sus hijas y la organización del hogar fueron en detrimento de su independencia individual.”. En base a dicha argumentación, resuelve fijar una compensación económica, la que determina sobre la base del Salario Mínimo Vital y Móvil multiplicado por los años que le restan a la Sra. L. de vida laboral, y sobre dicha suma aplica un 10% del total arribado.

Esta forma de resolver resulta valiosa en relación al examen que se realiza sobre las pautas subjetivas y la dinámica familiar para determinar la existencia de un desequilibrio económico que resulta ser compensado. También constituye un antecedente interesante respecto de la forma de cuantificar el monto de la compensación a pagar, puesto que dicho extremo suele ser de los más dificultosos a la hora de resolver puesto que no existen pautas fijas y determinadas.

En el caso, la peticionante había solicitado se fijara la compensación tomando como base el Salario Mínimo Vital y Móvil multiplicado por 12 meses, y esa suma, multiplicada a su vez por la cantidad de años que había durado el matrimonio. Con buen criterio, el magistrado señaló que la compensación económica no constituye una indemnización por perdida de chance (lo que autorizaría a observar hacia el pasado la oportunidad perdida), daños y perjuicios, ni alimentos, por lo cual decide observar –a criterio del judicante- lo que resultaría necesario a futuro para compensar el desequilibrio económico, y en virtud de ello, toma en cuenta los años laborales que le restan a la peticionante, como una forma de tomar una pauta razonable.

Sin embargo, esta forma de cuantificación ha sido criticada con justeza indicando que si bien el fallo tiene el mérito de intentar proporcionar una justificación a la decisión, no logra su cometido por cuanto: 1) no da las razones por las cuales computa como límite la edad jubilatoria y no la expectativa de vida, solución que resultaría más razonable, por cuanto el desequilibrio difícilmente se subsane al alcanzar la edad jubilatoria. 2) No explica porque toma como índice de corrección del desequilibrio el 10% de la suma que arroja la multiplicación del salario por los períodos de vida laboral. (38)

También en cuanto a la evaluación judicial de las pautas que establecen los arts. 442 y 525 del Código Civil y Comercial, se puede destacar una sentencia dictada por la Dra. Famá, que inicia dicho análisis destacando la implementación de una interpretación con perspectiva de género.

Así, en el caso resuelto por el Juzgado Civil Nacional N°92 (39) se señala que “la pretensión de compensación económica debe admitirse, pues de las pruebas de autos se deduce que la división de roles entre los cónyuges, basada en estereotipos de género, encuentra causa adecuada en el matrimonio y provoca que, tras su ruptura, la posición económica de la mujer sea claramente inferior a la del hombre, y su capacitación laboral y posibilidad de acceso al empleo resulte escasa; máxime teniendo en cuenta su edad y el hecho de que su título profesional fue expedido en el extranjero y no tiene reconocimiento en nuestro país.”.

En este sentido resulta importante destacar el análisis con perspectiva de género que se ha comenzado a implementar en diversos reclamos de índole patrimonial cuando cesa la unión, ello se debe, a que aún persisten en un número importante, matrimonios o uniones donde la organización familiar se estructura mediante la asignación de roles estereotipados de género, siendo comúnmente el hombre quien cumple la función de proveedor mientras que se reserva a la mujer las funciones de cuidado de los hijos y tareas del hogar (aunque sea en forma parcial). Esta situación lleva a que comúnmente, la realidad de la economía familiar que se hallaba compensada y en armonía durante la vigencia de la unión, aparezca mostrando el desequilibrio en todo su esplendor una vez que se produce el cese.

Por ello, es fundamental la evaluación con perspectiva de género en el ámbito patrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales, puesto que sólo partiendo de dicha mirada podrán adoptarse las medidas más adecuadas y justas para quien resulte ser el consorte más débil. En este sentido, la Dra. Famá en el fallo en estudio expresa que “esta corrección no resulta ajena –claro está- a la perspectiva de género que el legislador ponderó en sendas disposiciones del Cód. Civil y Comercial de la Nación, pues la realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo a competir en el mercado laboral. En este sentido, la figura integraría una medida de acción positiva en los términos previstos por el art.3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.”.

En el caso, como consecuencia de tal especial evaluación y tratándose de un matrimonio que se había desarrollado durante más de veinte años conformado por una profesora de gimnasia y un empresario, quienes a decir de la sentenciante “sostuvieron un proyecto familiar sobre la base de una división de roles tradicional por la cual el hombre generaba los ingresos que le permitieron al matrimonio vivir con holgura y la mujer se dedicaba a las tareas domésticas y al cuidado del hijo propio y los hijos afines”, se tiene por acreditado el desequilibrio y se resuelve fijar una compensación económica de pago único de $800.000.-

2.- De la Caducidad de la Acción

La caducidad de la acción para reclamar una compensación económica ha sido el tema que mayor cantidad de resoluciones judiciales ha generado.

Así se ha debido analizar, interpretar y resolver respecto del momento en que ha de tomarse como de inicio del plazo de caducidad, si dicho plazo puede ser suspendido o interrumpido, así como si dicho instituto puede ser resuelto de oficio o sólo a petición de parte interesada.

El artículo 442 del Código Civil y Comercial al referirse a la compensación económica como efecto del cese matrimonial dispone que “La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.”. Por su parte, el art.525 del CCyC hace lo propio en relación a la compensación como efecto del cese de las uniones convivenciales, y así establece que la acción para solicitar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la unión convivencial, que de conformidad con el art. 523 del CCyC ocurre por: la muerte de uno de los convivientes, por matrimonio o nueva convivencia de uno de sus miembros, por el matrimonio de los convivientes, por mutuo acuerdo, por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro, por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes; o por el cese de la convivencia mantenida.

