- B. M. F. y S. C. por divorcio bilateral


UTSUPRA

REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA
Y SUCESIONES
Director Claudio Belluscio
Coordinadora: Karina A. Bigliardi

Editorial Jurídica | Cloud Legal










Fallo Completo. | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: REVISTA DE FAMILIA UTSUPRA Protocolo A0054456 de Utsupra.

B. M. F. y S. C. por divorcio bilateral



Ref. Especial para Utsupra. REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES NÚMERO 2. OCTUBRE DE 2019. Tema: "Distintos aspectos de la filiación". Director Claudio Belluscio. Coordinadora: Karina A. Bigliardi. B.- DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA. PODER JUDICIAL DE MENDOZA. Expte. Nro. 2153/17/1F “B. M. F. y S. C. por divorcio bilateral” TOMA INTERVENCION.- // Cantidad de Palabras: 4422 Tiempo aproximado de lectura: 15 minutos


B.- DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA. PODER JUDICIAL DE MENDOZA
Expte. Nro. 2153/17/1F “B. M. F. y S. C. por divorcio bilateral” TOMA INTERVENCION .-

Sr. Juez de primer Juzgado de Familia de Mendoza Dr. Carlos Neirotti
Eleonora Lamm, Subdirectora de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, toma intervención conforme la remisión conferida en autos. La intervención de esta subdirección de Derechos Humanos surge de lo dispuesto por el consentimiento informado (CI) firmado por las partes en el que se dispone: “en caso de divorcio o muerte de uno o ambos miembros de la pareja, será la autoridad competente quien decida el futuro destino de los embriones criopreservados.” Este párrafo motiva el pedido de autorización judicial para efectuar el descarte de embriones, no obstante, debo aclarar que no solo en nuestro marco legal actual no se requiere autorización, como explicaré luego, sino que de ese aparatado no se desprende que la autoridad competente sea la judicial. Sin embargo, atento a que en Mendoza no hay autoridad administrativa abocada que haya dictado normas o resoluciones en este sentido, resulta conveniente la expedición por parte del juez interviniente en el proceso de divorcio para evitar mayores dilaciones. En este marco y con las aclaraciones efectuadas, esta Subdirección entiende que corresponde autorizar lo solicitado, mas quisiera manifestar que para el futuro o en futuras situaciones, este requerimiento de autorización judicial resulta en un dispendio jurisdiccional innecesario atento a que si el descarte de embriones no está expresamente prohibido por la ley entonces el juez no tiene por qué autorizar una práctica que entonces es legalmente posible. Conforme lo establecido por nuestra Constitución Nacional, todo lo que no está prohibido está permitido. En nuestra legislación aun está pendiente regular mediante ley la protección que se le ha de conferir a los embriones in vitro, mas de esta laguna legal no se desprende una prohibición, conforme surge del principio de legalidad. Por otro lado, cuando se firmó el CI no estaba vigente el CCYC que incorpora al marco civil la convencionalidad. Es decir, hoy contamos con un marco civil constitucionalizado y convencionalizado que baja a la ley civil lo previsto por el marco internacional de los Derechos Humanos, en su totalidad, lo cual incluye lo dispuesto en el caso Artavia Murillo y otros c. Costa Rica. Soy consciente que el artículo 19 del CCYC relativo al comienzo de la persona humana, y la consecuente naturaleza del embrión in vitro, es una norma que desde su mismo germen y origen fue discutida y debatida, sin embargo, corresponde efectuar algunas aclaraciones. Como sostiene el CECTE, el comienzo de la existencia de la persona y el comienzo de la vida son conceptos sustancialmente diferentes. En primer lugar cabe decir que la cuestión sobre el inicio de la vida humana es uno de los interrogantes más complejos sobre los que aún no existe consenso en ningún campo y disciplina. Al respecto, la Corte IDH en el caso “Artavia Murillo” que se verá luego, sostuvo que “se trata de una cuestión valorada de diversas formas desde una perspectiva biológica, médica, ética, moral, filosófica y religiosa”, y coincidió con tribunales internacionales y nacionales[49], “en el sentido de que no existe una definición consensuada sobre el inicio de la vida”[50]. Consecuentemente tampoco yo pretenderé vislumbrarlo.
