- CHALHUB FRAU ADRIANA VILMA C/ OCHO ARMANDO RAMON RITO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.


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Fallo Completo. | Origen: Argentina : Fecha 02/13/2019. Citar como: Protocolo A00408352921 de Utsupra.

CHALHUB FRAU ADRIANA VILMA C/ OCHO ARMANDO RAMON RITO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.



Ref. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. Sala: E. Causa: 51763/2010. Autos: CHALHUB FRAU ADRIANA VILMA C/ OCHO ARMANDO RAMON RITO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. Cuestión: DAÑO MORAL. SECUELAS. INCAPACIDAD. ART BAREMO. COBRO DE SUMAS DE DINERO. DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILDAD INTEGRAL 1113. TASA DE INTERES. TASA ACTIVA. TASA PASIVA. OBRA SOCIAL. ENTIDAD BANCARIA. MORA. SANCIÓN. INTERSECCIÓN. LUCRO CESANTE. CHOFER. Fecha: 1-FEB-2019. // Cantidad de Palabras: 6180 Tiempo aproximado de lectura: 21 minutos


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AUTOS: CHALHUB FRAU ADRIANA VILMA C/ OCHO ARMANDO RAMON RITO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

TRIBUNAL: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL.

SALA: Sala: E.

CAUSA: 51763/2010

CUESTIÓN: DAÑO MORAL. SECUELAS. INCAPACIDAD. ART BAREMO. COBRO DE SUMAS DE DINERO. DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILDAD INTEGRAL 1113. TASA DE INTERES. TASA ACTIVA. TASA PASIVA. OBRA SOCIAL. ENTIDAD BANCARIA. MORA. SANCIÓN. INTERSECCIÓN. LUCRO CESANTE. CHOFER.

FECHA: 1-FEB-2019
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Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA E
Expte.56.175/2006 (J.108) "M.P.D.C/ A.R.O.R. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Expte.51763/2010 "CHALHUB FRAU ADRIANA VILMA C/ OCHO ARMANDO RAMON RITO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 1 días del mes de febrero de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala "E" para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "M.P.D.C/ A.R.O.R. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" y "C. F.A.V. C/ O.A.R.R. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" respecto de la sentencia única corriente a fs.1938/1962 del primero el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. DUPUIS. RACIMO. GAL MARINI.

A la cuestión planteada el Dr. Dupuis dijo:

I.La sentencia única de fs.1938/1962 de los autos "M.P.D.c/O.A.R.R.y otros s/ daños y perjuicios", reproducida a fs.1186/1210, hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a R.R.O.R. y a P. M. M. a abonar a P.D.M. la suma de $159.241,58, con más sus intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la producción del daño y hasta su efectivo pago y las costas del juicio. Y en los autos "C.F.A.V. c/O.R. A.R. y otros", condenó a O. y a P. M. M. a abonarle a la actora la suma de $184.000, con más sus intereses a la tasa antes indicada y las costas del juicio.

De dicho pronunciamiento se agravia la demandada y su aseguradora, quien cuestiona la responsabilidad que se le atribuye, como así también la tasa de interés fijada. También lo hace la actora en los autos "C.F., A. c/ O.", quien se queja del quantum resarcitorio, que considera exiguo, como así también a la denegatoria del rubro tratamiento psicológico y pérdida de chance. Obvias razones de método imponen el tratamiento, en primer lugar, de lo atinente a la responsabilidad.

II. Luego de analizar puntillosamente la prueba producida el a quo concluyó que el único responsable del accidente múltiple en el que intervinieron el vehículo Daihatsu Applause patente ANZ-417 conducido por P.D.M. fue el conductor del camión Mercedes Benz RRX 454 que embistió con su parte frontal al lateral derecho del Daihatsu que circulaba por el carril izquierdo. Y luego se desplazó a la derecha, embistiendo a la señora C.de C. y al vehículo Fiat 147, recién estacionado por ella sobre la mano derecha de la calle Duarte Quirós de la ciudad de Córdoba, por la que circulaban los tres vehículos, a unos doce metros antes de la intersección con la calle Concejal Peñaloza.