En síntesis, el plazo de la caducidad de la acción para reclamar la compensación económica como efecto del divorcio se computa –como se analizará más adelante- desde que se encuentre firme la sentencia de divorcio. En cambio, el plazo de la caducidad de la acción para peticionar una compensación como consecuencia del cese de la unión convivencial se contará desde que se produjo el cese de la unión. En ese sentido, la diferencia es sustancial, por cuanto las causas del cese de la unión consisten en meras circunstancias fácticas que por tanto requerirán ser una cuestión sometida a prueba. (40)

El establecimiento de un plazo de caducidad para el reclamo de la compensación económica ha sido fundamentado en la propia finalidad de la figura. Esto es, que tratándose de una herramienta legal destinada a compensar el desequilibrio patrimonial que perjudica a un cónyuge respecto del otro, resulta lógico que su fijación deba ser peticionada en un lapso de tiempo cercano a la circunstancia generadora de tal desequilibrio, a los fines que no se consolide el mismo. Pero además, se ha destacado que responde al principio de concentración de los efectos del divorcio en la época de la sentencia, coherente con la posición pacificadora ante los conflictos familiares. (41)

Esta postura adoptada por los codificadores se vincula con un principio propio del derecho anglosajón, denominado clean break frente al divorcio: ante la realidad del quiebre matrimonial, se regula una disolución tajante, que haga cesar definitivamente las relaciones de los ex cónyuges después de la sentencia. (42)

a.- Sobre el comienzo del cómputo del plazo de la caducidad.

Una de las primeras cuestiones que se ha planteado ha sido el momento a partir de cual debe comenzar a computarse el plazo de caducidad para reclamar la compensación económica como efecto del cese matrimonial. Ello, por cuanto se observó que el art. 442 del CCyC disponía que dicho plazo deba computarse “desde el dictado de la sentencia de divorcio”.

Esta fórmula, de por si poco feliz, dio lugar a que algunos interpretaran que el plazo de caducidad comenzaba a regir desde la fecha en que se dictó la sentencia de divorcio, y no así desde que la misma adquiere firmeza. En este sentido, en una resolución que no compartimos, se resolvió rechazar un pedido de compensación económica por entender que había transcurrido el plazo de caducidad fijado por la ley, por haberse agotado los seis meses desde la fecha de “dictado” de la sentencia.

Se dijo que “el plazo de caducidad de la pretensión de compensación económica debe computarse desde el dictado de la sentencia de divorcio y no desde su notificación o desde que aquella adquiera firmeza; pues es aplicable el principio general en materia de interpretación jurídica que establece que, donde la ley no distingue, los jueces no deben distinguir.” (43)

En forma contraria, la Sala III de la Cámara 1era. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro se expidió sosteniendo que el plazo de caducidad de la acción debe computarse desde que la sentencia de divorcio adquirió firmeza. Sostuvo que “La sentencia carece, en principio, de efectos hasta que el pronunciamiento no logra la estabilidad propia de la cosa juzgada; que, como elemento fundamental del derecho procesal, es una característica indispensable de la jurisdicción, un efecto necesario del proceso, o la consecuencia necesaria del derecho a la tutela judicial (Jordi Nieva Fenoll, “La cosa Juzgada”, pág. 126, notas n° 536 –Lourido Rico, “La cosa juzgada”, cit. P. 25-; n° 537 –Fazzalari, Istituzioni, cit. P. 471-; n° 538 –Guasp Delgado, Derecho procesal Civil, cit. P. 556-; n° 539 –Rosenberg; Schwab; Gottwald, Zivilprozessrecht, (2004) cit. P. 1055-) (…) Así, el precepto establecido en la ley de fondo no puede sustraerse de las reglas propias del debido proceso, por lo que si en el proceso judicial la declaración del divorcio carece de efectos hasta su firmeza, resulta palmario que el efecto previsto por el art. 442 in fine del C.c. y C. –comienzo del cómputo del plazo para interponer la acción de compensación- no puede producirse antes que la decisión judicial alcance el status de cosa juzgada (doct. arts. 17, 18 y 19 de la C.N. En este sentido, causa SI-43388-2015 caratulada: “O., L. F. c/ Y., M. E. s/ acción de compensación económica” del 12/5/2016, r.i. n° 187/2016 de la Sala III).”. (44)

Esta es la postura que prevalece en la doctrina (45) y jurisprudencia, (46) por cuanto se sostiene que es sabido que una sentencia, como tal, para que comporte un acto jurisdiccional con efectos jurídicos completos, requiere necesariamente que se encuentre firme, con autoridad de cosa juzgada, o sea, que estemos ante una situación jurídica agotada o consumida. (47) Mizrahi lo sintetiza diciendo que “en otros términos, no hay verdaderamente un divorcio sin un fallo firme que lo haya decretado y, entonces, mal puede comenzar a correr un plazo de caducidad si aún no está disuelto el vínculo matrimonial.”. (48)

A su vez se funda dicha postura en que de lo contrario se estaría afectando el derecho de defensa (art.18 CN), por cuanto una sentencia que aún no se encuentra notificada al interesado ni firme, mal podría generar efectos más allá de los que las normas procesales les atribuye. Y ello en virtud de que la notificación de la sentencia es el acto procesal por el cual se asegura que el interesado tome conocimiento de una resolución, lo cual es fundamental para la seguridad jurídica.

