- SE RATIFICA RELACION LABORAL DESCONOCIDA POR LA EMPLEADORA. TAREAS DE AUDITORÍA. DESESTIMA DAÑO MORAL.


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Fallo Completo. | Origen: Argentina : Fecha 10/05/2018. Citar como: Protocolo A00404357882 de Utsupra.

SE RATIFICA RELACION LABORAL DESCONOCIDA POR LA EMPLEADORA. TAREAS DE AUDITORÍA. DESESTIMA DAÑO MORAL.



Ref. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala: II.. Causa: 47206/2010. Autos: PAZ MARIA EVA C/SWISS MEDICAL S.A. S/DESPIDO. Cuestión: SE RATIFICA RELACION LABORAL DESCONOCIDA POR LA EMPLEADORA. TAREAS DE AUDITORÍA. DESESTIMA DAÑO MORAL.. Fecha: 4-OCT-2018. // Cantidad de Palabras: 3695 Tiempo aproximado de lectura: 12 minutos


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Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 113 020

EXPEDIENTE NRO.: 47206/2010

AUTOS: PAZ MARIA EVA c/ SWISS MEDICAL S.A. s/DESPIDO

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 4 de Octubre del 2018 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación. El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia de fs. 338/346, dictada por la Dra. Dora Eva Temis, que receptó en lo principal la acción instaurada por la señora Paz, se alza la parte demandada a tenor del memorial de fs. 349/364 vta. cuya réplica obra a fs. 376/378, y la parte actora a mérito del memorial de agravios que obra a fs. 365, que mereció réplica de la contraria a fs. 371/374 vta.

A fs. 348 y 369 los peritos licenciado en sistemas y contador - respectivamente-, apelan la cuantía de los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos.

II. Explicó la actora, en el escrito inicial, que se desempeñó para la entidad accionada como auditora administrativa y que sus tareas consistían en la entrega de informes de auditoría en el área de Liquidación de Reintegros Corporativos, cinco días a la semana de 9,30 a 18,00 horas, entre el 1/07/2007 y el 18/08/2010, cuando, ante la negativa de Swiss Medical S.A. a reconocer el contrato de trabajo, que, según dijo, se encubrió mediante una locación de servicios, se consideró injuriada y, consecuentemente, despedida.

La empresa demandada se queja, esencialmente, de que la magistrada a quo tuviera por cierto que entre las partes medió un vínculo de tipo laborativo. Objeta, puntualmente, la valoración de la prueba testimonial, pues según dice, contrariamente a lo expuesto en grado se desprendería que la actora tenía plena independencia para llevar adelante la labor para la que fue contratada sin estar sujeta a órdenes de personal jerárquico de la compañía y sin horario de trabajo fijo. Hace hincapié en que, a su criterio, la señora magistrada a quo no consideró que entre las partes medió un contrato de locación de obra que finalizó en marzo del año 2010. Se queja asimismo porque la señora juez consideró aplicable al caso la presunción contenida en el art. 55 L.C.T .; también se agravia porque considera improcedentes los rubros diferidos a condena, por la forma en que fueron impuestas las costas del juicio y por la aplicación de intereses y su fecha de cálculo.

La parte actora cuestiona el rechazo de los rubros reclamados en concepto de vacaciones y daño moral,

III. Comienzo por señalar que se encuentra fuera de debate en el sub examine que la reclamante prestó servicios personales, como auditora con la finalidad de detectar falencias y fraudes al sistema de pagos de reintegros y pagos de gastos no contemplados en las especificaciones generales del sistema, en el marco de la organización productiva de Swiss Medical S.A.; concuerdo, así, con la Dra. Temis en que resulta plenamente operativa, en el caso, la presunción del art. 23 de la LCT, y, por tanto, coincido con ella, también, en que era la parte accionada quien debía demostrar que las tareas que le encomendó la empresa fueron cumplidas en forma libre y autónoma -sin sujeción a órdenes, instrucciones ni directivas- y que su vinculación, en suma, tuvo una naturaleza jurídica diferente a la laboral (art. 377 del CPCCN) y, en base a esas consideraciones, estimo que lo alegado por la apelante relativo a que la señora juez a quo invirtió la carga de la prueba sin sustento alguno resulta inatendible.