También valoró la falta de actividad probatoria de los accionados para acreditar los eximentes de responsabilidad que alegaron.

Sostiene la demandada y su aseguradora que de la causa penal surge claramente la culpa de la Sra. C., conductora del Fiat 147.

No comparto tal afirmación. Aún cuando es cierto que el ancho de la avenida Duarte Quiros es de solo dos carriles de circulación por mano, y que de las fotografías de fs.1067/74, que corresponden a la causa penal aquí fotocopiada surge que el vehículo de C. se encontraba estacionado contra el cordón de la acera, justo a la altura de un cartel con indicación de prohibido estacionar (fs.1073), lo cierto es que -como señaló el experto y se hizo eco el a quo- aquí no se trata de juzgar la falta administrativa en que habría incurrido ésta, sino de establecer si su presencia constituía o no un obstáculo insalvable, con incidencia causal en el accidente.

Según admiten los apelantes, el camión circulaba por el carril derecho y lo precedía en su marcha el Fiat 147. Por el carril izquierdo lo hacía el Daihatsu Aplausse, conducido por la Sra. M.. Ello indica que su conductor -O.- bien pudo advertir el momento en que el Fiat se detuvo, su conductora abre la puerta del lado izquierdo, desciende del vehículo, cierra la puerta, ya de pie se apoya de espaldas sobre la misma puerta esperando que pasaran los vehículos para poder cruzar la calle, según dichos de E.R., su acompañante (fs.1147/48 de los autos "C.").

Frente a ello, parece claro que el factor sorpresa no puede invocarse. Ello, más allá de que C. afirma haber hecho la señal de detención, lo que no acreditó.

El Daihatsu, no está discutido, circulaba por el carril izquierdo, por lo que es evidente que el camión se abrió hacia su izquierda, lo embistió, para luego embestir frontalmente a la señora C. y a la parte media del lateral izquierdo de su vehículo.

El estudio accidentológico efectuado en sede penal por el ingeniero Ramiro Ojeda también llega a la conclusión de que el camión Mercedes Benz actuó como embistente mecánico del Daihatsu Aplause, aunque con relación al Fiat nada concluye, a salvo que el conductor del camión "posiblemente al percibir la presencia de una persona de pie junto al Fiat 147" hace una maniobra evasiva consistente en un cambio de dirección hacia su izquierda, pero en esos instantes el camión era sobrepasado por el Daihatsu, ante lo cual el chofer del camión efectúa un frenado enérgico, pero debido al escaso espacio-tiempo se produce el embestimiento por parte del camión a la persona que se encontraba junto al Fiat 147 (ver fs.1084/86 de los autos C.).

La pericia técnica a que aluden los apelantes, se trata de un informe unilateralmente acompañado por M. a la causa penal, suscripto por el ingeniero Sonzini Astudillo quien, por lo demás, concluye que el efecto embestimiento fronto lateral DD por parte del Camión MB 1114, tuvo por "Causa", además de la imponderable interdicción de la Sra. C.F.en el normal derrotero del mismo "la falta del total control conductivo del operador del MB1114". De allí que no pueda otorgársele credibilidad a dicho informe que, obviamente, intenta excusar a M.. Ello, más allá de que los apelantes tampoco achacan la culpa a dicha actora.

Se afirma que ante la imprevista detención del Fiat 147 era imposible que el camión continuara su marcha normal. Se dice que no había espacio físico para su paso sin que se abriera impactando contra el Daihatsu.

