- Cautelar contra Ley de Medios.


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Fallo Completo. | Origen: Argentina : Fecha 03/01/2018. Citar como: Protocolo A00399503288 de Utsupra.

Cautelar contra Ley de Medios.



Ref. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala: III. Causa: 60150/2017. Autos: Imagen Satelital SA y Otro c/EN- JGM Y OTROS S/PROCESO DE CONOCIMIENTO. Cuestión: Ley de Medios. suspensión de las normas previstas en los artículos 77, 78 y 79 de la ley 26.522 y el art. 80 del decreto reglamentario 1225/2010 Fecha: 28-FEB-2018. // Cantidad de Palabras: 5082 Tiempo aproximado de lectura: 17 minutos


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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA III

Causa Nº 60.150/2017/1: Incidente de Apelación en autos: “IMAGEN SATELITAL SA Y OTRO c/ EN- JGM Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”. Buenos Aires, 28 de febrero de 2018. SMM

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por resolución del 14 de noviembre de 2017, el Sr. Juez de primera instancia hizo parcialmente lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, dispuso la suspensión de las normas previstas en los artículos 77, 78 y 79 de la ley 26.522 y el art. 80 del decreto reglamentario 1225/2010, hasta que se dictase sentencia en la causa o se cumpliera con el plazo máximo dispuesto en el artículo 5º de la ley 26.854.

Para así decidir, en síntesis, hizo referencia a lo establecido en las normas involucradas en la cuestión y puso de resalto que -tal como se desprendía de las constancias de la causa y era de público conocimiento- el 4 de abril de 2017, las empresas actoras (FSLA Holdings LLC e Imagen Satelital S.A.) efectuaron una oferta vinculante a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga Profesional de Fútbol Argentino Asociación Civil, que fue aceptada por ambas instituciones, en virtud de la cual adquirieron los derechos de comercialización, transmisión y exhibición -entre otros- de todos los partidos de los torneos de Primera División “A” del fútbol argentino organizados por la AFA y/o la SUPERLIGA, a cambio de una contraprestación.

En ese contexto ponderó que -dentro del limitado marco cognoscitivo de autos- se advertía configurada la verosimilitud del derecho invocado, pues -en principio- resultaba de la normativa impugnada -por la que la codemandada MULTIMEDIOS S.A.P.E.M. había cursado sendas cartas documento a las accionantes- y de las constancias mencionadas, que las razones allí determinadas resultarían contradictorias con las diversas circunstancias reseñadas, especialmente con la conducta adoptada por las accionantes y los entes rectores del fútbol argentino y la voluntad materializada en los contratos mediante los cuales éstos últimos acordaron la cesión de los derechos patrimoniales en cuestión.

En ese punto, recordó que -en su oportunidad-la AFA había cedido al Estado Nacional los derechos de explotación de cada uno de los torneos del fútbol argentino y dicho contrato -suscripto el 20 de agosto de 2009- fue rescindido entre las partes: la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y la AFA, en febrero de 2017. Consideró que tal circunstancia demostraba -dentro del estrecho marco de conocimiento del proceso cautelar- que si bien en aquella oportunidad la normativa cuestionada no generaba ningún perjuicio con relación a la cesión de los derechos de explotación patrimoniales del fútbol, en la medida que era el propio Estado a través del programa “Fútbol para Todos”, durante el período 2009-2017, quién se beneficiaba con la difusión y explotación de los derechos y, a su vez, la AFA recibía una contraprestación millonaria de acuerdo a lo establecido en su oportunidad y en su carácter de propietaria de tales derechos, resultaba en principio contradictorio que luego de la rescisión del contrato, el Estado Nacional intentara hacer valer o resultase beneficiado de manera indirecta y, en definitiva, pudiese obtener de manera gratuita los derechos del fútbol a través de la aplicación de una norma, cuya constitucionalidad se encontraba cuestionada en la presente causa.