Ahora bien, cinco fueron los testigos que declararon a propuesta de la entidad demandada: Fernández (fs. 141), Blanco (fs.144), Diez (fs. 150), Miskolczi (fs. 151) y el testigo Fabián Estévez (fs.147).

Del testimonio de señora Fernández, que dijo ser gerente de la demandada en el área de Prestaciones, se observa que trabajó con la actora por un período aproximado de un año, esto es, desde la incorporación de la testigo a la empresa en el año 2009; que no tenía conocimiento de los días y horarios en que la actora prestaba tareas dado que la veía algunas veces y habrá tenido dos reuniones puntuales con la actora puesto que no estaba bajo la dirección de la gerencia en la que se desempeñó; que la actora recibía órdenes de la dirección general de Swiss Medical.
También, que tuvo conocimiento de que la relación laboral entre la señora Paz y la empresa terminó con la presentación de un informe final y que ello llegó a conocimiento de la deponente porque lo conversó con la gerente general Marisa Soria.

De la declaración del testigo Blanco, quien dijo ser director general del grupo, miembro del directorio como director titular y apoderado de la empresa, observo que no pudo precisar la frecuencia con la que la actora concurría a las oficinas para desarrollar las tareas por no constarle, que tenía contacto con ella de vez en cuando para comentarle el avance de su trabajo y, que trabajaban en edificios diferentes puesto que el señor Blanco lo hacía en el de Libertador 498 y la actora lo hacía principalmente en el de la calle 25 de Mayo.

A su turno, el testigo Diez, quien dijo ser director comercial de la demandada, refirió no saber qué días y horarios tenía la actora porque no trabajaba en el departamento del dicente; no saber cuánto ganaba porque si bien estaba contratada por honorarios puntualmente indicó desconocer de qué forma lo hacía e imaginarse que habría un contrato dando vueltas. Además, dijo tener conocimiento de que a la señora Paz se la contrató para una auditoría externa puntual porque esto es lo que le refirió el gerente general del prepago en ese momento, Marisa Silvina Soria; También observo, que el testigo refirió no saber porque la actora dejó de prestar servicios e imaginar que fue porque se habría cumplido con el ciclo del contrato.

A su vez, el testigo Miskolczi, gerente de operaciones de la demandada, explicó que luego del año 2008 no tuvo vinculación directa con la actora salvo algún cruce en el edificio. Por otra parte indicó que a la actora las órdenes de trabajo se las daba la dirección de la empresa, no saber hasta cuando trabajó, por qué motivo dejó de trabajar, no saber cuánto ganaba y saber que emitía factura en base a los honorarios pactados por comentarios de la gerencia general.

Finalmente, el señor Estévez dijo desconocer la forma en que se le pagaba a la accionante, cuándo comenzó a desarrollar las tareas de auditoría, a quién reportaba o de quién recibía órdenes e instrucciones y no saber por qué dejó de hacer sus tareas de control de auditoría sobre reintegros.

Las declaraciones sucintamente reseñadas supra, a mi modo de ver, son absolutamente insuficientes para desvirtuar la presunción del art. 23 de la ley 20.744, ya que ninguno de los deponentes aportó datos que permitan barruntar siquiera que la demandante tuviera libertad y autonomía para realizar sus tareas cómo quisiera ni cuando quisiera.

Muy por el contrario, Miskolczi aludió a la existencia de órdenes de la dirección de la empresa para la accionante y Estévez también hizo alusión a la existencia de órdenes e instrucciones.

Al contrario de lo expuesto en la crítica no considero que los dichos de los testigos demuestren que las labores que desempañara la reclamante en favor de la entidad accionada obedecieran "al libre ejercicio profesional", ninguno de los declarantes corroboró, además, que la pretensora fuera, en realidad, una profesional autónoma con capacidad de decidir el modo de llevar a cabo la tarea que como auditora le encomendó la accionada, tampoco cómo y cuándo hacerla.