Sin embargo, ninguna crítica se hace a las conclusiones de la pericia accidentológica vial glosada a fs.1083/86 que el juez transcribe, conforme a la cual este señala, en lo pertinente, "en determinado momento, posiblemente al percibir la presencia de una persona de pie junto al Fiat 147 que se encontraba detenido sobre el margen sur de la vía, el conductor del camión realiza una maniobra evasiva consistente en un cambio de dirección hacia su izquierda; pero en esos instantes el camión era sobrepasado por el Daihatsu Aplausse, ante esto es que el chofer del camión efectúa un frenado enérgico, pero debido al escaso espacio-tiempo se produce el embestimiento por parte del camión a la que se encontraba junto al Fiat 147 y el impacto de una zona del lateral izquierdo del camión con la parte lateral derecha zona media del Daihatsu; co mo consecuencia de este impacto, la conductora del Daihatsu pierde el control de su conducido y se dirige hacia el cardinal sur impactando con una de sus ruedas el cordón sur a una distancia de 5.50 metros del cordón oeste de la calle Concejal Peñaloza, para finalmente dirigirse hacia la zona de la ochava Sur-Este de la Av. Duarte Quiros y Concejal Peñaloza, impactando con el cordón y luego con el cartel indicador del nombre de las arterias, para finalmente quedar detenido en la posición documentada en el plano de la policía judicial de fs.50" .

Tampoco valoró las conclusiones de la pericia realizada a fs.1146/54 de los autos "M." en que el ingeniero Osvaldo Raúl Acevedo concluyó que la mecánica del choque del vehículo de la actora trata de dos colisiones sucesivas, la primera debida a la embestida del camión de la demandada sobre aquel y la segunda provocada por dicha embestida que la impulsa a desviarse de su trayectoria rectilínea y a impactar su frente contra el cartel indicador en la encrucijada con la calle C. Peñaloza.

Pero lo que aquí se muestra relevante y los apelantes no demostraron lo contrario, es que el experto afirmó que "La maniobra intempestiva del camión se debe a que ha tratado de evadir de arrollar a la conductora del FIAT 147 estacionado en el carril derecho a aprox. 15 mts. de la encrucijada citada y con su conductora parada al lado del mismo, con intensión aparente de cruzar la calzada. Este accidente se podría haber evitado si el conductor del camión hubiera circulado guardando la distancia adecuada a su vehículo precedente (el FIAT 147), de haber circulado con atención y pericia podría haber frenado a tiempo el camión, se constituye así el agente activo del accidente sufrido por los conductores del Daihatsu y del Fiat 147". Y más adelante, refiriéndose a la maniobra del Fiat 147 señala que "esta maniobra no puede haber sido instantánea dado que hubo de transcurrir un tiempo de frenado, y otro del descenso de la conductora del FIAT por lo cual el conductor del camión dispuso del tiempo necesario para frenar a tiempo luego de haber divisado el obstáculo que se le presentaba a la vista que era el 147, de haberse respetado la distancia antedicha el vehículo precedente se hubiera evitado el accidente. Y más adelante, luego de referir las huellas de frenado, tiempo de reacción, etc., señala que "solo una distracción u otra causa ajena puede hacer que el camión no haya frenado a tiempo, ejecutando la malograda maniobra evasiva hacia la izquierda realizándola en apariencia desesperadamente y a último momento que no alcanzó a ver por el retrovisor que lo estaba sobrepasando el Daihatsu. A la velocidad calculada el tiempo de reacción se estimó en1 seg. Y en ese tiempo el camión recorre 5.5 m., o sea que prácticamente todo sucede como que el conductor del camión no vio al Fiat 147 y cuando lo divisó ya era demasiado tarde. Se descarta que el motivo del accidente sea una frenada imprevista del Fiat 147 como así también de un descenso de su conductora imprevistamente rápido... La actora conductora del Daihatsu es incuestionablemente agente pasivo del accidente no interviniendo en el mismo".

Nada de lo aquí expuesto fue desvirtuado por los apelantes. Por lo demás, aún cuando la Sra. C. pretendía cruzar por un lugar prohibido, lo cierto es que no lo hizo, puesto que luego de bajarse de su vehículo, se quedó parada contra la puerta del mismo por lo que parece claro que la jurisprudencia que se cita no es aplicable al caso.