Sostuvo que resultaba aplicable la doctrina de los actos propios y señaló que si en su oportunidad el Estado Nacional había considerado que debía abonar por la explotación de los derechos del fútbol, resultaba -en principio- atendible considerar en esta etapa del proceso la suspensión de la normativa que, en este caso, afectaba de manera directa al pleno ejercicio de la explotación de los derechos cedidos por la AFA - SUPERLIGA a las empresas aquí actoras.

Asimismo, indicó que más allá de la postura asumida por el Estado Nacional en cuanto a la falta de elaboración del listado anual de acontecimientos de interés general del año 2017, lo cierto era que en ningún momento las demandadas habrían tratado de resolver los requerimientos efectuados por la parte actora y por la misma codemandada MULTIMEDIOS S.A.P.E.M., según los expresos términos de los informes producidos en autos y las situaciones que habían tenido que enfrentar las accionantes para poder salvaguardar los derechos derivados del contrato suscripto con las autoridades máximas del fútbol argentino.

Consideró que, sobre tal base, no se podía soslayar que los argumentos ensayados por las codemandadas en el sentido que “si la actora pretende amparar su defensa en el listado confeccionado por la … resolución 1108/15, se estaría revisando una norma que solo se limita a establecer como eventos de interés relevantes los del año 2016 únicamente” no solo resultaban contrarios a lo expresamente establecido en el art. 77 in fine de la ley 26.522 sino que, más importante aún, evidenciaban el incumplimiento por parte del Estado Nacional de la manda legal allí dispuesta.

Destacó que -en ese sentido- tampoco aparecería como diligente o acaso de buena fe contractual (sin perjuicio de que aquéllas no hubiesen intervenido en la relación entablada por las actoras con la AFA y la SUPERLIGA) la postura asumida por las demandadas, incumpliendo con la aludida obligación de elaborar el listado pertinente, de conformidad con la normativa aplicable en la especie.


En tales términos, concluyó que resultaba claro que la medida solicitada aparecía como la única posibilidad de evitar el daño actual y posible que le produciría a la parte actora la aplicación de lo dispuesto en las normas cuestionadas tal como pretendían las codemandadas (y, en particular, MULTIMEDIOS S.A.P.E.M.), habida cuenta que la ejecución total de dichas previsiones generarían, en principio, mayores daños que los que se derivaban de la suspensión provisoria, con el alcance dispuesto.

Así, apuntó que en principio -dentro del acotado margen de conocimiento propio del presente incidente de medida cautelar- resultaba atendible considerar la urgencia solicitada por las empresas actoras con relación a la protección cautelar de los derechos cedidos por la AFA y la SUPERLIGA en forma exclusiva a ISAT y FOX “de comercialización, difusión, transmisión, reproducción y exhibición” de los Torneos de Fútbol de Primera División “A” y de todos los Torneos de Fútbol donde participen clubes de Primera División “A”, organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y/o la Superliga Profesional del Fútbol Argentino Asociación Civil (SUPERLIGA), con el fin de que no se viesen afectados -tales derechos- por la aplicación de las normas previstas en los arts. 77, 78 y 79 de la ley 26.552 y el art. 80 del decreto 1225/2010.

Por otro lado, ponderó que también resultaba que el peligro en la demora se encontraba configurado en la presente causa y que éste se advertía -en forma objetiva- en razón de los diversos efectos que podría provocar la aplicación de las disposiciones referidas a la relación jurídico contractual aludida, en las condiciones antes descriptas, lo que aconsejaba la adopción de la decisión propuesta. Máxime, si se tenía en consideración que la codemandada MULTIMEDIOS S.A.P.E.M., licenciataria de LT 85 TV Canal 12 de la localidad de Posadas, pretendía hacer valer la aplicación de la normativa citada, a fin de poder transmitir en su canal de televisión abierta determinados partidos de fútbol, según su exclusiva elección.

