- P., A. F. C/ B., J. R. S/ FILIACION


UTSUPRA

REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA
Y SUCESIONES
Director Claudio Belluscio
Coordinadora: Karina A. Bigliardi

Editorial Jurídica | Cloud Legal










Fallo Completo. | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: REVISTA DE FAMILIA UTSUPRA Protocolo A0055357 de Utsupra.

P., A. F. C/ B., J. R. S/ FILIACION



Ref. Especial para Utsupra. REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES NÚMERO 2. OCTUBRE DE 2019. Tema: "Distintos aspectos de la filiación". Director Claudio Belluscio. Coordinadora: Karina A. Bigliardi. JURISPRUDENCIA. C.- NEGATIVA A LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA GENETICA. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes. Febrero 8 de 2019. P., A. F. C/ B., J. R. S/ FILIACION. // Cantidad de Palabras: 4422 Tiempo aproximado de lectura: 15 minutos


C.- NEGATIVA A LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA GENETICA
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes. Febrero 8 de 2019.

C05 38799/6
En la ciudad de Corrientes, a los ocho días del mes de febrero de dos mil diecinueve, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº C05 - 38799/6, caratulado: “P., A. F. C/ B., J. R. S/ FILIACION”.

Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SE PLANTEA LA SIGUIENTE:
C U E S T I O N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?
A la cuestión planteada el doctor Semhan dijo:
I. A fs. 447/456 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad (Sala III) desestimó el recurso deducido por el demandado y, en su mérito, dejó firme la sentencia de primera instancia que declaró a D. P. hija del Sr. J. R. B. y lo condenó a abonar la suma de $20.000 en concepto de reparación de daño moral, a la vez que le impuso las costas en calidad de vencido.
II. Para así decidir la Alzada expuso los fundamentos que se sintetizan a continuación:
a) Que se trata de un proceso de familia en el que rige el principio de las cargas probatorias dinámicas receptado en el art. 710 del Cód. Civ. y Comercial, razón por la cual el accionado contaba con la posibilidad de aventar toda duda sometiéndose a un simple examen, no obstante lo cual ha demostrado una actitud obstruccionista y carente de colaboración procesal.
b) Que el proceso ha atravesado múltiples vicisitudes en el intento de producir la prueba de ADN, las que se detallan minuciosamente, habiendo incluso el Juez de oficio —antes de dictar sentencia— fijado audiencia para la extracción de muestras, bajo el expreso apercibimiento de los arst. 4 de la ley 23.511 y 919 del Cód. Civil. Aún así el demandado no se sometió a la prueba ordenada a pesar de que en audiencia le fueron explicadas las consecuencias disvaliosas de esa conducta y el valor negativo que acarrea.
c) Que las pruebas producidas por el demandado no acreditan su versión ya que la circunstancia de que los testigos no hubieran conocido la relación amorosa no prueba que ésta no haya existido o que, sin ser un vínculo formal, hubieran tenido un simple contacto.
d) Que, sin perjuicio de la orfandad probatoria de la madre respecto de su relación con el demandado, en autos se alza el interés público en la averiguación de la identidad de la niña que hoy ya ha adquirido la mayoría de edad, sin poder concluir este juicio.
e) Que el fallo no se basa en las manifestaciones de una de las partes sino en el indicio grave que existe en contra del demandado por su falta de colaboración procesal, tal como lo prevee el art. 579 del Cód. Civ. y Comercial.
f) Que frente a la tensión de derechos que pudiera presentarse entre el de la intimidad y el de conocer la identidad tanto el Cód. Civil nuevo y la Corte Federal han sido contestes en la no obligatoriedad de dicha prueba, pero dejando a salvo las consecuencias disvaliosas para aquél que se niegue.
g) Que resulta procedente la indemnización "re ipsa loquitur", sin que sea menester especiales probanzas sobre la negativa al reconocimiento de un hijo y en el caso la suma acordada merece ser confirmada por guardar razonabilidad en el marco de los antecedentes existentes de causas similares.