Ahora bien, en relación al cómputo del plazo ante el cese de las uniones convivenciales, como ya adelantáramos, puede generar mayores dificultades, puesto que la determinación del momento a partir del cual debe comenzar a contarse el plazo de seis meses, en general dependerá de una situación que requerirá de prueba. Es decir, deberá acreditarse el día del cese de la unión.

Así se ha rechazado una solicitud de compensación económica por haber transcurrido los seis meses del plazo de caducidad. Para ello el magistrado tomó en cuenta las manifestaciones de las propias partes así como las constancias de un expediente anterior conexo del que surgía que el cese de la unión había ocurrido con bastante anterioridad al plazo máximo prescripto por la ley para iniciar el reclamo.

Se dijo que “En este lineamiento, cabe señalar que la finalización de la convivencia de las partes tuvo lugar en el mes de junio/julio del año 2014, conforme lo manifestado por las mismas en las presentaciones efectuadas y constancias del Expte. N° xxxx/2014 del registro de este juzgado.” En consecuencia, se resolvió que “El plazo para peticionar la compensación económica derivada de la ruptura de una unión convivencial se encuentra perimido, pues transcurrió el plazo de seis meses establecido en el art. 525 del Cód. Civil y Comercial desde el cese de la convivencia.” (49)

Lo interesante de este antecedente, es el análisis realizado por el magistrado a los fines de determinar la fecha en que se produjo el cese de la unión, que como dijéramos, requiere de prueba, la cual en el caso resultó de la existencia de una causa anterior conexa.

Sin embargo, la cuestión de la fecha de inicio del plazo puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Así, puede destacarse otro caso (50) en el cual precisamente se controvierte la fecha de separación, por cuanto la misma ocurrió en un contexto de violencia de género.

Los hechos consistieron en la petición de compensación económica realizada por una ex conviviente luego de haber tramitado un expediente de protección por la violencia familiar.

Ante dicha solicitud, el requerido opone una excepción de falta de legitimación por considerar que operó la caducidad de la acción.

Corrido traslado de la excepción a la actora, esta expresa que de las constancias del trámite sobre violencia surge que debió retirarse de la sede la unión convivencial debido a los malos tratos recibidos, por lo cual solicita se tenga en cuenta “que una separación en una situación de violencia no es lo mismo que una normal, ya que su parte carecía de medios y elementos para efectuar antes su reclamo, además que todas sus pertenencias e incluso documentación presentada en autos debió ser nuevamente solicitada ya que el demandado no le entregó en forma voluntaria sus efectos personales ni documentación.”

Sin perjuicio de ello, la magistrada de primera instancia hace lugar a la excepción opuesta y resuelve que la acción se hallaba caduca por considerar que el plazo para el reclamo de la compensación económica había comenzado en la fecha en que se inició el proceso protectorio. Desde una interpretación formal el magistrado sostuvo que “cabe destacar que la norma no distingue si el cese de la convivencia ha sido de común acuerdo o provocado por situaciones de violencia (…)”.

Apelada dicha resolución, la alzada revoca el decisorio y hace lugar a la petición de compensación económica.

Fundó la revocación en que “el cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio de la acción tendiente a reclamar una compensación económica por cese de la unión convivencial no puede iniciar en la fecha en que la actora se retiró del hogar familiar, pues se retiró como consecuencia de un episodio de violencia, en un estado de confusión y vulnerabilidad, a fin de proteger su propia integridad psicofísica y la de su hija; por lo que su conducta no respondió a una decisión personal profunda y meditada sobre el cese de la convivencia.” agregando una mirada desde los derechos humanos al referir que “las disposiciones del Código Civil y Comercial en materia de caducidad deben interpretarse, en un dialogo de fuentes, que no puede desprenderse de las directivas dadas en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (…)”. (51)

El análisis realizado por la Cámara desde una perspectiva de género resulta de por más valioso, y entiendo es la manda que todo operador judicial debe seguir tanto en las cuestiones de índole personal como patrimonial, (52) por cuanto sólo a través de dicha mirada podrá resolverse en forma razonable las cuestiones sometidas a la jurisdicción. Obsérvese que en los casos como el comentado, mal podría exigirse a la parte víctima de una situación de violencia que en el breve plazo de seis meses que otorga la ley, inicie un reclamo de compensación económica. Téngase en cuenta, que como bien se describe en el fallo, la situación de vulnerabilidad y de falta de recursos (tanto económicos como personales y anímicos) constituyen una barrera para la victima que debe ser observada por el sistema judicial a los fines de evitar sumar a la violencia sufrida, además violencia institucional.

En el propio fallo se destaca lo inconveniente de la brevedad del plazo por no tomar en cuenta las diversas situaciones que se pueden presentar observadas desde una perspectiva de género. Así, los magistrados advierten que no se ha valorado desde una perspectiva de género cuál es la situación de las mujeres en relaciones afectivas con distribuciones de roles estereotipados. Y por ello, resuelven que “desde esta perspectiva, dada la especial situación de violencia que se deriva de los hechos denunciados, la inestabilidad del grupo familiar en esos momentos y el estado de vulnerabilidad que atravesaba en dicha ocasión la peticionante, concluimos que el cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio de la acción no pudo iniciar el mismo 06/02/2017”.

b.- Forma de resolver la caducidad: ¿De oficio o a pedido de parte?