Es reiterada la jurisprudencia de distintos tribunales que han decidido que debe presumirse la culpa del conductor del vehículo embistente.Tal presunción, que parte del razonamiento del Juez en defecto o ausencia de pruebas directas, se apoya en cómo acaecen normalmente los hechos. Se trata de presunciones " hominis" o "judiciales" y, como tales, ceden ante prueba en contrario o frente a circunstancias que las tornan inaplicables y que demuestran que, pese a que uno de los conductores es el embistente, bien puede atribuírsele la culpa al otro, total o parcialmente (conf. mis votos en c. 78.790 del 16-11-90, 64.770 del 23-4-90 y 88.826 del 13-2-90, entre otros).

Y también quiero recordar que es doctrina del Tribunal que la presunción que emana del art. 1113 del Cód. Civil, si bien juris tantum, debe ser destruida por prueba categórica aportada por aquel sobre quien recae, y que acredite acabadamente alguna de las causales de exoneración que contempla la citada disposición legal, toda vez que incluso un estado de duda es insuficiente a los fines indicados (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", t. V, pág.393, ap.f y jurisprudencia cit. en notas 33 a 35; esta Sala, votos del Dr. Calatayud en cc.76.738del 4-12-90; 107.816 del 29-4-92; 112.351 del 15-792; 119.083 del 13-11-92; 120.417del 2-12-92; 114.089 del 30-12-92, etc.; mis votos en c. 70.239 del 2-8-90 y 69.995 del 6-7-90, etc.; voto del Dr. Mirás en c. 177.189 del 22-9-95). Vale decir que, por aplicación de esta doctrina, quedaba a cargo de la demandada la demostración de la eximente que cabe al caso (conf. Sala "F" en L.L. 1977-A-556, 34.007-S; esta Sala, c. 66.946 del 18-5-90, entre otras), lo que en el caso a mi entender no sucedió.

Por lo demás, todo conductor, como guardián de una cosa peligrosa, tiene la obligación de estar atento a las evoluciones del tránsito, debiendo recordarse que las normas que regulan la circulación vehicular lo obligan a conservar en todo momento el más absoluto dominio del automotor, según lo disponen los arts.65 y 67 de la ley 13.893 (conf. esta Sala, mi voto en c. 181.020 del 8/11/95). Y de lo que surge en estos actuados, la demandada no logró acreditar que esta conducta fuera la adoptada por el chofer del Mercedes Benz aquí demandado.

Ello es suficiente, a mi juicio, para propiciar que se desestime la presente queja.

IV. Se agravia la actora en los autos "C." por la que considera insuficiente indemnización por incapacidad sobreviniente, que el a quo fijó en $130.000, comprensiva de la física y psicológica.

El a quo describió con prolijidad tanto los antecedentes, como la pericia médica producida, que obra glosada a fs.577/80 de la que surge que la actora, como consecuencia del accidente, sufrió traumatismo de cráneo encefálico con pérdida de conocimiento, cicatriz de herida cortante en cola de ceja y arco superciliar izquierdo, fractura en grado II de extremo distal del cúbito y radio; fractura de superciliar de fémur izquierdo, expuesta multifragmentaria grado III. Se le realizó cirugía, se le pusieron clavos, bota larga de yeso, se le realizó un auto injerto parcial de piel en la cara postero externa de su muslo izquierdo, una tracción transcondilia del fémur, tuvo que volver a ser intervenida. Posee cierta disbacia. En la zona del antebrazo izquierdo como secuela, en topografía cubital, tercio distal, hay una cicatriz quirúrgica de 5 cm y medio por 0.3 cm, flexión palmar disminuida, extensión conservada, músculos de zona tenar, hipotenar e hinterosios con normotrofismo, etc. Como consecuencia de la fractura de fémur con disimetría de miembros inferiores con acortamiento superior a 4 cm y pérdida parcial degenu en muñeca izquierda son secuelas permanentes y definitivas (fs.577/80). Por una incapacidad parcial y permanente y definitiva del 49% de la T.O., según baremos ley 24.557.