Es que los testigos son contestes en indicar que a la actora le daba órdenes o directivas la dirección general de la empresa y puntualmente observo que la testigo Fernández -gerente de Swiss Medical en el área de prestaciones- dijo que la señora Paz hacía tareas de auditoría en un área que estaba bajo su supervisión y que analizaba y hacía recomendaciones que se plasmaban en un informe que luego giraba a la dirección de la empresa.

Agrego, asimismo, que el hecho de que la actora percibiera una retribución fija abonada en cuotas mensuales y consecutivas no impide la existencia de una relación de tipo laboral. No puedo dejar de mencionar, en este punto, que el art. 104 de la ley 20.744 reconoce específicamente esta situación contractual y dispone que "el salario puede fijarse por tiempo o por rendimiento, y, por unidad de obra (...)".
Por otra parte no se me escapa que si bien la demandada alegó en el memorial recursivo que la señora juez a quo no tuvo en cuenta que le comunicó a la accionante en marzo del año 2010 la rescisión del contrato de locación de obra, como así también que resultó absolutamente falso que hubiera desempeñado actividad alguna luego de esa fecha, lo cierto es que el Banco Santander Río acompañó un detalle de acreditaciones en concepto de haberes entrantes por parte de Swiss Medical S.A. en la cuenta de la señora Paz desde 07/2008 y hasta el 09/2010 (ver fs. 204/205). Este dato sella la suerte del debate.

Remarco, también, que la exclusividad no es una nota distintiva del contrato de trabajo, y, por esta razón, irrelevante resulta que la accionante prestara servicios comerciales para otros clientes, como esgrime la quejosa -circunstancia que, aclaro, ni siquiera está probada en la lid-.

Consecuentemente, la demandada no ha logrado desvirtuar el efecto presuncional que proyecta el art. 23 de la LCT, por lo que sugiero confirmar lo resuelto en grado en torno a que entre Swiss Medical S.A. y la señora Paz existió un contrato de trabajo (art. 21 de la LCT)
Por todo expuesto y dado que las restantes manifestaciones intentadas por la demandada no logran conmover los argumentos del decisorio atacado, voto por su confirmación en lo principal que decide.

IV. En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta los términos esgrimidos por la accionada en el memorial recursivo, deviene abstracto el tratamiento de los agravios esgrimidos los puntos sexto obrante a fs. 360, séptimo de fs. 360 vta. y octavo de fs. 361/361, en la medida que mediante ellos cuestiona la aplicación al caso de la presunción del art. 55 de la LCT, la procedencia de los rubros indemnizatorios y las multas de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y, en el punto décimo primero la entrega del certificado de trabajo.

V. Tampoco será acogida favorablemente la queja relativa a la admisión del incremento indemnizatorio que establece el art. 2 de la ley 25.323, en tanto la apelante ciñe el agravio a indicar que no corresponde su aplicación porque la actora inició la presente acción sin fundamento fáctico ni jurídico alguno y, dichas manifestaciones no cumplen con el requisito de admisibilidad que dispone el art. 116 de la L.O. amén de remarcar, que como he sostenido precedentemente, considero que la pretensión actoral halla sustento fáctico y jurídico que habilita la procedencia de la multa en cuestión.

VI. La demandada también objeta la procedencia de la multa dispuesta en el art. 80 L.C.T.

Sin embargo, estimo que no le asiste razón en el planteo que efectúa.

Es que la apelante se limita a expresar que la parte actora no dio cumplimiento con lo prescripto por el decreto 146/01 y, de la lectura de la causa surge sin hesitación que la señora Paz intimó a la entrega de los certificados que dispone el art. 80 L.C.T. mediante la comunicación telegráfica que obra a fs. 168, informando el Correo Argentino que esa misiva fue entregada en el domicilio de la
demandada el día 5/10/2010 a las 13,10 horas (ver fs. fs.171).