La Cámara de Apelaciones de Neuquén debió expedirse en relación a si la caducidad de la acción por la cual se reclama una compensación económica puede ser resuelta de oficio por el magistrado que entiende en la causa, o si bien, sólo puede resolverse a petición de parte interesada.

En el caso, el juez de primera instancia resolvió rechazar de oficio la petición de compensación económica ante la sola presentación de la demanda.

Apelada dicha resolución la alzada señaló que “(…) la declaración de oficio de la caducidad del derecho depende así de dos presupuestos interdependientes, por un lado, requiere de que se trate de una caducidad de origen legal y no convencional, y, por otro, que se refiera o aprehenda derechos indisponibles, esto es, derechos materiales sustraídos del ámbito de la autonomía de las partes y por tanto también procesalmente indisponibles (…)”. Así, a los fines de fundamentar el rechazo a la posibilidad de resolver la caducidad de oficio recurre a la jurisprudencia española en la materia, diciendo que “(…)Si bien ninguna duda cabe que en el supuesto del derecho a la compensación económica nos hallamos en presencia de una caducidad de origen legal por oposición a una convencional, en cualquiera de los regímenes antes vistos el derecho a la compensación en nuestro ordenamiento no es materia sustraída a la disponibilidad de las partes, como, sobre similares bases se ha reconocido por el Tribunal Supremo Español y por diversas Audiencias Provinciales, por cuanto, como se ha expresado "está basada en un interés privado, y por ello es renunciable, transaccionable y convencionalmente condicionable y limitable en el tiempo", como expresa la sentencia del STS del 21 de noviembre de 2008 que reproduce la doctrina del mismo Tribunal sentada el 02/12/1987 (citada en la nota 5 de este trabajo).” (53)

En virtud de lo expuesto, la Cámara hace lugar a la apelación interpuesta, y resuelve que los autos vuelvan a primera instancia para continuar con el trámite de la compensación económica peticionada.

En igual sentido se expidió la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá, (54) en un caso en el cual el extremo en análisis no fue objeto de apelación, no obstante lo cual la alzada observó que “no se nos escapa que la caducidad de los derechos sólo puede declararse de oficio cuando aquélla esté impuesta por la ley y se trate de derechos indisponibles (art. 2570, Cód. Civil y Comercial). En el caso se trata, evidentemente de derechos disponibles, por cuanto se hallan sujetos al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes que impregna el paradigma de la nueva legislación en la materia.”.

Esta es la línea que se ha destacado desde la doctrina. Así, Kielmanovich nos dice que “En el supuesto del derecho a la compensación económica nos hallamos en presencia de una caducidad de origen legal por oposición a una convencional; y nuestro ordenamiento no es materia sustraía a la disponibilidad de las partes, razón por la cual consideramos que el juez no puede rechazar “in límine litis” o “ex officio” una pretensión de compensación sobre la base de la caducidad de una reclamación de tal naturaleza.”. (55)

c.- El plazo de caducidad ¿se puede interrumpir o suspender?

Confundiendo los institutos de la caducidad y la prescripción se han planteado en la justicia cuestiones relativas a la suspensión o interrupción del plazo de la caducidad frente al reclamo de una compensación económica.

En este sentido, debió expedirse la Sala J, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil ante una apelación que fundaba sus agravios en el hecho de que el plazo de la caducidad se había interrumpido por la mediación previa.

En el caso, (56) presentado el reclamo de compensación económica, la jueza de primera instancia rechaza “in limine” dicho planteo por entender que la acción había caducado. Ante este decisorio, la actora interpone recurso de apelación fundando sus agravios en que “se había realizado mediación previa en forma privada, por lo que solicita que se tomen en cuenta los días que se suspende la prescripción” teniendo en cuenta que la fecha de cierre de la audiencia de la mediación referida.

Frente a dicho planteo, la Cámara con buen criterio realiza la distinción necesaria diciendo “en lo relativo a la realización de la mediación y sus efectos, cabe destacar lo dispuesto por el art. 2542 del Cód. Civil y Comercial, en tanto expresa que interrumpe el curso de la prescripción, mas no hace referencia alguna en tal sentido a los plazos de caducidad.” Y agrega que “por el contrario, la nueva legislación de fondo zanja con claridad la diferencia entre ambos institutos. Así, de la letra del art.2.566 surge que la caducidad extingue el derecho no ejercido, el art. 2567 que los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, excepto disposición legal en contrario (…)”.

Es decir, la alzada analiza en profundidad las diferencias entre los institutos de la prescripción y la caducidad, que fueron confundidos por la apelante.

Y esta distinción es la que debe tenerse en cuenta a efectos de observar que salvo disposición legal en contrario, el plazo de la caducidad no se interrumpe ni se suspende. Su plazo, es el lapso de tiempo legal que corre desde que el derecho se puede ejercer hasta el momento en que se ha expirado el plazo que tenía la persona para ejercer tal derecho. Ello responde, a que se veda toda posibilidad a que convencionalmente se estipulen causales de suspensión o interrupción de los plazos de caducidad, por cuanto dicho instituto es de orden público, ya que el legislador no ha querido habilitar a los particulares para que, mediante convenciones, formulen estipulaciones al respecto.