Pero además, el concepto de “vida” puede aplicarse tanto a células individuales como al conjunto de células que forman un embrión o un adulto. Por consiguiente, la gameta femenina (óvulo), la masculina (espermatozoide), y el cigoto que se forma por la unión de ambas, están vivos. Quizás la forma más sencilla de comprender la diferencia entre el comienzo de la existencia de la persona y el comienzo de la vida es compararlas con el concepto inverso, es decir la muerte o finalización. La ciencia y la ley establecen criterios estrictos para definir la muerte o finalización de la existencia de una persona aun cuando gran parte de sus células sigan vivas por un tiempo no despreciable[51]. Concretamente, imaginemos un caso de muerte encefálica. Obviamente en ese cuerpo hay muchas células vivas, incluso el corazón puede seguir latiendo (precisamente a los efectos de un trasplante, fin último del establecimiento médico del criterio de muerte encefálica), no obstante jurídicamente la persona está muerta.
Hecha la distinción, la función de un código civil es establecer desde cuándo comienza jurídicamente la persona, el régimen de la filiación y las consecuencias o efectos de la personalidad y de los lazos jurídicos creados (derecho sucesorio, derecho de alimentos, etc). ¿Acaso un embrión in vitro podría heredar? ¿O se podrían reclamar alimentos en su favor?
Efectuada esta aclaración, concretamente, el significado jurídico de la palabra concepción fue establecido y especificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica resuelto el 28 de noviembre de 2012[52].
Así, la constitucionalidad de la no personalidad del embrión in vitro ha sido resuelta por la CIDH en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica.
Cabe destacar, que no se trata de una voz más, sino de la expresión más autorizada de la región, obligatoria para todos los Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Además Argentina no solo ratificó la Convención, sino que le otorgó jerarquía constitucional[53].
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos integra el llamado “bloque de la constitucionalidad nacional”. Se trata de aplicar en “las condiciones de su vigencia” al que se refiere el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional de un tratado de derechos humanos como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos con jerarquía constitucional originaria (conf. caso Giroldi del 07/07/1995, Fallos 318:514, en especial, considerando nro. 11; y el caso “Mazzeo”, Fallos 330:3248). De este modo, la jurisprudencia de la Corte IDH debe ser efectivamente considerada, so pena de incurrirse en responsabilidad internacional (art. 27, Convención de Viena). La jurisprudencia de la Corte IDH es obligatoria para cada juez de la República Argentina; el órgano jurisdiccional local, aun oficiosamente, debe realizar el test de convencionalidad y, en esa labor, debe atender a la interpretación que la Corte IDH hace de la Convención. En efecto, en el caso "Almonacid Arellano v. Chile", ese tribunal afirmó, enfáticamente, que los poderes judiciales del sistema interamericano deben tomar en cuenta no solo la convención Americana de Derechos humanos sino también la interpretación que de ella hace ese tribunal por ser su intérprete final. Dicho criterio fue recogido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en jurisprudencia consolidada que invoca, además, el art. 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados (Fallos 330:3248). La Corte Federal ha reiterado esta doctrina, entre otras sentencias, en “Rodríguez Pereyra, Jorge y otro v. Ejército Argentino”[54], al reafirmar el control de oficio de constitucionalidad de las normas con base en el deber del control de convencionalidad. En el caso Artavia Murillo la Corte IDH considera que corresponde que se pronuncie sobre cómo debe interpretarse el término “concepción” contenido en el art. 4.1 del Pacto de San José. A ese fin, resalta que “la prueba científica concuerda en la pertinencia de diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación. Sólo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite afirmar que existe concepción. Conforme esa prueba constata que, si bien el óvulo fecundado da paso a una célula diferente, con la consecuente información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca lograra implantarse en el útero, no podría desarrollarse, pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado”. Concluye, entonces, que “el término “concepción” no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede. Prueba de lo expuesto, es que sólo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo una vez que se ha implantado el óvulo fecundado en el útero, al producirse la hormona denominada “Gonadotropina Coriónica”, detectable sólo en la mujer que tiene un embrión unido a ella. Antes, es imposible determinar si en el interior del cuerpo ocurrió la unión entre el óvulo y un espermatozoide, o si esta unión se perdió antes de la implantación.”