III. Disconforme con la decisión el demandado interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que nos ocupa (fs. 461/463 vta.), denunciando valoración arbitraria y absurda de la prueba, al sustentarse la decisión —a su entender— en la conducta de su parte y la sola manifestación de la contraria. Sostiene que el Cód. Civ. y Comercial confiere a la negativa a colaborar con la producción de la prueba genética el carácter de indicio grave, que no es lo mismo que una presunción, en tanto requiere de un breve complemento que lo corrobore. Niega que hubiera habido falta de colaboración de su parte o temor al resultado adverso de la prueba, sino que tan sólo ha hecho uso de su derecho constitucional a no someterse a ella cuando no ha hecho nada que hubiera podido dar lugar a la demanda. Afirma que su parte ha probado la inexistencia de relación alguna entre las partes, lo que implica una prueba en contra de la presunción.
IV. El recurso se dirige contra sentencia definitiva dictada en proceso de conocimiento pleno, exento de la carga económica en función de lo dispuesto en el art. 238 inc. j del Código Fiscal (en cuanto incluye a "...las actuaciones judiciales... atinentes al estado de las personas.) y con cumplimiento de las reglas técnicas de la expresión de agravios. La impugnación resulta pues admisible.
V. Cabe señalar que en cuanto se tiende a cuestionar el análisis de determinadas conductas asumidas por el accionado en el proceso, que pudieran adquirir el significado de actos obstaculizadores o renuentes en la producción de la prueba biológica, así como el hecho de dar por acreditada, a ese respecto, la paternidad del mismo en la filiación en cuestión, conduce en su totalidad al examen de cuestiones de índole estrictamente fácticas y probatorias, que no puede tener lugar en esta instancia, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad. Al respecto se ha sostenido que: "Determinar la existencia del nexo biológico en una demanda de filiación extramatrimonial, así como el análisis de los alcances probatorios del indicio que resulte de la negativa a someterse a la realización del examen genético, constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisables, en principio, en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo" (S.C.B.A., sent. del 11/09/2002, en autos: "D., B. L. c. E., H. J. s/ Reclamación de filiación extramatrimonial").
VI. Previo a ingresar al estudio de la cuestión que nos convoca cabe efectuar las siguientes consideraciones: En primer término, no debe perderse de vista que el meollo del caso que nos ocupa involucra el derecho de una persona a conocer su identidad de origen, el que se incluye entre los derechos y prerrogativas esenciales e intransferibles del hombre y de la sociedad.
En efecto, poder conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural al ser humano, que incluyendo lo biológico, lo trasciende. Tiene que ver con la necesidad de encontrar las raíces que den razón del presente a la luz de un pasado que aprehendido permita reencontrar una historia única e irrepetible. Así lo ha dicho nuestra Corte, destacando que lo que está en juego es la dignidad de la persona, porque es la específica "verdad personal", es la cognición de aquello que se es realmente, lo que el sujeto naturalmente anhela poseer, como vía irreemplazable que le permita optar por proyectos de vida, elegidos desde la libertad. Pues ésta es, finalmente, la que resulta mancillada cuando el acceso a la verdad es obstruido. La capacidad para definir independientemente la propia identidad es central para cualquier concepción de la libertad (Corte Suprema de Justicia de la Nación, voto del doctor Petracchi, LA LEY, 1991-B, 485).
El despliegue del reconocimiento de la identidad filiatoria, que se relaciona con el dato genético y biológico (estática), y otra dinámica, que presupone el vínculo social y/o jurídico en la relación parental (Schiro, María Victoria, "El derecho al conocimiento de los orígenes biológicos y su ejercicio autónomo en las diferentes fuentes de la filiación", RDF 68-101, AP/DOc. 59/2015.), reclama exigencias de justicia que se enmarquen en un derecho procesal de familia cada vez más humanista (Famá, María Victoria, "Alcances del principio de oficiosidad en los procesos de familia", RDF, 69-153.)