En virtud de los fundamentos expuestos, la Sala J de la Cámara resuelve rechazar el recurso interpuesto. (57)

La imposibilidad de interrupción o suspensión de los plazos de caducidad también ha sido destacada en doctrina. Solari señala que “el código civil y comercial impone como regla la inalterabilidad de los plazos de caducidad, por lo que no importan las vicisitudes personales que pudieran acontecer al reclamante del derecho. Además, dado que los plazos establecidos en los arts. 442 y 525 de Cód. Civ. y Com. son de caducidad, no podrá prolongarse por actos interruptivos o suspensivos, por aplicación del art. 2567 Cód. Civ. y Com.: “Los plazos de caducidad no se suspenden ni interrumpen, excepto disposición legal en contrario.” (58)

López Meza agrega que “la prescripción puede verse interrumpida o suspendida en su curso (arts.2539 a 2549, CCyC), no así la caducidad, que no puede ser interrumpida ni suspendida (art.2567 CCyC); si en cambio, la caducidad puede ser impedida, a través del ejercicio del acto sujeto a caducidad.” (59)

3.- Alimentos y Compensación Económica: ¿Compensación o alimentos provisorios?

Desde la introducción de la figura de la compensación económica la doctrina ha discutido respecto de su naturaleza jurídica. Si bien, aun no existe uniformidad de criterio, si existe consenso en la distinción de este nuevo instituto respecto de los alimentos post divorcio.

Azpiri sostiene que “De lo expuesto hasta aquí se desprende que la pensión compensatoria no tiene carácter alimentario porque, si bien algunas de las pautas para fijar la cuantía pueden responder a esta característica, se aplica para reestablecer un desequilibrio producido como consecuencia de la ruptura matrimonial y con total independencia de la conducta y responsabilidad que puedan haber tenido las partes en el evento.” (60)

Es decir, que mientras que en los alimentos es determinante la situación de necesidad de quien los peticiona (extremo que será el objeto probatorio), ello en principio es irrelevante para la compensación económica, que requiere la prueba de la existencia de un desequilibrio, más allá que la (mayor o menor) necesidad pueda ser una de las pautas a tener en cuenta para la fijación del monto de la misma.

En síntesis, se diferencian claramente las figuras por cuanto los alimentos están destinados a cubrir las necesidades de quien los percibe, mientras que la compensación económica pretende compensar un desequilibrio económico producido como consecuencia de la ruptura del matrimonio o de la vida en común. (61)

Por su parte el art. 434 inc. b) del Código Civil y Comercial dispone que “las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aun después del divorcio: (…) b) a favor de quien no tiene recursos suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos (…) no procede a favor de quien recibe una compensación económica.”

Ahora bien, a pesar de resultar clara la diferencia entre ambos institutos de los alimentos y la compensación económica, un caso ha abierto el interrogante respecto de la posibilidad de fijar alimentos provisorios durante el proceso que se reclama una compensación, o si bien corresponde (y resulta posible) fijar como medida cautelara una compensación económica provisoria.

Los hechos del caso (62) consisten en que iniciado un proceso de alimentos en los términos del art. 434 inc. b) del CCyC, la Sra. E. solicita la fijación de alimentos provisorios. Destaca que su ex cónyuge es quien se ocupaba en forma exclusiva de los gastos de mantenimiento de la familia, y que al producirse la ruptura de la unión la misma no puede cubrir los gastos de mantenimiento del hogar así como también señala que se ha quedado sin cobertura médica.

En lo que interesa al presente análisis, destaca que “el pedido de compensación económica no obsta al reclamo alimentario, dado que a su criterio la norma sólo excluye a quienes la reciben.”.

Ante este planteo, la magistrada en primer término se refiere a la incompatibilidad que surge del art. 434 entre los institutos de la compensación económica y de los alimentos. Sostiene que conforme doctrina, esta incompatibilidad no tiene por finalidad asimilar ambas instituciones, sino remarcar el carácter excepcional de la prestación alimentaria posterior al divorcio, y revalorizar el principio de autosuficiencia.

Por otra parte, destaca que si bien los alimentos posteriores al divorcio no pueden superponerse o coexistir con la compensación económica, habrá de merituarse si corresponde fijar alimentos provisorios para la peticionante hasta tanto se fije una eventual compensación económica o bien si las partes logran un acuerdo conciliatorio. En esta línea, señala que a su criterio puede ocurrir que el cónyuge necesitado perciba alimentos durante un período inmediatamente posterior a la sentencia de divorcio, y que deje de cobrarlos al lograr el reconocimiento de una compensación económica.

Cita doctrina, entre la cual observa que Mazzinghi sostiene que “El hecho de que esta misma mujer pretendiera la procedencia de una compensación económica no debería inhibirla de reclamar alimentos por el tiempo que transcurra hasta el reconocimiento y fijación de la compensación. (cfr. Mazzinghi, Jorge A., “Derecho del cónyuge a percibir alimentos luego del divorcio”, LA LEY 2015-D, Online AR/DOC/1951/2015).”.

Con base en dicha argumentación, la magistrada señala que de las constancias de la causa surgía prima facie que la peticionante continuaba viviendo en el inmueble sede del hogar conyugal, pero que se le dificultaba mantenerlo así como también poder temporalmente procurarse los medios para llevar adelante las necesidades de su vida cotidiana. Por ello resuelve fijar una cuota de alimentos provisoria, hasta tanto exista sentencia en el expediente en que se tramita el pedido de compensación económica o bien hasta que las partes arribaran a un acuerdo conciliatorio.

A partir de este fallo, podemos analizar dos cuestiones: 1.- Si corresponde la fijación de alimentos provisorios hasta tanto se fije una compensación económica, y 2.- Si sería viable la fijación en forma cautelar de una compensación económica provisoria.

