- La reciente modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo. El análisis del DNU 54/2017


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Doctrina | Origen: Argentina : Fecha 02/09/2017. Citar como: Protocolo A00399420496 de Utsupra.

La reciente modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo. El análisis del DNU 54/2017



Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho del Trabajo. La reciente modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo. El análisis del DNU 54/2017. Por Daiana A. Dattoli. Abogada (USAL). Especialización en Contratos y derecho de daños. Socia titular de estudio jurídico especializado en Derecho del trabajo. En colaboración con Claudia A. Motta. Abogada (UBA). Especialización en derecho administrativo y derecho de daños y perjuicios. Socia titular de estudio jurídico especializado en Derecho Laboral. SUMARIO: 1. Introducción. 2. Lineamientos generales del DNU 54/2017. 3. La reforma en particular. Procedimiento obligatorio y excluyente ante las comisiones médicas. 4. Disposiciones de ordenamiento del sistema. 5. Conclusión. // Cantidad de Palabras: 4099 Tiempo aproximado de lectura: 14 minutos


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La reciente modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo. El análisis del DNU 54/2017

Por Daiana A. Dattoli. Abogada (USAL). Especialización en Contratos y derecho de daños. Socia titular de estudio jurídico especializado en Derecho del trabajo. En colaboración con Claudia A. Motta. Abogada (UBA). Especialización en derecho administrativo y derecho de daños y perjuicios. Socia titular de estudio jurídico especializado en Derecho Laboral.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Lineamientos generales del DNU 54/2017. 3. La reforma en particular. Procedimiento obligatorio y excluyente ante las comisiones médicas. 4. Disposiciones de ordenamiento del sistema. 5. Conclusión.

1. Introducción.

Mediante el reciente Decreto de necesidad y Urgencia Nº 54/2017, el Poder Ejecutivo Nacional ha modificado la ley de riesgos del trabajo, publicada en el Boletín Oficial con fecha 23/01/2017, en un notable exceso de sus facultades, siendo que no existían las circunstancias que ameritan el dictado de un DNU. Habiendo recibido este mismo proyecto, ya media sanción de la Cámara alta, con fecha 21 de diciembre de 2016, no existe fundamentación alguna para validar circunstancias de Urgencia y necesidad, tal como debe requerirse y justificarse para decretarlo.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, del texto del decreto puede dilucidarse que está fundamentado su dictado, en sostener que la espera del trámite legislativo en la Cámara de Diputados podrían irrogar un gran retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la ley en cuestión, justificando así de este modo el proceder conforme lo establecido en el inciso 3, del artículo 99 de la Constitución Nacional.

No solo el DNU resulta improcedente por las razones esgrimidas, sino también porque como analizaremos más adelante limita el derecho de los abogados en el cobro de sus honorarios. Es por ello, que ya el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través de su Presidente el Dr. Jorge Rizzo, ha interpuesto una acción de amparo a los efectos de hacer cesar el perjuicio actual.

Si bien trataremos posteriormente el análisis de este DNU, a modo introductorio es importante resaltar que con esta reforma hemos retrocedido en interpretaciones jurisprudenciales muchos años. Es volver sobre puntos que la jurisprudencia Nacional ya se había expedido.
Así el mismo DNU fundamenta su dictado en que constituye una medida de proporción adecuada a la finalidad que persigue, que busca remover las causas que originan la multiplicación incesante de reclamos por los damnificados, que no han sido debidamente atendidas por las reformas parciales habidas en el régimen.

Que, consecuentemente, y sin perjuicio de que el SENADO sancionó un Proyecto de Ley que contiene la misma normativa del DNU, parece evidente que esperar los tiempos habituales del trámite legislativo pendiente ante la cámara de diputados irrogaría un importante retraso, en el marco del uso de las facultades regladas en la Ley N° 26.122.

2. Lineamientos generales del DNU 54/2017.

El reciente decreto de Necesidad y Urgencia ha sido creado por el Poder Ejecutivo Nacional, con la intención de paliar las supuestas “debilidades” del Sistema de Riesgos del Trabajo, conservando sus principales líneas directrices, que han provocado situaciones inequitativas.
Si bien es cierto que ha habido reformas, el PEN entiende que éstas no han sido suficientes como para resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible.

También es procedente mencionar, que en los propios considerandos del DNU, se hace mención al fallo “Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” (C. 2605. XXXVIII) el 7 de septiembre de 2004, por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 46, inciso 1° de la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo.
Sucintamente recordemos cual había sido el tema principal de este reconocido fallo. La corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del Art. 46 de la LRT inciso 1º, determinando que las decisiones de las comisiones médicas debían ser revisadas por La justicia laboral y no la federal. Los magistrados afirmaron que el régimen de reparaciones que dispone la LRT es de carácter común y no federal, y que el Congreso Nacional no puede cambiar la condición local de aquellas normas.