Por último, dejó sentado que resultaba claro que la tutela determinada no afectaba un interés público al que debiese darse prevalencia, porque con la medida dispuesta se mantenía el debido resguardo de la explotación de los derechos del fútbol, hasta tanto se pudiese examinar dentro del marco adecuado la constitucionalidad de la nomativa cuestionada en la causa; máxime teniendo en cuenta, en principio, la falta de interés estatal demostrada, en su caso, a través de la rescisión del contrato mencionado.

Como contracautela, requirió la prestación de una caución real, por la suma de pesos dos millones ($2.000.000), a efectivizarse mediante depósito en efectivo a la orden del Juzgado y Secretaría, valores, póliza de caución, entre otros (fs. 249/55 vta. del presente incidente).

II- Que, contra la resolución de primera instancia interpusieron recurso de apelación MULTIMEDIOS S.A.P.E.M., el Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM- y el Estado Nacional -Ministerio de Modernización- (v. fs. 262, 263, 264, 265, 266/70 y 271).

El Estado Nacional -Ministerio de Modernización-aduce que el tribunal ha hecho caso omiso a los recaudos previstos por el art. 13 de la ley 26.854 y por el art. 230 del Código Procesal para la procedencia de las medidas cautelares. Sostiene que no se encuentra acreditada la existencia de un daño inminente. Indica que no se verifican cuáles serían los derechos patrimoniales afectados, dado que lo normado no refleja su incidencia en los derechos de transmisión adquiridos, más aun al advertir que a la fecha el Consejo Federal de Comunicaciones no se ha expedido respecto a los eventos deportivos de interés, correspondientes al año 2017. Indica que habiéndose rescindido el contrato que unía al Estado Nacional con la AFA, no se advierte en la actualidad motivo alguno que obste al Estado Nacional a efectuar un obrar contrario a derechos patrimoniales de los cuales carece; así como que nada podría suponer que los torneos de fútbol donde participen clubes de primera división “A” organizados por la AFA podrían ser plasmados en un futuro listado de eventos de interés general confeccionado por COFECO. Apunta que aun cuando mediare la posibilidad de un perjuicio irreparable, la presunción de legitimidad impone una estricta apreciación de las circunstancias del caso. Por otro lado, señala que se encuentra en debate el normal desenvolvimiento de los servicios de comunicación audiovisual, que la ley 26.522 califica categóricamente como actividades de “interés público”. Sostiene que lo decidido en la causa respecto a la inaplicabilidad de los arts. 77, 78 y 79 de la ley 26.522, proyecta su incidencia en forma directa sobre la actividad primaria y exclusiva del Estado Nacional. También afirma que no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la actora. Al respecto, indica que de las normas impugnadas se colige la necesidad de que -para que pueda determinarse la obligación de ceder derechos de transmisión de actividades de interés relevante-es preciso la previa confección del listado pertinente; tarea a cargo del Consejo Federal de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Modernización de la Nación. Refiere que ese listado no habría sido aún redactado y que, por tal razón, lejos se encuentra de conformar la causal cierta y concreta de cualquier reclamo particular que se pretenda con sustento. Concluye que el reclamo de cesión de los derechos de transmisión del que resulta sujeto pasivo, no puede sustentarse en el presupuesto fáctico incondicional que lo cobija y que es, naturalmente, la inclusión del Torneo de Primera División A en curso, en el listado de acontecimientos relevantes al que se refiere el art. 77 de la ley 26.522. Solicita que se revoque la resolución apelada, con costas (fs. 266/70).