La distinción de ambas posibilidades resulta importante, por cuanto el objeto probatorio y los requisitos de admisibilidad (siempre que se considere factible la aplicación de los institutos) resultaran diversos. Así, en caso que se solicite la fijación de alimentos provisorios, siendo que el Código sólo prevé los alimentos post divorcio entre los cónyuges cuando exista una situación de necesidad (o enfermedad grave preexistente), la prueba deberá dirigirse a acreditar este extremo de necesidad. Por su parte, si se reclamara la fijación cautelar de una compensación económica, lo que deberá acreditarse sumariamente es la existencia del desequilibrio económico.

En relación a la viabilidad de los planteos, compartimos las posturas que sostienen que pueden requerirse tanto alimentos provisorios (si existe una situación de necesidad) como una compensación económica provisoria (si se puede acreditar sumariamente el desequilibrio).

En esta línea, Mizrahi sostiene que “lo que la ley prohíbe es recibir alimentos y percibir simultáneamente la compensación económica. Por lo tanto, si se verifica un estado de necesidad, nada impedirá reclamar la compensación económica y, mientras tramite el juicio, solicitar la fijación de alimentos; pues, la legislación no veda la posibilidad de que una y otra figura se apliquen en forma sucesiva.” (63)

En cuanto al reclamo cautelar de compensación económica, Guahnon explica que “el hecho que no sea necesario acreditar la necesidad para poder peticionar una compensación económica, no significa que el cónyuge o conviviente que la solicita no haya quedado en una situación de desequilibrio que, en el aspecto patrimonial, le impida afrontar normalmente su vida con posterioridad a la ruptura, por lo cual, la doctrina entiende que puede requerirse una compensación económica provisoria e la forma de medida cautelar innovativa o “anticipatoria”.” (64)

En conclusión, entendemos que resulto válido el reclamo tanto de alimentos como de una compensación económica provisoria mientras se tramita el proceso para la determinación y fijación de la compensación económica, y ello por cuanto, es de conocimiento el tiempo que transcurre desde la petición hasta que se obtiene una sentencia de mérito, por lo cual, siempre que resulte posible acreditar en forma sumaria la situación de necesidad o el desequilibrio y menoscabo, ocurridos una vez producida la ruptura de la unión, resultará viable la solicitud de resguardo cautelar por parte de quien se halla en una situación de vulnerabilidad.

III.- CONCLUSION

A partir del análisis de la jurisprudencia producida en el ámbito nacional se ha comenzado a conferir al nuevo instituto de la compensación económica una forma propia, que si bien guarda relación con la evolución de la figura en el derecho comparado, va adquiriendo ciertas características particulares. Así, el breve plazo fijado por el legislador ha generado la mayor cantidad de resoluciones que intentan dar respuesta a la forma de computarse el mismo.

En mi opinión la incorporación de la compensación económica ha resultado un acierto, por cuanto permite mantener un equilibrio entre los principios de autonomía y autodeterminación de los sujetos y los de solidaridad familiar y equidad que deben atenderse en todos los vínculos afectivos derivados de uniones que han cesado.

A su vez, no puedo dejar de mencionar –como se ha deslizado a lo largo del artículo- que el instituto constituye una excelente herramienta para compensar, en aplicación de una perspectiva de género, posibles situaciones injustas que surgen como consecuencia de estas separaciones. Es sabido, que tradicionalmente las familias se organizaban mediante roles estereotipados, que si bien en la actualidad se ha superado parcialmente, no se puede negar que aún se mantienen en número importante, resultando en general perjudicada la mujer. Por lo cual la compensación económica resulta un recurso valioso para reequilibrar estas posibles situaciones de desigualdad.

Entiendo, que el examen de la evolución jurisprudencial siempre resulta interesante puesto que constituye la aplicación práctica de los institutos y disposiciones ideados por el legislador. Por ello, deberá seguirse el desarrollo de las interpretaciones judiciales respecto del tema, para continuar así completando el estudio de la novel figura, que desde el presente artículo se ha intentado sintetizar.

CITAS LEGALES

EN PROCESO DE CARGA


(15) El Autor: Alejandro Sanjuan: Es Auxiliar Letrado en Asesoría de Incapaces N°1 de Lomas de Zamora. Secretario Ad Hoc de Instituto de Estudios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Consejo Lomas de Zamora), Diplomado en Aspectos Patrimoniales del Derecho de Familia por la Universidad Austral, Alumno de Especialización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia e la Universidad de Buenos Aires.

(16) Anteproyecto Código Civil y Comercial, Comisión Reformadora a cargo de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.

(17) Por ejemplo se encuentra regulada en el art.97 del Código Civil Español denominándose “pensión compensatoria”; en el art. 270 del Código Civil Francés que la denomina como “prestación compensatoria”, y también se halla en el derecho alemán que se refiere a la figura como compensación económica o “compensación de pensiones” (art.1587 BGB).

(18) Pueden observarse, si bien en forma moderada, ciertos rasgos comunes con el modelo de las compensaciones económicas de la Ley de Matrimonio Civil Chilena (Ley 19.947 del 18/11/2004).

(19) MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensación Económica. Teoría y Práctica”, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2018, p.26.

(20) Para un mayor análisis del modelo chileno, Ver: VARGAS CARRASCO, Andrea y LEPIN MOLINA, Cristián, “Análisis crítico de la Compensación Económica en la Legislación Chilena”, en Actualidad Jurídica Iberoamericana, ISSN 2386-4567, IDIBE, Núm. 5 bis, nov. 2006; LEPIN MOLINA, Cristián Luis, “Compensación Económica. Su configuración en el derecho chileno”, RCCyC 2017 (marzo), 03/03/2017, 12, cita Online: AR/DOC/414/2017.