A influjo de lo expuesto corresponde desestimar la queja por infundada, también en ese aspecto.

VII. Controvierte la demandada la cuantía de la tasa de interés fijada en primera instancia, es decir, la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino que fija el Banco de la Nación Argentina para un plazo de 49 a 60 meses (actas n°. 2..600, 2.601 y 2.630 de la CNAT), ver décimo tercer agravio.

A criterio de esta Sala, la tasa mencionada es la adecuada para compensar la demora en el pago de las obligaciones y el daño derivado de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda provocado por la inflación que asecha la economía desde 2008, así como para punir la mora del deudor.

Remarco, además, que la tasa de interés no constituye un derecho adquirido de los contendientes y que, si bien el acreedor puede solicitar una específica al demandar, es el magistrado, en definitiva, quien la establece en el pronunciamiento que reconoce la existencia efectiva de créditos adeudados. Por estos motivos, opino que resultan inatendibles los argumentos que ensaya la quejosa en torno la imposibilidad de aplicar la tasa que emerge de las actas 2.600, 2.601 y 2.630 de la CNAT en forma retroactiva (arts. 3 del Código Civil derogado y 7 del Código Civil y Comercial) .

Por otra parte, cabe señalar que resulta inatendible la pretensión de que se fijen intereses desde el dictado de la sentencia, dado que lo que se establece en sede judicial es la procedencia de los rubros indemnizatorios y salariales como consecuencia de la desvinculación de la trabajadora y, por lo tanto deben retrotraerse los efectos del dictado de la sentencia a esa fecha pues es desde ese momento en que la demandada se encontraba obligada a su cancelación.

Sin perjuicio de ello, y atento la modificación introducida por el Acta 2658 del 8/11/2017 de la CNAT, agrego que la tasa de interés determinada en la instancia anterior regirá hasta el 1/12/2017, fecha a partir de la cual ésta se regirá por la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, que este Tribunal entiende adecuada para compensar la pérdida de valor adquisitivo derivada del paso del tiempo y para punir la mora del deudor (arts. 767 y 768 del Código Civil y Comercial y 622 del Código Civil derogado).

VIII. En torno a la solicitud de la aplicación de la ley 24.432 efectuada por la parte demandada, cabe destacar que dicho planteo sólo puede ser efectuado ante la señora juez competente para entender en la etapa de ejecución, para que, luego de dar intervención a los involucrados en la incidencia, resuelva acerca de la procedencia o no del "prorrateo".

IX. Corresponde dar tratamiento a la queja de la parte actora que controvierte la desestimación de la pretensión de condena por daño moral.

Estimo que la queja no puede prosperar dado que no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O.

Es que la parte actora ciñe la queja a indicar que la demandada fraguó contrataciones sucesivas para eludir cargas sociales y derechos de la actora por lo que se debe hacer lugar al reclamo, lo que de ningún modo puede entenderse como un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida. Nótese que carece de argumentos mediante los cuales la pretensora intente descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio de grado; tampoco invoca prueba cuya valoración considere desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia ( art. 116 L.O.).

La señora juez a quo con meridiana claridad indicó que no en todos los casos es procedente la reparación por los agravios extrapatrimoniales padecidos pues el módulo tarifado del art. 245 LCT subsume o mide sin rebajas ni aumentos posibles todos los intereses del trabajador que se encuentren involucrados. También, la señora magistrada a quo expresó que si bien en contraposición existen hipótesis en las que la reparación por daño moral no puede ser marginada si ésta pudo demostrarse porque el empleador o las personas que dependen de él y por las que debe responder han propinado agresiones o maltratos verbales al trabajador, de una manera constante y continua durante el desarrollo de la relación laboral o cuando se han impetrado conductas que por su gravedad entrañan un taque a la autoestima de la persona, el daño moral guarda relación adecuada con el ilícito y debe ser indemnizado, sea cual fuere la égida de la responsabilidad en la que se ubique la controversia, es decir contractual o extracontractual. Por último, la doctora Temis concluyó que en el caso de autos la actora no probó el perjuicio que dijo haber sufrido como consecuencia de las condiciones de labor.