VII. En segundo lugar, también vale destacar que según Morello señala, ya sea que se eche mano a la moderna concepción procesalística de las cargas dinámicas de la prueba o a la visión solidarista del proceso mismo, es inocultable que el proceso de filiación supera el mero interés de las partes como centro de distribución del onus probandi, acentúa un criterio de efectiva cooperación y reclama un rol más activo del demandado, descartándose aquéllos comportamientos que se limitan a una cómoda negativa (Morello, Augusto; La obligación de cooperación para acceder a la verdad en el ámbito del proceso, en Jurisprudencia Argentina, 1991-III-52 y Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba. La colaboración al órgano sin refugiarse en el sólo interés de la parte, en El Derecho, 132-953). Por tanto cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los tribunales conlleva que dicha parte es quien debe comportarse solidariamente para que el órgano judicial pueda descubrir la verdad.
VIII. En este contexto y enfocando en el análisis de los agravios deducidos recordamos que el art. 4° de la ley 23.511 prevé al respecto "Cuando fuese necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia. La negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente."
La "verosimilitud de la pretensión" a la que se refiere el precepto citado no significa ni puede significar que para la operatividad de la carga de extracción de material genético del demandado por filiación exista necesidad de previas pruebas sobre las relaciones sexuales del presunto padre con la madre al tiempo legal de la concepción. Sino significa que debe haber ausencia de prueba que excluya la posibilidad de tal relación íntima (por ej. enfermedad, impotencia sexual, esterilidad, viaje al exterior, privación de la libertad, etc.) No se trata de una norma que requiera a la parte accionante que acredite verosímilmente la filiación invocada mediante la demostración de extremos que tornen probable la existencia de relaciones sexuales al tiempo de la concepción. Sino de una norma que requiere inexistencia de prueba acerca de una imposible filiación. Acerca de este punto de la norma, toda la doctrina autoral es coincidente en su interpretación.
El art. 579 del Cód. Civ. y Comercial prevé que la negativa a aportar el material genético debe ser valorada por el juez como un indicio grave contrario a la posición del renuente, adoptando una solución casi idéntica a la del art. 4 de la ley 23.511. Es similar y no idéntica porque el indicio en la norma que se anota tiene el carácter de grave.
No obstante lo expuesto, en causa similar hemos dicho que, a la luz de la llamada "constitucionalización del derecho de familia" y, en especial, el desarrollo en torno del derecho a la identidad, puede considerarse como doctrina virtualmente uniforme que la negativa injustificada del demandado a someterse a la prueba biológica en proceso de filiación configura un elemento de juicio suficiente para, por sí sola, hacer lugar a la pretensión filiatoria, si no existen elementos de convicción que motiven la solución contraria.
No se trata del desconocimiento por los juristas de la palabra de la ley, sino de la labor del intérprete de dar a las leyes la inteligencia que deben tener dentro del contexto jurídico general, dando preeminencia —como la Corte Suprema ha establecido— al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del Derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias (Fallos: 302:1611; 312:111, entre otros). ("STJ Ctes. Sent. N° 41 del 15/05/2012 en autos "Y., E. E. c. V. A. D. s/ reclamación de estado").
IX. Ahora bien, la tacha de absurda de la decisión de la Cámara se relaciona con la valoración de la prueba complementaria que ha venido a reforzar al indicio grave legalmente previsto respecto de la resistencia del demandado al sometimiento a la prueba de ADN y generado de esta manera una presunción en su contra.