Pero el aporte de esta valiosa sentencia no se limita en desentrañar el sentido de la palabra concepción sino que avanza mucho más, reconociendo la reclamada tesis de la gradualidad. En este sentido, la Corte advierte que no existen muchas regulaciones normativas específicas sobre la FIV en la región y que, ante la ausencia normativa, los Estados permiten que la FIV se practique dentro de sus territorios. Ello significa que, en el marco de la mayoría de los Estados Parte, se ha interpretado que la Convención permite la práctica de la FIV. La Corte considera que estas prácticas en los Estados se relacionan con la manera en la que éstos interpretan los alcances del artículo 4 de la Convención, pues ninguno ha considerado que la protección al embrión deba ser de tal magnitud que no se permitan las técnicas de reproducción asistida o, particularmente, la FIV. Dicha práctica generalizada está asociada al principio de protección gradual e incremental -y no absoluta- de la vida prenatal y a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona.
A este importante avance se suma una aclaración fundamental: la Corte afirma que el objeto y fin de la expresión "en general" contenida en el artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso, señala que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos, en especial los derechos de la mujer.
Estos dos ultimos aportes implican, sin lugar a dudas, significativos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido cabe destacar que en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación[55] en un fallo histórico por su novedad (por primera vez la corte se pronuncia sobre aborto) contenido y alcance zanjó la discusión relativa al inciso 2 del art. 86 del Código Penal estableciendo que comprende a los abortos que se practiquen respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación, sea o no su víctima “demente o idiota”.
En este fallo, la Corte manifestó que, de la previsión contemplada en el art. 3 de la Convención Americana —en cuanto estipula el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica—, tampoco se puede derivar la incompatibilidad del aborto no punible con la Convención Americana. De hecho, la Corte afirmó que el art. 3 de la Convención no puede ser interpretado de forma aislada del art. 4, que establece las formas concretas en que el bien jurídico “vida” es amparado por la Convención. En este sentido, el art. 4 establece que el derecho a la vida es protegida por ley, en general, desde el momento de la concepción. La Convención, incluyó la expresión “en general”, porque, en palabras de la Corte, “no quiso establecer una protección absoluta del derecho a la vida de éste” (CSJN, F.,A.L.; considerando 10, énfasis agregado).
Además, la Corte Federal ha sostenido en el caso F.A.L que la observación por la cual se entiende por niño a todo ser humano desde la concepción “no constituye una reserva que en los términos del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño – rige en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución-. Esto porque como surge del texto mismo de la ley, mientras que el Estado argentino efectuó una reserva con relación al artículo 21 de la Convención, respecto del artículo 1 se limitó a plasmar una declaración interpretativa (ver al respecto, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1999, Volumen II, A/CN.4/SER.A/1999/Add.1, Parte 2, Directrices aprobadas por la Comisión en su período de sesiones Nº 51 —1.2; 1.3—)” (considerando 13); otorgándosele un carácter o fuerza menor que un texto constitucional, extensible a los textos convencionales.
Si la propia CSJN ha dado prevalencia a los derechos de la mujer por sobre los del feto sobre la base del reconocimiento de la gradualidad, esta misma tesis se traspola o se debe traspolar en materia de embriones. Si el feto tiene menos protección que una persona, el embrión también la tiene, y, si somos consecuentes con la tesis de “a mayor viabilidad mayor protección”, entonces el embrión también tiene menos protección que el feto y prevalece la autonomía de las partes.
La sentencia del caso Artavia ha sido revisada tres años más tarde por la propia Corte IDH[56] en el afán de que sus sentencias sean efectivas y cumplan su principal objetivo reparador de la violación de los derechos humanos en juego, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Concluye que “el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales perpetuando una situación de violación a los derechos a la vida privada y familiar que podría generar graves e irreversibles consecuencias en aquellas personas que requieren acceder a esta técnica de reproducción". Y declara que, de ahora en adelante, “la prohibición no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio de los referidos derechos protegidos por la Convención (…) debe entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio del derecho a decidir sobre si tener hijos biológicos a través del acceso a dicha técnica de reproducción asistida, tanto a nivel privado como público, sin necesidad de un acto jurídico estatal que reconozca esta posibilidad o regule la implementación de la técnica". En tal sentido, ordena que el Decreto Ejecutivo mantenga su vigencia hasta tanto el Legislativo promulgue la ley correspondiente, reafirmando el acuerdo de solución amistosa suscripto entre los demandantes y el Estado de Costa Rica el 4/08/2016[57], acuerdo que fuera homologado por la Corte IDH en fecha 29/11/2016[58].