Recordemos que el texto del Art. 46 inc. 1º con la redacción anterior decía lo siguiente “ARTICULO 46. — Competencia judicial.1. Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual en su caso se formulará la correspondiente expresión de agravios. o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador.
La Comisión Médica Central sustanciará los recursos por el procedimiento que establezca la reglamentación.
Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Todas las medidas de prueba, producidas en cualquier instancia, tramitarán en la jurisdicción y competencia donde tenga domicilio el trabajador y serán gratuitas para éste”.
Ahora bien, volviendo a los considerandos del DNU, establecen que las falencias de la ley están centradas en que no ha tenido una clara y justificada definición de la naturaleza federal del Sistema de Riesgos del Trabajo, como tampoco contó con la indispensable adhesión de las provincias.

Así el Decreto Sub Lite, considera que en la actualidad la mayoría de las contingencias amparadas por la LRT se reclaman a través de demandas laborales que evitan la intervención previa de las Comisiones Medicas. “Que la situación descripta ha generalizado el concepto de que la reparación de los infortunios laborales se enmarca en una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, provocándose así una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias para asegurar reparaciones suficientes”.
Consecuentemente, la intencionalidad de la entrada en vigencia de este Decreto es que la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por la Ley N° 24.241 y sus modificatorias constituyan una instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial fundada tanto en la Ley N° 24.557 y sus modificatorias como en la opción contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 26.773.

Otra de las particularidades del reciente DNU es que prohíbe la celebración de pactos de cuota litis en los procesos seguidos en el marco del Título I del presente Decreto. Cabe aclarar que sobre dicho punto ya se ha expedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, interponiendo un Recurso de amparo.

En rigor, no podemos dejar de sostener que lo mencionado en el párrafo anterior resulta violatorio al derecho de propiedad y trabajo de los abogados, es inaudito sostener una prohibición en la percepción de honorarios, restringiendo así considerablemente los emolumentos y la posibilidad de pautarlos con el cliente. Es preciso resaltar, que los abogados también somos trabajadores y merecemos nuestra tutela legal. Los honorarios tienen naturaleza alimenticia y negar esta condición resulta a todas luces un hecho que debe ser dejado sin efecto por violar los pilares básicos de nuestra Constitución Nacional.
Ahora bien, volviendo el tema en cuestión de las comisiones Medicas, el DNU crea “el Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales”.

A su vez se incorpora como artículo 17 bis a la Ley N° 26.773 considerando desde sus bases el DNU que esta norma pretende unificar las diversas interpretaciones judiciales, legislando la cuestión en consonancia con lo dispuesto por el Máximo Tribunal en el fallo “Recurso de hecho deducido por la demanda en la causa Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-Ley especial”, del 7 de junio de 2016.

A su vez, se expresa el reciente Decreto sobre la aplicación del índice RIPTE, estableciendo que se utilizará como medio de evitar los efectos inflacionarios en la cuantía del monto del ingreso base a la hora de realizar el cálculo indemnizatorio. Estableciendo que el interés equivalente al promedio de la tasa activa que abona el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para la Cartera General Nominal Anual vencida a TREINTA (30) días, para el período comprendido entre la primera manifestación invalidante y el momento de la homologación o determinación de la incapacidad laboral definitiva o el deceso del trabajador. Aplicándose para el supuesto de mora en el pago de las indemnizaciones lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital y que el producido devengará un interés equivalente al promedio de la Tasa Activa que abona el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para la Cartera General Nominal Anual Vencida a TREINTA (30) días.

El decreto fue creado con la finalidad de dar una solución definitiva y evitar el colapso de la justicia Laboral. Sin embargo, entiendo que si bien esto fue lo pretendido mediante la puesta en vigencia, desde la práctica ésta cuestión resulta poco probable.

3. La reforma en particular. Procedimiento obligatorio y excluyente ante las comisiones médicas.

En el Título I, Artículo 1º se estableció “Dispónese que la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Será competente la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, la del domicilio donde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador, y su resolución agotará la instancia administrativa.

Los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita.

Los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio letrado y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las Comisiones Médicas estarán a cargo de la respectiva Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), en la forma que establezca la reglamentación”.