Respecto de la importancia de la prueba indiciaria generada por comportamiento procesal obrepticio o reticente de las partes ya enseñaba Calamandrei que "cuando el juez ordena a la parte para que comparezca personalmente para ser interrogada, o que se deje inspeccionar por el juez en su persona o en los bienes propios, la invita a hacer una cosa que puede redundar en ventaja del adversario: la parte puede negarse a hacer aquello a que el juez la invita; pero si se niega, porque sabe que de sus respuestas o de la inspección se pondrían en claro elementos probatorios a su cargo, se expone igualmente al riesgo de perjudicarse a sí misma y de favorecer al adversario, proporcionando al juez, con su negativa o con su inercia, elementos indirectos para decidir la causa contra ella. Así, de un modo o de otro, la parte no puede atrincherarse detrás de su inercia; sabe ya que si intenta defenderse con el silencio o con la mentira, corre el riesgo, frente al arma que tiene el juez de deducir argumentos de prueba del comportamiento de las partes mismas del proceso, de perjudicarse más que si dijera francamente la verdad" (Derecho Procesal Civil, Ejea, Buenos Aires, T. l, p.416).
Y hoy, cuando ya campea la idea de la solidaridad en las acciones ante la Justicia, todas las fuentes de nuestro Derecho Procesal, esto es, legislación (vr.gr. artículo 163 inc. 5, último párrafo del Cód. Proc. Civ. y Comercial de Corrientes), doctrina (Peyrano, J.W, Valor probatorio de la conducta procesal de las partes, en LA LEY 1979-D-1049; Kielmanovich, J. L., Algo más acerca de la conducta procesal como prueba, en JA, 1994-IV-804; La conducta procesal de las partes como prueba en el proceso civil, LA LEY 1985-B, p. 1022; Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales..., 2ª ed.act., Librería Editora Platense Abeledo-Perrot, T. II-C, p.17; Mercader, A., La jurisdicción y la prueba. Investigaciones en el cuerpo humano, LA LEY 23-130; Morello A.M., La obligación de la cooperación para acceder a la verdad en el ámbito del proceso, en JA, del 10 de julio de 1991; Lledo Yague, Francisco, Acciones de filiación, Ed. LA LEY, Madrid, 1987; Díaz de Guijarro, E. La filiación dentro de la teoría general del estado de familia, JA, del 11 de julio de 1990; Kemelmajer de Carlucci, su voto en la sentencia de la SC Mendoza, sala 1, agosto 29-1995 en Rev. DJ, 1996-I-1121; entre muchos otros), y jurisprudencia (CS; Rec. de hecho "HGS y otro s/ apelación de medidas probatorias"; H.91.XXIV del 04/12/1995, en ED, 168-448; CC Com. de Pergamino, LA LEY B.A 1997-208; CC Trab. de Rafaela, 02/08/1996, LA LEY Litoral 1998-434; CCCom. de San Isidro, Sala I, LA LEY BA 1996-1084; CNCiv., Sala F, LA LEY 1991-D, 6; CNCiv., Sala A, LA LEY 1987-C, 69, etc.), señalan que la conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso constituye un elemento de convicción corroborante de las pruebas. De tal suerte se reconoce también por norma vigente de nuestro ordenamiento procesal, y con el auspicio de la doctrina especializada, que la conducta de la parte pueda ser empleada como un indicio, en base al cual la verdad resulte argumentada.
La Cámara precisó al respecto que ha sido valorado —a la par de su resistencia a la extracción de muestras— la falta de colaboración del demandado y su actitud obstruccionista, lo que cuestiona el recurrente afirmando que simplemente se negó a prestarse a ello al no estar probada circunstancia alguna de la que se pudiera inferir una relación con la actora.
En este sentido considero destacar algunos pormenores de la causa que nos dan una idea acabada de lo que ha expresado la Alzada en su decisión. Veamos:
1.- Cuando la actora al promover la demanda refirió a una relación de noviazgo o amorosa que duró seis meses, el demandado al contestar lo negó expresamente pero de modo un tanto irresponsable, en tanto llegó al punto de negar que "que la niña sea hija de la actora" e incurrió en una serie de apreciaciones poco claras, bordeando lo irreverente respecto de la conducta de la madre que ni siquiera han contribuido de modo alguno a aclarar la situación (ver fs. 17 vta.).