Sin perjuicio de lo dicho, cabe destacar que el art. 19 es parte de un Código por lo que corresponde efectuar una interpretación sistémica. Es que el art. 20, el siguiente, dice que por concepción se entiende el lapso entre el mínimo y máximo del embarazo, y esto sucede cuando el embrión está dentro de una persona y se implanta, sólo allí puede haber embarazo. A su vez, el art. 21 dice que todos los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la persona quedan irrevocablemente adquiridos cuando la persona nace con vida, aludiéndose expresamente a la implantación. A esto se suma el art. 561 que sostiene que “El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión”, de lo que se desprende sin dudas que el embrión no es persona, porque de serlo, la revocación del consentimiento se permitiría hasta la fecundación, y no hasta el implante. Sin perjuicio de lo dicho, y lo que es más elocuente aún, es que la disposición transitoria segunda dice que la protección del embrión no implantado se reserva para una ley especial, por lo tanto, se deriva que el embrión no implantado no es persona, de lo contrario, estaría regulado en el propio texto del Código Civil y no en una ley distinta y separada de éste. Por último, el nuevo Código regula la filiación derivada de las TRHA, con lo que difícilmente para el CCYC el embrión puede considerarse persona. Esto se condice con lo dispuesto por la ley 26862, vigente en nuestro país, que permite la crioconservación de embriones, la donación de embriones y la revocación del consentimiento hasta el momento del implante[59]. Precisamente, si esta ley considerara persona al embrión no permitiría ninguno de estos supuestos.
Todo esto genera un sistema cuya conclusión no puede ser otra que la no personalidad del embrión in vitro.
Teniendo en cuenta estas premisas, descartar la personalidad jurídica del embrión in vitro no implica negar que su uso supone dilemas éticos y legales que demandan una ley especial cuyos intentos fracasan[60].
Es de interés público establecer una legislación equilibrada que proteja todos los intereses en juego. En el interín, no corresponde deducir prohibiciones cuando no hay marco legal que asi lo prevea.
En el primer caso en el que, en el marco de un proceso de divorcio, se dirimió un conflicto respecto a la cuestión de la naturaleza jurídica del embrión, se resolvió su descarte, incluso sucediendo antes de nuestra ley 26862 y el CCYC.
En el caso se presentan las partes solicitando su divorcio por presentación conjunta (arts. 215 y 236 del Código Civil ya derogado). En la primera audiencia los entonces cónyuges, pusieron de resalto que, con anterioridad, se habían sometidos a TRHA de cuya práctica habrían quedado ocho embriones criopreservados. Ante esta revelación que nada tenía que ver con el objeto del proceso, el juez, de oficio, decide suspender el proceso y solicita la intervención del Defensor de Menores "en defensa de los intereses de las personas por nacer" y ordenó al Cuerpo Médico Forense que se acercara al centro médico para tomar conocimiento sobre la situación de los embriones, corroborara la cantidad y cualquier otra consideración que estime oportuno en torno a ellos.
El matrimonio apeló esa decisión y el Defensor de Menores interviniente reafirmó su intervención y defendió lo resuelto por el magistrado de la instancia de origen, aunque solicitó sustituir la medida dispuesta -presencia en el centro de salud para interiorizarse por los embriones- por el diligenciamiento de un oficio al centro médico a los mismos fines.
Finalmente, en el fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del 30/03/2006[61], se revoca la decisión de primera instancia entendiendo que "la cuestión incidental no se ha originado en un conflicto de intereses que exija dirimir judicialmente la cuestión relativa a la intangibilidad de los embriones crioconservados. Por ello no corresponde pronunciarse sobre aspectos que avanzan sobre decisiones privativas inherentes al proyecto de procreación de los padres".
De esta manera, conforme lo dicho y habiendo manifestado expresamente las partes su deseo de proceder al descarte de embriones corresponde hacer lugar a lo solicitado respetando la autonomía, libertad reproductiva e integridad de las personas