Por su parte, MULTIMEDIOS S.A.P.E.M. se agravia y considera que la medida cautelar debe ser revocada ya que -en su opinión- no se hallan reunidos los requisitos de toda cautelar. Afirma que no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho y que se ha incurrido en arbitrariedad y prejuzgamiento. Considera que la suscripción de un contrato de cesión de derechos audiovisuales ente dos asociaciones civiles (A.F.A. y Superliga Profesional de Fútbol Argentino) a empresas privadas, en nada puede influir respecto de la constitucionalidad o no de una ley emanada del Congreso de la Nación; así como que llama la atención que un acuerdo de partes, suscripto en el año 2017, pueda ser causa fuente de un planteo de inconstitucionalidad de una ley sancionada en el año 2010. Apunta que es incorrecto fundar la inconstitucionalidad de una ley en el contenido de un contrato y que, por el contrario, es el contrato el que resulta fuera de los parámetros de la ley. Critica lo decidido y señala que lo que la ley 26.522 defiende es el derecho de los ciudadanos, no el derecho del Estado Nacional; así como que es por eso que el anterior contrato no infringía los términos de la ley mencionada, ni la colocaba en una posición de pretendida inconstitucionalidad. Entiende que ceder los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol de manera exclusiva es contrario a lo dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la ley. Apunta que Causa Nº 60.150/2017/1: Incidente de Apelación en autos: “IMAGEN SATELITAL SA Y OTRO c/ EN- JGM Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”. no resulta aplicable la doctrina de los actos propios; así como que la cuestión que debe fundar la verosimilitud del derecho no reside en el análisis del pago por los derechos de transmisión, sino la exclusividad que sobre ellos se impone, en la medida que afecta la gratuidad dispuesta en el capítulo VII de la ley. Considera que tampoco puede ser fundamento para la verosimilitud del derecho el incumplimiento por parte del Estado Nacional de la obligación establecida respecto de la confección del listado de eventos de interés relevante, así como tampoco la afectación patrimonial que pueda derivarse de la aplicación de la ley a los actores. Por otro lado, sostiene que tampoco existe fundamento alguno que haga a la procedencia del requisito de “peligro en la demora”. Destaca que mencionar el hecho que MULTIMEDIOS S.A.P.E.M. pretenda hacer valer la aplicación de la normativa vigente, no hace sino demostrar que las partes tenían pleno conocimiento del plexo normativo que encuadraba la cuestión de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol. Como tercer agravio, cuestiona la contracautela establecida por considerar que resulta insuficiente frente al tenor del alcance e importancia de los derechos conculcados. En otro punto, sostiene que no es cierto que no exista afectación al interés público y, en último lugar, critica lo decidido por entender que no existe ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en lo establecido los arts. 77 a 80 de la Ley de Medios y el art. 80 de su decreto reglamentario. Solicita que se revoque la medida cautelar, con expresa imposición de costas (fs. 274/83).


El Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM-, en primer lugar, destaca que no ha sido parte del contrato celebrado entre la AFA y SUPERLIGA con los actores y cuestiona la aplicación de la doctrina de los actos propios. Indica que el hecho de que el Estado haya adquirido en su oportunidad los derechos de transmisión televisiva del campeonato de fútbol en forma onerosa no implica, de ninguna manera, la aceptación tácita de que ese evento no pueda incluirse en el listado de acontecimientos de interés relevante, como lo infiere el Sr. Juez de primera instancia. También refiere que no existen indicios serios, ciertos y concordantes que indiquen que el Estado Nacional hubiera dado comienzo a una actuación sindicada como agraviante para los derechos alegados por la actora; así como que -a la fecha- no se ha elaborado ningún listado de acontecimientos de interés relevante para el año 2017 y, por ende, no se ha dado el presupuesto fáctico de la pretensión cautelar. Indica que existió una errónea configuración en el caso, pues ha sido la codemandada MULTIMEDIOS S.A.P.E.M., y no el Estado Nacional, quien invoca la aplicación de la aplicación de la norma con un sentido concreto, como es la inclusión del campeonato de fútbol en el listado del art. 77 de la ley 26.522. No obstante ello, apunta que al momento de adoptar la decisión cautelar, se ha dejado incólume la constitucional del art. 77 de la ley 26.522; por lo que conserva su vigencia y presunción de legitimidad y no puede obviarse al momento de decidir en cualquier instancia de la presente causa. Pone de resalto que el Estado Nacional no actúa en su propio beneficio, sino que siempre lo hace en representación del interés general y determinado por el orden jurídico vigente, del que el mentado art. 77 de la ley 26.522 sigue formando parte. Considera que también ha mediado una arbitraria admisión del presupuesto de peligro en la demora, al omitir considerar el contenido de la propia reglamentación que se decidió suspender. Señala que el listado debía ser elaborado por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual primero y luego del dictado del decreto Nº 267/15, por el Consejo Federal de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Modernización de la Nación (Dto Nº 513/17). Además, apunta que la mecánica de implementación imponía su confección con una antelación de seis meses a su entrada en vigencia y la celebración de una audiencia pública previa, con intervención de las partes interesadas y el Defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (art. 77, párr. quinto y sexto, ley 26.522). Cuestiona que se haya admitido la cautelar prescindiendo de la obligada consideración del resto de los requisitos de progreso de la medida cautelar previstos en el art. 13 de la ley 26.854. Considera que no se ha ponderado la falta de verificación de la requerida verosimilitud de la ilegitimidad de la conducta estatal que amerite la protección provisoria; como así tampoco la necesaria afectación del interés público comprometido. Afirma que es evidente que la medida importa un avance ilegítimo sobre un ámbito de decisión reservado a favor del Poder Administrador y, consecuentemente, entorpece la adecuada gestión del interés público. Finalmente, pone de resalto que en la causa se discute la constitucionalidad del art. 77 de ley 26.522, a partir de la presunta incompatibilidad con el ejercicio de ciertos derechos de orden patrimonial, adquiridos a través de una contratación entre particulares, celebrada con posterioridad a la entrada en vigencia de la normativa cuestionada. Solicita que se revoque la cautelar, con costas (fs. 285/92).

A fs. 294/9, fs. 301/7 y fs. 309/14, obran los escritos de contestación de agravios que han sido presentados por la parte actora.

III- Que, inicialmente, corresponde recordar que -por regla- este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “TRANSBA SA c/ ENRE- Acuerdo Nota 99868 102539 y 102731 s/ amparo ley 16.986”, del 2/10/12; “FRADECO SRL c/ EN- Mº Desarrollo Social y otro s/ proceso de conocimiento”, del 10/3/16, entre muchos otros).

IV- Que, ello sentado, cabe poner de relieve que las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces (conf. Di Iorio, “Nociones sobre la Teoría General de las Medidas Cautelares”, pub. L.L., 1978-B, pag. 826; CNCCFed., Sala I, causa 289/94, del 10-2-94; idem Sala II, causa 9334, del 6-6-92; Sala III, causa 7815/01, del 30-10-01); así como que -para decretarlas- no se exige una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, sino un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir un “fumus bonis iuris”. De esta forma, resultan admisibles en tanto y cuanto si -como resultado de una apreciación sumaria- se advierte que la pretensión aparece como fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable (conf. Alsina, H., “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil”, t. V, pag. 452; Podetti, J.R., “Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral” -Tratado de las Medidas Cautelares-, pag. 77 y ss., Ed. Ediar; esta Sala, “GCBA- Procuración General- INC MED (6-X-10) c/ EN- M° Economía- OS (E/L) (Partida 453403) s/ proceso de conocimiento”, del 31/3/11; “TIMES SQUARE SA c/ LOTERIA NACIONAL SE s/ contrato administrativo”, del 16/4/13, entre otros).


En tales términos, el fumus bonis iuris debe entenderse como la posibilidad de existencia del derecho invocado y no como una incontrastable realidad, que sólo podrá ser alcanzada al tiempo de dictar la sentencia de mérito (conf. Morello, A. M. y otros "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. II- C, pág. 494, ed. 1986; esta Sala, “Cámara Argentina de Farmacias c/ EN AFIP DGI s/ Medida Cautelar (Autónoma), del 24/5/12; “Rossi Carlos Alberto c/ EN- INDEC s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/4/16, entre otros).