(21) MEDINA, Graciela, “Compensación económica en el Proyecto de Código”, La Ley, 2013-A, 472.

(22) MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensación Económica…”, ob. cit., Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2018, p.87.

(23) SOLARI, Néstor E., “Algunas Cuestiones sobre la compensación económica”, RCCyC 2017 (marzo), 03/03/2017, 57.

(24) TS, RJ 2011/5666.

(25) MIZRAHI, Mauricio L., “Divorcio, Alimentos y Compensación Económica”, Astrea, Buenos Aires, 2018, p.153.

(26) Por no darse el presupuesto del desequilibrio económico, la Cám. de Apel. en lo Civil y Comercial de Mercedes, Sala II, resolvió rechazar la petición de compensación económica sosteniendo que “La compensación económica pedida por la ex cónyuge debe rechazarse, pues, luego de haber realizado una comparación de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, no se aprecia un desequilibrio que amerite lo solicitado, máxime cuando el demandado no tiene otro ingreso que su jubilación y la actora, de 50 años, posee capacidad laboral por muchos años más, sumado a que tiene un trabajo en blanco y obra social.”. Ver: CCivyCom. Mercedes, Sala III, 24/10/2017, “G., S. D. C. c. C., R. L. s/ acción de compensación económica”, en LA LEY 15/01/2018, 15/01/2018, 3 - LA LEY2018-A, 134 - DFyP 2018 (agosto), 74, con nota de Nadia Y. Genzelis.

(27) CORRAL TALCIANI, H, “La compensación económica en el divorcio y la nulidad matrimonial”, Revista Chilena de Derecho, 2007, vol.34, núm. 1, p.28.

(28) PELLEGRINI, María Victoria, Comentario al art. 441 del Código Civil y Comercial de la Nación, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, HERRERA, Marisa y LLOVERAS, Nora, Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2014, t. I, p.429.

(29) SAMBRIZZI, Eduardo A., “Las compensaciones económicas entre los cónyuges en el Proyecto de Código Civil”, DFyP 2013 (diciembre), ps.31 y 32, cit. en FAMÁ, María Victoria, Régimen patrimonial de las Uniones Convivenciales, RCCyC 2015 (diciembre), 16/12/2015, 21.

(30) MOLINA DE JUAN, Mariel F., “Compensaciones económicas para cónyuges y convivientes. Preguntas necesarias y respuestas posibles”, ADLA2015-24, 165 – DJ09/12/2015, 5. Cita Online: AR/DOC/3065/2015.

(31) Conf. SOLARI, Néstor, “Criterio de fijación de la prestación compensatoria”, en RDFyP, 2015 (Junio), N°5, ps.27/29, cit. en MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensación Económica…”, ob. cit., Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2018, p.157.

(32) La futura situación previsional se encuentra expresamente prevista como una de los criterios a tener en cuenta por el art. 271 del Código Civil Francés. Dice que el juez tomará en consideración particularmente: “su situación respectiva en materia de pensiones de jubilación.”. A su vez, el art. 97 del Código Civil Español señala que podrá observarse “la perdida eventual de un derecho de pensión”.

(33) Capel. Civil y Comercial de Junín, “G., M. A c/D. F., J. M. s/Alimentos” (Ju- 7276-2012), sent. del 25/10/2016.

(34) HERRERA, Marisa, Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, LORENZETTI, Ricardo L. (Dir.), Ed. Rubinzal-Culzoni, t. II, p765).

(35) BERROCA LANZAROT, Ana Isabel, “Tendencias actuales en torno a la Pensión compensatoria o Pensión por desequilibrio en España”, en Actualidad Jurídica Iberoamericana, ISSN 2386-4567, IDIBE, núm. 5 bis, nov.2016.

(36) MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensación Económica…”, ob. cit., Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2018, p.234.

(37) Juzgado de Familia de Paso de los Libres (Corrientes), “L., J. A. c/ L., A. M. S/divorcio” (Expte. I03 13301/2), sent. del 06/07/2017.

(38) MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensación Económica…”, ob. cit., Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2018, p.219.

(39) JNCiv. N°92, “K. M., L. E. c/ V. L., G. s/fijación de compensación arts. 524, 525 CCN”, sent. del 06/03/2018, RDF 2018-IV (agosto), con nota de Claudia G. Ragnato, Abeledo Perrot, p.145.

(40) PELLEGRINI, María Victoria, “Las uniones convivenciales”, Erreius, Buenos Aires, 2017, p.207.

(41) PELLEGRINI, María Victoria, Comentario al art. 442 del Código Civil y Comercial de la Nación, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, HERRERA, Marisa y LLOVERAS, Nora, Tratado de Derecho de Familia. Según el Código Civil y Comercial de 2014, Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2014, t. I, p.480. En ig. sentido, PELLEGRINI, María Victoria, “Las uniones convivenciales”, Erreius, Buenos Aires, 2017, p.206; MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensación Económica”, ob, cit., Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2018, p.99.

(42) PELLEGRINI, María Victoria, “Las uniones convivenciales”, Erreius, Buenos Aires, 2017, p.206.

(43) C1era. Civil y Comercial de San Isidro, Sala I, 17/04/2018, “V L., M. F. c. B., G. M. s/acción compensación económica”; en RDF 2018-V (octubre 2018), con nota de Mariana E. González, Abeledo Perrot, p.69.