El análisis de este primer artículo resulta preliminarmente volver a discutir algo que ya estaba resuelto a través de los innumerables antecedentes jurisprudenciales que habían establecido ya que el sometimiento a las Comisiones Medicas, no revestían el carácter de obligatorio y el damnificado podía someterse voluntariamente a la decisión de la justicia. Sostener lo contrario, como lo hace el DNU, es retrotraernos en el tiempo, ocasionar graves perjuicios al trabajador damnificado que además de su padecimiento tendrá ahora la espera interminable del sometimiento obligatorio a las Comisiones Medicas.

Por último, y no menos importante, como ya se había abordado en este trabajo, el articulo sub lite, determina que los honorarios de los abogados serán solventados por las aseguradores de Riesgos del Trabajo prohibiendo celebrar cualquier tipo de convenio de honorarios con el cliente. Al respecto me remito a lo que ya fuera manifestado precedentemente, recordando que el Colegio de Abogados de la Capital Federal ya ha interpuesto formal recurso de amparo.

El artículo 2° establece que una vez agotada la instancia prevista en el artículo 1º las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino. Con lo cual recién terminado el proceso, que desconocemos el plazo que irrogará, podemos solicitar la revisión primero ante la Comisión Médica central para luego de seguir disconforme acceder a la justicia laboral.

A su vez, la decisión de la Comisión Médica Central será susceptible de recurso directo, por cualquiera de las partes, el cual se podrá interponer ante los tribunales de alzada con competencia laboral o, de no existir éstos, ante los tribunales de instancia única con igual competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional que intervino.

Los recursos interpuestos procederán en relación y con efecto suspensivo a excepción de los siguientes casos, en los que procederán con efecto devolutivo: a) cuando medie apelación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central, en el caso previsto en el artículo 6°, apartado 2, punto c) de la Ley N° 24.557, sustituido por el artículo 2° del Decreto N° 1278/2000; b) cuando medie apelación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central, en caso de agravamiento del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes.

El Artículo 3°, establece la creación del Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Se establece en 60 (sesenta) días hábiles el plazo para que las Comisiones Medicas jurisdiccionales se expidan, prorrogables por cuestiones relacionadas con la acreditación del accidente o enfermedad, desconociendo si realmente este plazo podrá ser cumplido finalmente o no. Lamentablemente la experiencia tribunalicia demuestra que los plazos legales pocas veces son de cumplimiento efectivo, generándose así un desgastante en el trabajador y una pérdida de tiempo en el cobro de sus acreencias por su infortunio laboral. Sin perjuicio de ello, los plazos son perentorios, dejando su vencimiento expedita la vía prevista en el artículo 2° del DNU.

4. Disposiciones de ordenamiento del sistema.

El título III del DNU en análisis, sustituye algunos de los artículos de la ley. 24.557 y sus modificatorias.

Así el Art. 10, sustituye el artículo 7° de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias estableciendo: “Incapacidad Laboral Temporaria”
1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.
2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por:
a) Alta médica: b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);c) Transcurso de dos años desde la primera manifestación invalidante; d) Muerte del damnificado.

El punto C, es el que amplia de un año (1) a dos (2) desde la primera manifestación invalidante. Este artículo si repercute en una notable mejora en las prestaciones de la ART hacia el trabajador y lo beneficia porque en muchas ocasiones el trabajador que aun padece una dolencia que no es curada en el plazo de un año se ve gravemente perjudicado, por el solo acaecimiento del vencimiento, que ahora será duplicado.

“3. Si el trabajador damnificado, dentro del plazo previsto en el inciso c) del apartado anterior, se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente o enfermedad profesional, su situación de incapacidad laboral temporaria (ILT) continuará hasta el alta médica, declaración de Incapacidad Laboral Permanente, en caso de corresponder, su deceso o hasta completar DOS (2) años efectivos de baja, sumándose todos los períodos en los cuales se hubiera visto impedido de trabajar”

El apartado número 3, prevé el supuesto en el cual un trabajador reincorporado a su trabajo con alta médica tuviese que estar de licencia por ese mismo hecho anterior, ya sea accidente o enfermedad profesional, en cuyo caso se sumarán a los efectos del cómputo de los dos años todos los periodos anteriores en los cuales ha estado con licencia por ese mismo hecho y consecuentemente sin trabajar.

El Articulo 11 sustituye el artículo 12 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias por el siguiente texto: “Ingreso base. Establécese, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio:

1°.- A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador —de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la O.I.T— durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables).

2°.- Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa Cartera General nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

3°.- A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, acumulándose los intereses al capital; y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa Cartera General nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación.”

En cuanto a esta incorporación, como ya lo hemos manifestado al comenzar este trabajo, es dable aclarar que el DNU ha tomado la aplicación del índice RIPTE a los fines de palear la inflación y que al momento del cobro de las acreencias éstas no resultasen desproporcionadas en relación al monto que originariamente se había reclamado.