V- Que, desde la perspectiva suministrada por los principios indicados y tomando debida razón de las circunstancias que particularizan este caso, se advierte que -en autos- existen elementos suficientes que permiten considerar la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora y el peligro en la demora que ha sido constatado en la instancia anterior.

En efecto, frente a las contradictorias argumentaciones que han sido vertidas por los apelantes -que, además, carecen de aptitud para ser consideradas como una crítica concreta y razonada de la sentencia- lo decidido en primera instancia, aparece ajustado a las circunstancias -prima facie- acreditadas en la causa. Ello es así, habida cuenta que -como ha sido puesto de resalto por el Sr. Juez de primera instancia- en el limitado ámbito de conocimiento de esta medida cautelar se encuentran suficientemente comprobados los presupuestos que habilitan al otorgamiento de la tutela pretendida.

Esta conclusión a la que el magistrado ha arribado -como dejó sentado- no desde la certeza absoluta propia de un pronunciamiento definitivo, sino en el ámbito de conocimiento preliminar propio de una medida cautelar, encuentra adecuado
sustento en los términos del acuerdo de cesión de derechos por parte de la AFA y la SUPERLIGA, en forma exclusiva a ISAT (Imagen Satelital S.A.) y FOX (FSLA Holdings LLC) “de comercialización, difusión, transmisión, reproducción y exhibición” de los Torneos de Fútbol de Primera División “A” y de todos los Torneos de Fútbol donde participen clubes de Primera División “A”, organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y/o la Superliga Profesional del Fútbol Argentino Asociación Civil (SUPERLIGA). A lo que se anuda, en forma inescindible, la conducta desplegada por las demandadas -especialmente por MULTIMEDIOS S.A.P.E.M.- a los fines de la aplicación de lo previsto en los arts. 77, 78 y 79 de la ley 26.552 y el art. 80 del decreto 1225/2010; cuya suspensión ha sido acertadamente dispuesta -en primera instancia- de cara al evidente peligro en la demora que dicha circunstancia conlleva.

Adviértase que tales fundamentos centrales, que brindan adecuado sustento al otorgamiento de la cautelar, no han sido enervados por los recurrentes, sino más bien corroborados a juzgar por los hechos que surgen de los expresos e implícitos reconocimientos formulados por éstos, en sus intentos de cuestionar la medida de autos. Es que, si bien aquéllos han procurado restar valor a la posible inclusión del Torneo de Primera División A en el listado de acontecimientos relevantes previsto en el art. 77 de la ley 26.522, lo dicho por los apelantes no hace más que confirmar la existencia de un peligro cierto.

En este sentido, resulta suficiente con reparar en las argumentaciones contenidas en los memoriales de agravios: el Estado Nacional -Ministerio de Modernización, respecto a que aún no se ha expedido el Consejo Federal de Comunicaciones sobre los eventos deportivos de interés y que, si bien nada podría suponer que los torneos de fútbol donde participen clubes de primera división “A” organizados por la AFA podrían ser plasmado en un futuro listado, lo decidido importa atentar contra su potestad de declarar de interés público los eventos deportivos (fs. 266/70); MULTIMEDIOS S.A.P.E.M., que claramente pretende la inclusión en cuestión (en consonancia con las cartas documentos cursadas a la actora con anterioridad al inicio de la presente, v. fs. 274/83) y , por su parte, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), sosteniendo que el hecho que el Estado haya adquirido en su oportunidad los derechos de transmisión televisiva del campeonato de fútbol en forma onerosa no implica, de ninguna manera, la aceptación tácita de que ese evento no pueda incluirse en el listado de acontecimientos de interés relevante (fs. 285/92).

En suma, como se dijo, esas afirmaciones -mediante las cuales se ha pretendido negar la existencia del recaudo atinente al peligro en la demora- no han hecho sino corroborar -en la Alzada- la verificación sostenida en la instancia anterior.