Por su parte, el perito médico traumatólogo, quien dictamina a fs.837/40 concluye que la incapacidad de la actora es del 44% de la total obrera que discrimina en un 24% por su lesión en el fémur izquierdo; 12% por su lesión en la muñeca izquierda, 8% por las lesiones cicatrizales que surge de la aplicación del baremo Dto. 659/9 de la ley 24.557. De acuerdo al método de la capacidad restante, la incapacidad física alcanza a un 40,16% (fs.876/878).

En el plano psicológico, padece de un estrés postraumático que le produce una incapacidad parcial, total y permanente del 35% de la total, según la Escala de la Minusvalía producto de Enfermedades Mentales (A.M.A. 1977).

En cuanto al monto concedido por la incapacidad determinada por los expertos, que es cuestionado por la actora, esta Sala tiene dicho en forma reiterada que a los fines de establecer la indemnización por incapacidad debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil de la víctima, también es preciso meritar la disminución de sus posibilidades, su edad, cultura, estado físico, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación (conf. mis votos en L. 34.743 del l0/3/88; ídem, n° 44.825 del 3/5/89;ídem, íd, c.n° 6l.742 del 27/2/90; ídem, íd., l07.380 del 23/4/92, entre varios otros), aunque sin atenerse a pautas matemáticas (ver, entre otras, causa mencionada n° 6l.742; ídem, c.l06.654 del l4/4/92, etc.). Y en el caso, cuadra tener en cuenta la entidad de las lesiones que surgen de las pericias producidas en autos y que le ocasionaron a la actora la incapacidad física y psicológica ya reseñada, que limita sus posibilidades futuras. También es preciso computar su edad a la época del evento (47 años), el hecho de que se desempeña como profesora de lenguas, actualmente viuda, con cuatro hijos; incidencia de la incapacidad en su vida de relación; nivel socio-económico de la víctima que es de presumir, la circunstancia de que el resarcimiento no contempla únicamente el aspecto laboral, sino la totalidad de los del ser humano y la incidencia que la incapacidad habrá de tener en ellos (ver L.6l.903, con voto del Dr. Mirás, del l2/3/90; L. n°45,086 del l0/5/89, con voto del Dr.Calatayud; mi voto en L.n°45.623 del 22/5/89, entre varias otras).

Asimismo, es criterio de la Sala que los cálculos porcentuales de incapacidad establecidos pericialmente no vinculan al juzgador, constituyendo una referencia a considerar (ver causas n°ll4.450 y ll4.45l del 7-9-92 y ll4.858 del 30-9-92, con voto del Dr. Mirás, entre otros), debiendo aquel pronunciarse sobre la incidencia en la vida de relación de la víctima de las dolencias verificadas por el profesional y, a partir de estas comprobaciones, fijar la cuantía resarcitoria por este rubro (conf. votos del Dr. Mirás en c.ll3.8l6 del 28-8-92 y ll4.858 del 30-9-92,entre otros).

En base a esos elementos, habré de propiciar se eleve el monto fijado en la anterior instancia a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) (art. 165 del Cód. Procesal), por considerarlo más equitativo.

V. En lo que hace al daño moral, aspecto sobre el que también centra sus agravios la actora, como lo señalara esta Sala en numerosos precedentes, cualquier hecho ilícito que produce afección a los íntimos sentimientos de la persona, aunque provenga de actuar meramente culposo, es decir, sin intención de agraviar, provoca in re ipsa un daño moral resarcible.

Desde otro ángulo, conforme criterio reiterado de la Sala, a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa, la existencia de perjuicios materiales, las condiciones personales del autor del hecho y de la víctima, etc, quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conforme causas n° 43.l69 del l8-4-89; 8l.l34 del 24-l2-90 y 8l.236 del 25- 4-9l; Sala "D", E-D.43.7 40; Sala "F", E.D. 46-564; etc).