CITAS LEGALES


[49] Corte Suprema de los Estados Unidos, Caso Roe Vs. Wade, 410 U.S. 115, 157 (1973) (“No necesitamos resolver la difícil cuestión de cuándo comienza la vida. Si los que están formados en sus respectivas disciplinas de la medicina, filosofía y teología no logran llegar a consenso alguno, la judicatura [...] no está en situación de especular una respuesta”). Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, Caso Smeaton Vs. The Secretary of State for Health, [2002] EWHC 610 (Admin), Voto del juez Munby, párr. 54 y 60 (“No es parte de mi función, tal como lo concibo, determinar el momento en que comienza la vida [...]. Así, aún la biología y la medicina no pueden decirnos el momento preciso en que ‘la vida’ realmente empiece”). Corte Suprema de Justicia de Irlanda, Caso Roche Vs. Roche & Ors, Sentencia de 15 de diciembre de 2009, [2009] IESC 82, Voto del juez Murray C.J (“En mi opinión, no debe ser un tribunal de leyes, confrontado con las opiniones más divergentes, aunque las más eruditas disponible en las citadas disciplinas, pronunciarse sobre la verdad de momento preciso cuando comienza la vida humana”); Voto del juez Denham J, párr. 46 (“Esto no es el arena adecuada para tratar de definir ‘la vida’, ‘el comienzo de la vida’, ‘el momento que el alma entra en el feto’, ‘vida en potencia’, ‘la singular vida humana’, cuando comienza la vida, u otros imponderables relacionados con el concepto de la vida. Esto no es el foro apropiado para decidir principios de la ciencia, la teología o la ética. Esto es un tribunal de leyes a que se ha sido solicitado interpretar la Constitución y tomar una decisión jurídica acerca de la interpretación de un artículo de la Constitución”). Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-355 de 2006 (“Considera esta Corporación que determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se han dado varias respuestas, no solo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa, o la moral, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas, y cuya evaluación no le corresponde a la Corte Constitucional en esta decisión”). TEDH, Caso Vo. Vs. Francia, (No. 53924/00), GC, Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 84. 2
[50] Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Aportes del CELS a los debates legislativos sobre derechos sexuales y reproductivos. 2015. Disponible en: http://www.cels.org.ar/common/documentos/cels_aborto_WEB_con_tapas%20(1).pdf
[51] CECTE, Ética de la investigación científica y tecnológica y Derecho: El comienzo de la persona y el tratamiento del embrión no implantado (2014).
[52] Ver KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., HERRERA, M. Y LAMM, E., “El embrión no implantado. El Proyecto de Código y su total consonancia con la CIDH”, Revista La Ley, 28/12/2012, p. 1 y ss.; La Ley 2013-A, 907
[53] Es dable recordar que la Corte Federal en el caso “Mazzeo” (Fallos 330:3248) enfatizó que “la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” lo cual importa “una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos” (considerando 20º). Esta pauta de interpretación no lo es sólo para resolver conflictos judiciales, sino también como una manda para otros poderes del estado como lo es el Legislativo, el encargado de dictar leyes infraconstitucionales para que estén a tono con el llamado “bloque de la constitucionalidad federal”.
[54] CSJN Fallos 335:2333.
[55] “F.,A.L. s/medida autosatisfactiva” (CSJN, F.,A.L., 2012).
[56] Corte IDH, 26/02/2016, “Caso Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) c. Costa Rica s/ supervisión de cumplimiento de sentencia”, cita web http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/artavia_26_02_16.pdf
[57] Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/acuerdo_326_esp.pdf, compulsada el 3/04/2017. 10
[58] Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_326_esp.pdf, compulsada el 3/04/2017.
[59] Así, la reglamentación se dedica expresamente a la cuestión del consentimiento y su revocación, sosteniendo que “El consentimiento informado debe ser prestado por la persona que requiera la aplicación de técnicas de reproducción médicamente asistida, antes del inicio de cada una de ellas. El consentimiento informado y su revocación deben documentarse en la historia clínica con la firma del titular del derecho expresando su manifestación de voluntad. Se aplican, en lo pertinente, la Ley Nº 26.529 de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud y la Ley Nº 25.326 de protección de los datos personales”. En lo que respecta a la revocación del consentimiento se afirma que “En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad el consentimiento es revocable en cualquier momento del tratamiento, o hasta antes del inicio de la inseminación. En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, el consentimiento es revocable hasta antes de la implantación del embrión”.
[60] Así sucedió con el proyecto integral de TRHA que aunque tuvo media sanción de la cámara de diputados (581 y 4058-D-14 OD 1003), perdió estado parlamentario. Este proyecto, por un lado descartaba la personalidad del embrión in vitro al prever en el articulo 12 que “En caso de crioconservación de gametos o embriones (…), transcurridos diez (10) años desde la obtención del material genético, cesará la crioconservación o serán destinados a la investigación conforme a los parámetros que fije la reglamentación.” Por otro lado, en cuanto a la protección, establecía en su articulo 14 que “A partir de la sanción de la presente ley, se prohíbe: a) La comercialización de embriones; b) La comercialización de gametos crioconservados; c) Toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia; d) La utilización de embriones viables para experimentación o investigación que no respeten los parámetros fijados por la autoridad de aplicación.”

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