Y ello es así, pues a tales fines -por regla- no resulta necesario comprobar la existencia del daño, sino sólo su posibilidad de producción.

En este punto, se impone recordar que este recaudo de admisibilidad (periculum in mora) constituye la justificación de la existencia de las medidas cautelares, tratando de evitar que el eventual pronunciamiento judicial que reconozca el derecho del peticionario llegue demasiado tarde. Puesto que se tiende a impedir que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes sus efectos (conf. esta Sala, “Cooperativa de Electricidad Consumo Crédito y otros Servicios Públicos de Antonio Carboni Ltda c/ AFSCA y otro s/ amparo ley 16.986”, del 12/5/15; Incidente de Apelación en autos:“Expreso Tigre Iguazú SRL c/ EN- Mº Transporte- CNRT s/ proceso de conocimiento”, del 18/5/17, entre otros).

VI- Que, por lo demás, frente a las inconducentes manifestaciones vertidas por los recurrentes, cabe dejar sentado que no ha mediado en autos declaración de inconstitucionalidad alguna de las normas cuyas suspensión provisional ha sido decretada, y que tampoco hubiese correspondido formular un pronunciamiento de esa índole, en razón del estado inicial del proceso, propio de una decisión cautelar.

Por último, es dable poner de resalto que la suspensión cautelar ha sido dispuesta con el límite temporal previsto en el art. 5º, apartado 1º, de la ley 26.854 y bajo caución real; así como que -en razón de ello y en los términos en los que ha sido concedida- la medida no provoca afectación alguna al interés público (conf. art. 13, inc. d), de la ley 26.854).
En tales condiciones y toda vez que -según criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- las medidas cautelares “…no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo acerca de su verosimilitud.”, pues “… el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.” (Fallos 306:2060; 328:3018; 329:4822; 330:2470; 330:2610, entre otros), corresponde concluir que -en la causa- se encuentran suficientemente verificados los presupuestos de admisibilidad requeridos ; sin que ello importe adelantar pronunciamiento sobre la admisibilidad de la presente acción.

Siendo ello así, corresponde desestimar los agravios vertidos por los recurrentes y confirmar la resolución apelada en cuanto admitió la medida cautelar requerida por la parte actora.


VII- Que, por último, en relación con la contracautela que ha sido materia de agravios de MULTIMEDIOS S.A.P.E.M. y en tanto resulta exacto lo que ha sido sostenido por ésta, corresponde admitir el planteo formulado en torno a la cuantía establecida en la instancia anterior, por resultar reducida.

Por ello, teniendo en cuenta las circunstancias que surgen del caso y la naturaleza de la cuestión planteada en la especie, que se encuentra vinculada a los derechos de comercialización, transmisión y exhibición de los partidos de los torneos de Primera División “A” del fútbol argentino, se estima adecuado elevar la caución real establecida (confr. art. 10 de la ley 26.854), a la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000). La diferencia de la caución que resulta del monto que -en el presente- se establece deberá instrumentarse en primera instancia, mediante depósito bancario, en efectivo, en títulos, bonos o a través de la constitución de seguros de caución, a la orden del Juzgado y de esta causa.

Por ello, se RESUELVE: 1º) rechazar los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, en cuanto otorgó la medida cautelar requerida por la parte actora; 2º) elevar el monto de la caución real establecida a la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000); y 3º) distribuir las costas de Alzada en el orden causado, en atención a las particularidades de la cuestión y a lo que por el presente se decide (conf. art. 68, ap. 2do. del C.P.C.C.).

Fecha de firma: 28/02/2018
Alta en sistema: 01/03/2018

Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA


Causa Nº 60.150/2017/1: Incidente de Apelación en autos: “IMAGEN SATELITAL SA Y OTRO c/ EN- JGM Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”.


Regístrese, notifíquese y devuélvanse.



JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO


SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ


Fecha de firma: 28/02/2018
Alta en sistema: 01/03/2018
Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA


#31067001#199337708#20180228104842706









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