En base a tales pautas, teniendo en cuenta la entidad de las secuelas ya descriptas, índole de la incapacidad, y demás circunstancias del expediente, es que habré de propiciar se eleve la indemnización a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000).

VI. En cuanto a los gastos de asistencia médica, de farmacia y traslados, como surge de la sentencia y es doctrina de la Sala, ellos no requieren prueba documental, debiendo ser admitidos siempre que resulten verosímiles en relación con las lesiones provocadas por el evento dañoso (conf.mi voto, c.44.825 del 2-5-89; c.138.134del 3-2-95; c.146.971 del 16-6-94, con voto del Dr. Calatayud; c. 69.534 del13/7/90,con voto del Dr. Mirás,etc).

No obsta a la admisión de la partida la pertenencia de la víctima a una obra social o su atención en hospital público, pues existe siempre una serie de gastos que se encuentra a cargo de los afiliados o parientes y que aquellos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala,causas n°107.157 del 304-92, 113.652 del 24-8-92 y 127.547 del 19-4-93,n°119.174del15-12-92 y 146.808 del 18-5-94, con votos del Dr. Calatayud; causas n°154.150 del 610-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala "M", c.61.766 del 27-3-91; Sala "C", c.129.891 del2-11-93; etc). Por lo antes expresado y considerando los gastos en que debió incurrir la actora durante su convalecencia, considero que el monto concedido deberá elevarse a la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000), que estimo más equitativa.

VII. En lo que hace al tratamiento psicológico, la actora se queja de que pese a que en la pericia psiquiátrica se hace mención al mismo, el sentenciante guarda silencio sobre su procedencia y no otorga indemnización alguna.

Y a mi juicio, no le asiste razón a la apelante, por cuanto dicho rubro no fue reclamado en la demanda, ello hace que la cuestión ahora traída ante esta Alzada, al no haber sido planteada debidamente ante el a quo, excede el ámbito de tratamiento de esta segunda instancia de acuerdo con la limitación impuesta por el art. 277 del Código Procesal y en virtud del principio de congruencia, de modo que el Tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", t. 1, com. art. 277, nro. 2, págs. 851/2 y citas insertas en la nota Nro. 4; esta Sala, c. l39.103 del 29/10/93, entre muchas otras). Por lo que no hay agravio que atender.

VIII. Se queja la actora por el rechazo de la pérdida de chance reclamada.

La chance es la posibilidad de un beneficio probable, futuro ya que integra las facultades de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privar de ésta al sujeto conlleva daño, aun cuando pueda ser dificultoso estimar su entidad, porque lo perdido, frustrado, en realidad es la chance y no el beneficio esperado como tal. La pérdida de esta oportunidad configura un daño actual -no hipotético- resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable y puede ser valorada en sí misma, incluso prescindiendo de su resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad, convirtiéndose así en un daño actual resarcible (CNCom., Sala A, in re: "Pérez Elizabeth c. Fiat Argentina S.A. s/ ordinario", del 17/09/2004; y antecedentes y citas allí efectuados). Dicho de otro modo, la pérdida de chance configura una frustración de una posibilidad de obtener ingresos (Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", Depalma, Buenos Aires, pág. 70). Es a partir de dicha perspectiva que parecería factible acoger la reclamación recursiva referida a la posibilidad de mutar, de lucro cesante a pérdida de chance, el título del resarcimiento pretendido por la actora (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F en "Diagnóstico Médico S.A. c. Quatro Latina S.A. s/ ordinario" del 21/05/2015 publicado en ED 263 , 86; LA LEY 11/08/2015 , 9 ;LA LEY 2015-D , 352 ; LA LEY 19/08/2015 , 8 ; LA LEY 2015-D , 488; RCyS 2015-IX , 123 ;DJ 14/10/2015 , 61,citaon line AR/JUR/24300/2015). Ello en el plano doctrinario.

