- CONFIRMACIÓN DE SENTENCIA DE ORIGEN. BAREMO DE CUANTIFICACIÓN DE INCAPACIDADES NO CONSTITUYE REGLA RÍGIDA.


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Fallo Completo. | Origen: Argentina : Fecha 10/05/2018. Citar como: Protocolo A00404355179 de Utsupra.

CONFIRMACIÓN DE SENTENCIA DE ORIGEN. BAREMO DE CUANTIFICACIÓN DE INCAPACIDADES NO CONSTITUYE REGLA RÍGIDA.



Ref. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala: VIII.. Causa: 40164/2014. Autos: SEJOUR, Claudel c. Provincia ART S.A. s. Accidente-Ley Especial. Cuestión: baremo para cuantificar las incapacidades, dicha tabla no constituye una regla rígida. Fecha: 4-OCT-2018. // Cantidad de Palabras: 1351 Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos


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40164/2014

JUZGADO N° 13

AUTOS: "SEJOUR, Claudel c. Provincia ART S.A. s. Accidente-Ley Especial"

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes de octubre de 2018, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la pretensión indemnizatoria expuesta en la demanda con fundamento en la Ley 24.557. Viene en apelación la parte actora ( fs. 208/211) y la aseguradora (fs. 213/214).

II.- La prestación adicional de pago único, equivalente al 20%, establecida en el artículo 3° de la ley 26.773, es inadmisible. Los únicos accidentes excluidos de este adicional son los in itinere, supuesto que es el que nos ocupa. El accidente que sufrió el actor, ocurrió en el trayecto del trabajo a la casa. La norma cuya aplicación se pretende, dice "cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador...". No puede encuadrarse el accidente in itinere en dicho supuesto, pues estar a disposición del empleador implica poner su fuerza de trabajo para ser utilizada y no mientras el trabajador se encuentra transitando el camino mencionado, pues lo contrario importaría que durante tal trayecto témporo-espacial, devengaría remuneración (artículo 103 LCT) , lo que no sucede (ver sentencia del 21.10.2015, expte. N° 58354/2013/CA1, en la causa "Rodríguez, Marcelo c. GALENO Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s. Accidente - Ley Especial"). Es dable señalar que en la demanda no se introdujo el planteo de inconstitucionalidad de la normativa en cuestión. Por lo que, en este marco, no procede descalificar en abstracto dicha normativa, máxime que, como lo ha puntualizado el Máximo Tribunal de la Nación, la declaración de invalidez constitucional de un precepto de jerarquía legislativa constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (Fallos 324:920). Se ha reconocido en algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la facultad de los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas de derecho común. El ejercicio de esa facultad -no obligación, ni carga- depende de la razonable discreción de los magistrados. No encuentro, en el caso, argumentos que sugieran la razonabilidad de la actualización de esa facultad. Lo anotado se hace extensivo a lo peticionado en torno al Decreto 472/2014. Por lo expuesto, cabe confirmar lo resuelto en grado sobre el particular.

III.- El planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 inciso 2 a) LRT carece de toda fundamentación jurídica. La parte se limita a decir que el coeficiente de edad que integra la fórmula de la normativa vulnera el derecho de propiedad pero omite indicar cuáles serían los extremos que permitirían asignarle tal adjetivo. La aplicación de la doctrina sentada en el fallo "Méndez", se refiere a otro tipo de reparación, que no fue la vía elegida al demandar. No obstante, la declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma es la última ratio del orden jurídico y ello no constituye un fin en sí mismo, sino el medio para conjurar una eventual lesión de garantías constitucionales.

IV.- La aseguradora critica la eficacia probatoria otorgada a la pericia médica y expresa su disconformidad en torno al porcentaje de incapacidad psicofísico determinado por las afecciones que presenta el actor.

Los argumentos que alega la parte no alcanzan un registro suficiente para apartarse de los fundamentos y de las conclusiones que extrajo el perito médico (ver informe106/110 y contesta impugnación de fs. 166/167). No demuestra, como era su carga, que la pericia a la que remitió la sentenciante de grado contiene errores invalidantes de su eficacia probatoria. Si bien los jueces no se hallan vinculados por los dictámenes periciales, ciertamente, para apartarse de conclusiones técnicas de especialistas en un arte o profesión, los magistrados deben contar con argumentos objetivamente demostrativos del error. La aseguradora no ha ofrecido una estimación diferente, emanada de un baremo normativo, o doctrinario generalmente aceptado para fijar la incapacidad. Tampoco cuestionó, debidamente, el diagnóstico descripto por el facultativo. Por lo demás, el juicio de causalidad es, siempre, jurídico y es facultad del juez emitirlo con efectos vinculantes (artículos 386, 477 del C.P.C.C.N., 116 Ley 18.345).

En tal sentido, cabe señalar que en la causa "Pascua, Marina Andrea c. Mapfre Argentina ART S.A. s. Accidente-Ley Especial" (sentencia 39.176 del 23.10.2012) con remisión al enfoque que adoptó la Sala II en la causa " Emprendimiento Recoleta S. A. c. Arce, Juan Carlos y otro s. consignación" (sentencia 97.637 del 15.12.10), en lo que interesa expuse que:" Si bien la normativa complementaria a la LRT tiene un baremo para cuantificar las incapacidades, dicha tabla no constituye una regla rígida -que deba aplicarse mediante simples operaciones aritméticas- sino sólo una guía para estimar la disminución que ocasiona un cierto padecimiento. La elaboración de un dictamen médico no obliga a determinar la incapacidad en función de una pauta rígida derivada de aquéllos, sino de las apreciaciones que en cada caso el perito pueda hacer y en las que el baremo resulta una pauta razonable, pero no es el único elemento a considerar. La determinación de una minusvalía requiere la valoración de las circunstancias personales inherentes a la individualidad de cada ser humano". En definitiva, el órgano facultado para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación a lo que resulta de la evaluación de las constancias de la causa es el jurisdiccional. Por ello, y por las secuelas que presentó el actor producto del infortunio, cabe confirmar lo resuelto en el decisorio de grado.

V.- Pretende la aseguradora la modificación de la tasa de interés impuesta en el decisorio de grado (Actas 2601/2630 CNAT).

El agravio debe ser desestimado, por cuanto esta Sala comparte los argumentos volcados en las referidas Actas para justificar las tasas de interés impuestas en la sentencia de grado. A partir del 1° de diciembre de 2017, se aplicará lo resuelto por Acta CNAT N° 2658 del 8/11/2017, punto 3°) (Tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas, del Banco Nación).

VI.- Los honorarios apelados, en relación a la importancia, el mérito, la extensión de las tareas desarrolladas y las pautas arancelarias de aplicación lucen razonables y no deben ser revisados (Ley 21.839, Ley 24.432, artículo 38 Ley 18.345).

VII- Por las razones expuestas, propongo se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, con la salvedad de lo establecido en el considerando V del presente pronunciamiento; se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los que les fueron fijados en origen; se impongan las costas de Alzada en el orden causado atento el resultado de los recursos (artículos 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21839).

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, con la salvedad de lo establecido en el considerando V del presente pronunciamiento;
II) Imponer en el orden causado las costas de Alzada;
III) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los que les fueron fijados en la instancia anterior.
Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4° Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.-

LUIS ALBERTO CATARDO JUEZ DE CAMARA
VICTOR ARTURO PESINO JUEZ DE CAMARA



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