El Artículo 12 del DNU incorpora como apartado 6 del artículo 27 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, la posibilidad que existiendo incumplimiento por parte del empleador asegurado en el pago de DOS (2) cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de una deuda total equivalente a DOS (2) cuotas, podrá extinguirse por dicho motivo la relación contractual que los vinculaba. Sin perjuicio de ello, la Aseguradora deberá otorgar prestaciones en especie, con los alcances previstos en el Capítulo V de esta ley, por las contingencias ocurridas dentro de los TRES (3) meses posteriores a la extinción por falta de pago. La Aseguradora podrá repetir del empleador el costo de las prestaciones otorgadas.

Sobre el artículo 13, que sustituye el primer apartado del artículo 46 de la Ley N° 24.557 sobre la Competencia judicial, su análisis ha sido abordado en el apartado preliminar del presente trabajo, reiterando la posición que hasta entonces veníamos sosteniendo, que se pone el eje de la reforma en sostener que su justificación se basa en el alto índice de litigiosidad, cuando en realidad debería enfocarse el sistema en la prevención. En rigor, sostener que el paso previo por ante las Comisiones Medicas resulta de carácter obligatorio y excluyente resulta a todas luces un procedimiento Inconstitucional, que no dudo será declarado de esta manera.

Siguiendo con el análisis, otra de las incorporaciones relevantes, es la del artículo 15 el cual incorpora a la Ley Nº 26.773 el artículo 17 bis, según el siguiente texto: “Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, y los importes mínimos establecidos en el Decreto N° 1694/09, se deberán incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1º de enero de 2010 y hasta la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia considerando la última variación semestral del RIPTE de conformidad con la metodología prevista en la Ley N° 26.417.”

Al respecto en relación a este último punto, cabe recordar que durante el año pasado, en el fallo dictado en la causa “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente – ley especial” , de fecha 7 de junio de 2016, con la firma de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, la Corte Suprema resolvió que el reajuste de las indemnizaciones legales dispuesto por ley 26.773 en octubre de 2012 no puede aplicarse a la reparación de daños provocados por accidentes laborales ocurridos con anterioridad a la sanción de dicha norma. Es por ello, que a los efectos a poder unificar las distintas interpretaciones que se dieron a lo largo de los años hasta el fallo mencionado, es que el DNU dispuso sustituir el artículo 46 de la Ley 24557 y sus modificaciones, como así también el párrafo cuarto del artículo 4 de la Ley 26773, así como el articulo 8 y el apartado sexto del artículo 17 de la misma Ley y agregar un artículo 17 bis a dicha normativa, para dar lugar a una solución a los distintos criterios a la hora de expedirse sobre los reajustes de las indemnizaciones de los accidentes y/o enfermedades profesionales.

A su vez el artículo 16, dispone que todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente, deberán ser depositadas en la “cuenta sueldo” del respectivo trabajador.

Otro de los puntos a tener en cuenta, es que la entrada en vigencia del presente Decreto, de conformidad a lo estatuido por el Artículo 19 del DNU, será de aplicación a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia del presente.

Asimismo resulta relevante mencionar que el DNU establece un plazo (28/02/2017), fecha hasta la cual tendrá oportunidad de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, de dictar todas aquellas normas que considere pertinente a los efectos de regular la actuación ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central.

A través del Artículo 21, el DNU derogó el artículo 8º y el apartado 6º del artículo 17 de la Ley N° 26.773.

5. Conclusión.

Como ya hemos expresado a lo largo del presente trabajo, resulta un poco dificultoso considerar que este Decreto de Necesidad y Urgencia, realmente revestía las características propias y necesarias que lo justificaran. Más aun cuando este mismo proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores y bien podría haberse tratado, de mediar la urgencia que se alega, mediante convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, entiendo que con la entrada en vigencia de DNU hemos retrocedido años, existiendo ya jurisprudencia afianzada que había declarado la inconstitucionalidad del procedimiento ante las Comisione Medicas, por lo que entiendo que igual criterio será seguido ahora con la entrada en vigencia de esta nueva regulación.
Como ya hemos expresado, sería congruente focalizar una reforma que esté más orientada a la prevención de la siniestralidad laboral y no a dificultar los procesos mediante los cuales deberán los trabajadores reclamar el justo cobro de sus acreencias.

Ahora bien, debemos también hacer mención a que la Comisión del Congreso encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia debatió el tema pero pospuso la firma del dictamen a la espera de que la semana próxima se trate en sesiones extraordinarias el proyecto de ley.



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