(44) C1era. Civil y Comercial de San Isidro, Sala III, 27/10/2017, “G. R. B. c/ D. G. A. s/ Acción de Compensación Económica” –Causa n° SI-3438-2016.

(45) VELOSO, Sandra F., “El proceso de divorcio según el Proyecto de Código Civil y Comercial”, DFyP 2012 (julio), 01/07/2012, 45, Cita Online: AR/DOC/2919/2012; SOLARI, Néstor E., “El plazo de caducidad en la compensación económica”, LA LEY 03/10/2017, 03/10/2017, 1 – LA LEY2017-E, 1037 – DFyP 2017 (noviembre), 14/11/2017, 8, Cita On Line: AR/DOC/2523/2017; PELLEGRINI, María Victoria, “Delineamiento de la figura de la Compensación Económica en el marco del divorcio incausado”, Revista de Derecho Privado y Comunitario N°2016.2, Derecho de Familia – II. Relaciones entre adultos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p.189. MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensación Económica”, ob, cit., Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2018, ps.104-105.

(46) C1era. Civil y Comercial de San Isidro, Sala III, causa SI-43388-2015 caratulada: “O., L. F. c/ Y., M. E. s/ acción de compensación económica” del 12/5/2016, r.i. n° 187/2016; en ig. sent. 27/10/2017, “G. R. B. c/ D. G. A. s/ Acción de Compensación Económica” –Causa n° SI-3438-2016.

(47) Fallos: 341:124.

(48) MIZRAHI, Mauricio L., “Divorcio, alimentos…”, ob. cit., Astrea, Buenos Aires, 2018, p.189.

(49) Juzgado del Menor y la Familia Nro. 6, Resistencia, 16/05/2016, “B., A. G. c. M., H. M. s/ compensación económica.”, Cita Online: AR/JUR/64991/2016.

(50) Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de Neuquén, Sala I, sent. del 06/07/2018, “M. F. C. c. C. J. L. s/Compensación Económica”, RCCyC 2018 (octubre), 01/10/2018, 91, Cita Online: AR/JUR/39399/2018.

(51) CCiv.Com, Lab. y Minería, Neuquén, Sala I, “M. F. C. c. C. J. L s/compensación económica”, RCCyC 2018 (octubre), 01/10/2018, 91, Cit. Online: AR/JUR/39399/2018.

(52) En este sentido ver: Juzgado de Macos Juárez de Córdoba, “C., E. E. c/Sucesores de M. A. M. Societario contencioso. Disolución de sociedad de Hecho”, sent. del 12/05/2015 en cual se sostuvo que “cabe entender que el excedente era reinvertido en bienes que no reingresaban al patrimonio de la mujer, quien veía así afectada su economía, producto de una raigambre cultural patriarcal, evidenciando ésta una discriminación cruzada de género (…) Tal discriminación no puede dejar de destacarse para entender si se quiere el porqué de la inscripción de los bienes de importancia económica a nombre del integrante masculino de la sociedad.”

(53) Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de Neuquén Sala I, 27/09/2018, “R. R. M. c. S. C. A. s/ Compensación económica”, La Ley Online, Cita Online: AR/JUR/58878/2018.

(54) Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá, 17/02/2017, “C., H. J. C. c/ L., E. D. C. H. s/divorcio vincular” (Inc. de ejecución de convenio regulador y compensación económica), LA LEY Online, Cita Online: AR/JUR/7166/207.

(55) KIELMANOVICH, Jorge L. “¿Caducidad de oficio de la acción de compensación económica?, LA LEY 03/05/2017, 03/05/2017, 1, Cita Online: AR/DOC/875/2017.

(56) Cám. Nac. de Apelaciones en lo Civil, Sala J, 16/02/2017, “F., G. M. v. P., F. F. s/Fijación de Compensación arts.524, 525 CCCN”, en LA LEY 04/04/2017, 04/04/2017, 11, cita Online: AR/JUR/120/2017. En ig. sent. Sala I, Cám. de Apel. Civil y Comercial de San Isidro, sent. del 09/05/2017.

(57) Conf. Cód. Civil y Comercial de la Nación. Comentado. CURÁ, José María (Dir.), t. VI, ps. 648-652.

(58) SOLARI, Néstor E., “El plazo de caducidad en la compensación económica”, LA LEY 03/10/2017, 03/10/2017, 1 – LA LEY2017-E, 1037 _DFyP 2017 (noviembre), 14/11/2017, 8.

(59) LOPEZ MEZA, Marcelo J. “La caducidad de derechos, acciones y actos en el Código Civil y Comercial”, La LEY, 2015-E, 903.

(60) AZPIRI, Jorge, “Aproximación a la pensión compensatoria”, en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, N°19, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2001, ps. 65 y ss.

(61) PELLEGRINI, María Victoria, Comentario al art. 441 del CCyC, en Tratado de Derecho de Familia. Según el Código Civil y Comercial de 2014, Rubinzal-Culzoni. Sta. Fe, 2014, t. I, p.439.

(62) Juzg. Familia N°2, San Isidro, 06/11/2017, “A. E. de G. c. R. B. A. s/Alimentos”, con nota de GROISMAN, Eliana G. en RDF 2018-IV (agosto 2018), p.225.

(63) MIZRAHI, Mauricio L., “Alimentos posteriores al divorcio”, “LA LEY 23/10/2017, Cita Online: AR/DOC/2783/2017.

(64) GUAHNON, Silvia V. “Medidas Cautelares y Provisionales en los procesos de Familia”, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 2016, p.301,













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