Empero, como señalara, la incapacidad sobreviviente abarca cualquier disminución física o psíquica que afecte la capacidad laborativa del individuo, como aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad; es que la integridad corporal tiene, por valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente de beneficios, por eso, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, siendo comprensivo este ítem del rubro pérdida de la "chance" (conf. esta Sala en "C., M. A. c. R., H. O. y otros", del 10/02/2006 La Ley Online AR/JUR/78/2006).

A mayor abundamiento este Tribunal ha decidido que este ítem está comprendido dentro del concepto de incapacidad sobreviniente y así parece entenderlo la quejosa cuando refiere que es portadora de una grave incapacidad derivada del accidente, siendo que, por otro lado, conforme el concepto brindado en su oportunidad, aquélla abarca, precisamente, la merma de posibilidades no sólo en el aspecto puramente laboral, sino también en otras que se desenvuelven en diferentes áreas, como ser la social, familiar, etc. Por ello, admitir el criterio que sustenta la apelante, sería tanto como indemnizar dos veces la misma cosa, lo que representaría un enriquecimiento indebido en su patrimonio a expensas de los obligados, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional (ver votos del Dr. Mirás en causas n°228.309 del 5-12-97 y n°438.262 y 438.263 del 10-12-2006). Por ello, habré de postular que se desestime el agravio de la actora y sin que ello incida en la indemnización por incapacidad sobreviniente, en la que se valoran las citadas secuelas y su influencia en la evolución laboral futura.

IX. El juez admitió los intereses, que fijó en la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la producción del daño y hasta la fecha de su efectivo pago. De ello se agravia la demandada y su aseguradora, quienes solicitan se fije un 8% anual desde la producción del hecho hasta la sentencia.

Antes de proceder a la determinación de la tasa aplicable, debo dejar aclarado que durante la vigencia del Código Civil se rigen por esa ley anterior, en tanto que los nacidos a partir del 1° de agosto de 2015 quedarán alcanzados por las previsiones contenidas por el Código Civil y Comercial sancionado por la ley 26.994, ya que representan consecuencias de una situación jurídica anterior (art. 7 del citado Código Civil y Comercial).

En efecto, no se trata de determinar las condiciones en las cuales el acreedor puede demandar los daños y perjuicios, regidas por la ley vigente al día de la obligación, sino de la cuantía de la tasa, que está en relación directa con el interés del dinero en una época determinada, vale decir que es la que corresponde al momento en que el acreedor se encuentra privado de su capital y no a la época en que nació la obligación. De tal manera, si la tasa legal de interés se modifica durante el estado de mora, la nueva ley se aplicará a los créditos existentes, para los intereses que se devenguen a partir de esa modificación (ver Roubier, Paul, Les conflicts des lois Dans le temps, ed. Sirey, París, 1933, t. 2 pág. 21; CNCiv. Sala H, voto del Dr. Mayo, en J.A. 2009-IV, 583).

Ello establecido y con relación a los intereses posteriores al 1-8-15, el art. 768 del Código Civil y Comercial establece que los intereses moratorios son debidos a partir de la mora del deudor y la respectiva tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales y c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

En el caso de autos, no se configura ninguno de los dos primeros supuestos, en tanto que la reglamentación emanada del Banco Central no ha establecido hasta el presente una tasa de interés moratorio específicamente aplicable a los fines del citado art. 768, inc. c). Por consiguiente y dado que dicha omisión no puede redundar en perjuicio del acreedor, es indudable que los jueces se encuentran habilitados para fijarla dentro de las previstas por las reglamentaciones de dicha entidad bancaria oficial.

De acuerdo a lo expuesto, los réditos debidos desde la fecha del hecho y hasta el dictado de la sentencia deberán ser calculados a una tasa del 8% anual, toda vez que recaen sobre importes fijados a valores actuales (ver, entre muchas otras, causas 527.451 del 12-5-09, 579.837 del 31-10-11 y 615.823 del 14-8-13 y nuevo criterio de la Sala "E" recién citado). Igual conclusión habrá de adoptarse para los devengados a partir del 1° de agosto de 2015, debiendo los posteriores a la sentencia y hasta el efectivo pago calcularse a la activa, cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días que publica el Banco de la Nación Argentina.