Que antes de promover el presente proceso se intentó alcanzar un acuerdo extrajudicial para lo cual se fijó audiencia, habiendo el demandado justificado su incomparencia por problemas de salud y aclarando que ella resultaba "de sumo interés para su parte" solicitó la fijación de otra en su reemplazo (ver fs. 10).
El demandado en un primer momento no se opuso a la realización de la prueba genética, sino tan sólo a que se realice en un Instituto Privado por la poca confianza que invocó le generaba y formuló su aceptación a que se la efectúe por intermedio del Superior Tribunal de Justicia, habiendo propuesto incluso un consultor técnico (ver fs. 63). Pero cuando el juzgado ordenó la producción y ofició al Cuerpo Médico a los efectos de la fijación de fecha y hora de audiencias para la extracción de las muestras, introdujo un recurso de apelación totalmente descabellado, negando estar involucrado en la prueba y remitiendo al escrito de demanda de la Defensoría en el que se consignó —por un error involuntario— el nombre de otra persona, el que es finalmente declarado mal concedido por la Alzada por la limitación recursiva del art. 379 del Cód. Proc. Civ. y Comercial.
Luego el Sr. B. intentó se pierda esta prueba solicitando se declare la negligencia en su producción, planteo que fue rechazado por el tribunal que invocó a estos fines el poder deber del Juez de ordenar su realización aún de oficio y las garantías constitucionales comprometidas.
2.- Lo llamativo de este proceso es que ha sido el demandado quien ha urgido su trámite en numerosas oportunidades, mientras la actora mantuvo una actitud pasiva, que incluso la ha llevado a perder la posibilidad de producir sus pruebas, habiendo quedado a salvo sólo la pericial genética por la importancia que reviste y que trasciende al interés de las partes.
Entre los planteos dilatorios y obstruccionistas del demandado en lo que refiere a la producción de la prueba pericial y la inercia de la actora, sumado a la falta de gestión por parte del tribunal que ha dado curso a todos los planteos introducidos, confiriendo traslado y concediendo recursos no obstante que debían ser rechazados in limine por improcedentes, se ha logrado tardar 10 años sólo para llegar hasta la sentencia de primera instancia.
3.- Entonces, por un lado el demandado adoptó una actitud ambivalente al haber estado de acuerdo en un inicio con la realización de la prueba e incluso propuesto un consultor técnico a estos fines para luego oponerse expresamente a ello, poniéndose en contradicción con sus propios actos. Este Tribunal ha afirmado, reiteradamente, que es inadmisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
Amén de contradictoria, también ha sido desleal y ello es otro indicio en su contra. Antes de introducir su cambio de parecer respecto de la producción de la prueba genética, esto es, su sorpresiva negativa expresa a someterse a la extracción de muestras (fs. 156) se ocupó de solicitar la caducidad de la prueba testimonial ofrecida por la actora (fs. 138) y acusar la negligencia en la producción de la declaración de parte de la actora. De este modo, el fundamento de su negativa finca en la falta de pruebas respecto de una posible relación con la actora, no obstante que ellas se han perdido a raíz de los planteos que el mismo ha introducido.
La gravitación del principio de moralidad procesal no puede desde luego estar ausente, ya que —como diría Mercader— no es con "aventajamientos industriosos", atentando contra la buena fe que debe primar en las contiendas judiciales, como las consecuentes decisiones jurisdiccionales pueden verse legitimadas.
Pero aún más, el valor convictivo que genera esta actitud del demandado en la búsqueda de la verdad (art. 34 inc. 5 d) y 163 inc. 5 CPC y C Ctes.), resulta de singular vigencia en un proceso como el que nos ocupa donde el interés de la niña —hoy mayor de edad— prevalece por sobre el de quienes llevan adelante el litigio—, por lo que no sería justo que la mayor o menor destreza procesal de éstos condicionara el resultado del pleito. (Sent. N° 27 de 01/04/2011 en autos ""G., S. T. por su hija menor c. A. N. T. s/ Filiación").