Ninguno de estos aspectos fue atacado por la recurrente y, a mi modo de ver, la queja se asemeja más a un alegato que a la crítica concreta y razonada que impone la señalada norma procesal y, desde esta perspectiva deviene infundada y su desestimación se impone (cfr. art. 116 de la L.O.).

X. La doctora Temis desestimó la procedencia del pago de las vacaciones reclamadas por el período 2008 y 2009 en el entendimiento de que no resultan compensables en dinero (ver fs. 345 punto VI).

Contra esa decisión se alza la parte actora alegando que yerra la señora juez a quo en su decisión porque en la demanda alegó que esas vacaciones fueron gozadas oportunamente por la señora Paz y por ello, corresponde su pago. Estimo que le asiste razón.

Es que la parte actora alegó puntualmente que desde su ingreso no le abonaron las vacaciones aunque estas las gozó (cfr. fs. 7 vta. cuarto párrafo). En consecuencia, estimo que corresponde diferir a condena en concepto de vacaciones 2008 y 2009, la suma de Pesos nueve mil setecientos ochenta y ocho con ochenta centavos ($ 9788,80), teniendo en cuenta que llega firme a esta alzada por falta de cuestionamiento el salario que fijó la señora juez a quo para practicar la liquidación de condena.

XI. En definitiva, el monto total de condena alcanzará la suma de Pesos trescientos veintiocho mil ochocientos sesenta y ocho con treinta y cinco centavos ($328.868,35) que resulta de calcular ($319.079,55 (capital de condena) + $9788,80 (vacaciones años 2008 y 2009).

Cabe agregar que la suma diferida a condena seguirá sujeta a los intereses y pautas de cumplimiento fijadas en el considerando VII, lo que así dejo propuesto.

XII . La escasa significación de la modificación que auspicio no justifica una modificación de lo resuelto en materia de costas y honorarios siendo que, por otra parte, no advierto que las circunstancias de la causa conduzcan a apartarse del criterio rector que establece que la parte vencida (en este caso la demandada) se haga cargo de las costas de primera instancia (cfr. art. 68 del CPCCN).

Por ello, voto por mantener la sentencia apelada en cuanto a este aspecto.

XIII. Con relación a los estipendios regulados en grado a favor de la representación letrada de las partes actora, demandada, peritos contador, ingeniero e informático (16% , 14%, 7%, 7% y 7% respectivamente, del monto total de condena más intereses), atento la extensión y la calidad de las labores desarrolladas durante el trámite de primera instancia, considero que los regulados en grado lucen equitativos y ajustados a derecho, por lo que auspicio su confirmación (conf. arts. 38 de la L.O., y arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y decreto-ley 16.638/57).

XIV. Para finalizar, voto por imponer las costas de Alzada a la parte demandada (cfr. arts. 68 del CPCCN) a cuyo fin, y con arreglo a lo
establecido en el art. 14 de la ley 21.839, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas desarrolladas en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada, sugiero regular sus estipendios en el 30% y 30% de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la instancia anterior (arts. 14 ley 21.839 y 30 ley
27.423).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada elevando el monto total de condena a la suma de Pesos trescientos veintiocho mil ochocientos sesenta y ocho con treinta y cinco centavos ($328.868,35); 2) Confirmar la tasa de interés dispuesta en la sede de anterior grado con la aclaración de que la misma regirá hasta el 1/12/2017, fecha a partir de la cual corresponderá aplicar la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación; 3) Confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 4) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada; 5) Regular los estipendios a la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada, por su actuación en esta instancia en el treinta por ciento (30%) y treinta por ciento (30%), de lo que les corresponda percibir por su desempeño en origen; 6) Hágase saber a los interesados, lo dispuesto por el art. 1 de la ley 26.856 y por la Acordada de la CSJN N°. 15/2013, a sus efectos..

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara
Miguel Ángel Maza Juez de Cámara




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