Ello así, por cuanto en el caso de las deudas de valor -como lo son las que integran la indemnización de daños impuesta en este pronunciamiento- es menester aplicar dos tasas de interés diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible y hasta que se determinó el valor de la prestación, y otra desde este último momento hasta su pago. La primera debe ser pura, vale decir que no debe contener componentes inflacionarios, ya que el monto de la obligación se determina conforme al valor que ella reviste en el momento de la cuantificación, de modo tal que de aplicarse una tasa que contemple la depreciación del signo monetario, se estaría reconociendo dos veces la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, con el consiguiente enriquecimiento sin causa del acreedor en desmedro del patrimonio del deudor (ver Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. V págs. 158/59).

Por el contrario, una vez determinado el valor de la obligación, cabe utilizar las tasas de interés corrientes en plaza reguladas por el Banco Central que usualmente contienen elementos destinados a paliar o corregir la inflación, ya que a partir de ese momento cobran vigencia las reglas contempladas en los arts. 756 y sigtes. del Código Civil y Comercial que regulan las obligación de dar dinero, de manera que no será posible una nueva cuantificación de la deuda a valores actuales (ver Lorenzetti, Ricardo Luis, op. y loc. cits.; Márquez, José Fernando, Las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y Comercia l, en diario L.L. del 9-3-15, cita online AR/DOC/684/2015).

Esta Cámara, en sendos fallos plenarios, dejó establecido que los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos y los que acceden a la corrección del monto indemnizatorio por depreciación monetaria, se liquidarán desde la fecha en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. c. "Gómez, Esteban c/Empresa Nacional de Transportes" del 16-12-58, publ. en L.L. 93-667 ó J.A. 1959-I-540, y c."Consorcio de Propietarios Talcahuano 1278 c/Houbey, Alicia E. s/cobro de pesos" del 20-7-76, publ. en E.D. 67-539 ó L.L. 1976-C-175 ó J.A. 1976-IV-379), por otra parte con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos "Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios del 2/8/93 y "Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios" del 23/3/04, que lo ratificó, estableciendo -en una decisión que ya no resulta obligatoria a raíz de la sanción de la ley 26.853 y consecuente derogación del art. 303 del Código Procesal-, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido ("Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios").

La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 6-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-894, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a. ed., t. I pág. 338 n 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V) esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/4/09).

El Dr. Galmarini dijo:

Por razones análogas a las expresadas por el Dr. Dupuis voto en el mismo sentido, salvo en lo atiente a la tasa de interés aplicable.

Como integrante de la Sala "F" de esta Cámara a partir del fallo dictado el 14 de febrero de 2014 en los autos "Zacañino Loloir Z. c/ AYSA s/ ds. y perjuicios" (expte. 162543/10, L. 628.426) adherí al criterio según el cuál la tasa activa prevista en el fallo plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios", del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, por entender que en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena. Consecuentemente considero que corresponde confirmar lo resuelto en primera instancia sobre los intereses.

El Dr. Racimo dijo:

Por análogas razones a las expuestas por el Dr.Dupuis, voto en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto. F.M.RACIMOJ. L.GALMARINI. J.C.DUPUIS.

Este Acuerdo obra en las páginas n° a n° del Libro de Acuerdos de la Sala "E" de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, febrero 1 de 2019.-
Y VISTOS:
En virtud de lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide, y los intereses en la forma dispuesta en el último considerando. En relación a los autos "C. F., A.V.c/ O. A. R y otro s/ daños y perjuicios", se eleva la indemnización a la suma total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($675.000). Las costas de Alzada se imponen a la demandada y su aseguradora. Notifíquese y devuélvase.-

Fecha de firma: 01/02/2019

Firmado por: FERNANDO MARTIN RACIMO - JUEZ -,
Firmado por: JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: JOSE LUIS GALMARINI, JUEZ DE CAMARA






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