X. En conclusión, no se advierten en el decisorio en crisis razones de entidad suficiente para invalidar el pronunciamiento en base a las argumentaciones expuestas por el recurrente en el respectivo escrito de expresión de agravios. En efecto la Cámara al confirmar el resolutorio de primera instancia, arribó a la conclusión de que en el sub examine debía tenerse por acreditada la paternidad del demandado en función de que encontrándose en mejores condiciones de probar la veracidad o no del hecho biológico que controvierte el juicio no demostró una verdadera colaboración con el órgano jurisdiccional en la averiguación de la verdad objetiva.
Es que, si el juez debe formar su juicio "de conformidad con las reglas de la sana crítica" (art. 386 Cód. Proc. Civ. y Comercial) entre las cuales se encuentran "las máximas de experiencia, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano", va de suyo que no puede apartarse de una realidad incontestable consistente en admitir que sólo el afán de frustrar la prueba de su paternidad, puede inducir al demandado a negarse a la prueba biológica. No sería "razonable" suponer que quien de buena fe entiende no ser el padre del hijo que se le atribuye, se niegue a la demostración fehaciente de ese extremo. Se trata, en definitiva, no ya de requerir al accionante que demuestre que la filiación invocada es "verosímil", mediante la demostración de extremos que tornen probable la existencia de relaciones íntimas al tiempo de la concepción, sino asumir, como regla de experiencia, que la negativa a la prueba biológica gesta esa verosimilitud, al menos mientras las circunstancias de hecho no tornen irrazonable la filiación pretendida. En ese orden se ha expresado: "...la prioridad que otorgan las leyes 23.264 y 23.511 a la necesidad de agotar la búsqueda de la verdad del nexo biológico en los procesos de filiación otorgando especial relevancia a la prueba biológica, hacen que cobre mayor entidad las implicancias de la renuencia del demandado, que requerido a proporcionar material probatorio del que es portador, no colabora con una diligente participación en la realización de los exámenes periciales pertinentes".(S.T.J. de Santiago del Estero, Sala Civil y Comercial, "F. L. c. S., F. M. s/ filiación", 31/03/2017, Cita Online: AR/JUR/8941/2017).
En tales condiciones, el agravio analizado sólo trasunta meras discrepancias con el criterio con que fueron ejercidas facultades propias de los jueces de la causa, y ajenas, por su naturaleza, a la instancia de Casación, máxime cuando no se revela, como ocurre en el sub examine, una clara prescindencia de la solución legal aplicable al caso, ni falencias de razonamiento que violenten el principio de logicidad para dotar al fallo impugnado de un decisivo criterio de objetividad.
XI. En definitiva, si este voto resultare compartido con la mayoría necesaria de mis pares, corresponderá rechazar el recurso extraordinario de fs. 461/464, con costas al recurrente vencido. Regulando los honorarios del letrado de la parte recurrente, doctor J. F. F. en el 30% de los honorarios que se le fijen por la labor de primera instancia (art. 14, ley 5822) en el carácter de monotributista.
El doctor Niz dijo:
Que adhiere al voto del doctor Semhan, por compartir sus fundamentos.
El doctor Rey Vázquez dijo:
Que adhiere al voto del doctor Semhan, por compartir sus fundamentos.
El doctor Panseri dijo:
Que adhiere al voto del doctor Semhan, por compartir sus fundamentos.
El doctor Chaín dijo:
Que adhiere al voto del doctor Semhan, por compartir sus fundamentos.
En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente sentencia: 1°) Rechazar el recurso extraordinario de fs. 461/464, con costas al recurrente vencido. 2°) Regular los honorarios del letrado de la parte recurrente, doctor J. F. F. en el 30% de los honorarios que se le fijen por la labor de primera instancia (art. 14, ley 5822) en el carácter de monotributista. 3°) Insértese y notifíquese. — Luis E. Rey Vázquez. — Guillermo H. Semhan. — Fernando A. Niz. — Eduardo G. Panseri. — Alejandro A. Chain.
Cantidad de Palabras: 4422
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