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Doctrina | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: Protocolo A00376633377 de Utsupra.

Artículo: El Gran Hermano nos sigue espiando.



Ref. EL GRAN HERMANO NOS SIGUE ESPIANDO. Artículo sobre intimidad y registro de las actividades de los ciudadanos por parte de empresas y Organismos Públicos. Por Ernesto Halabi (*) y Adriano P. Díaz Cisneros. // Cantidad de Palabras: 1703 Tiempo aproximado de lectura: 6 minutos


EL GRAN HERMANO NOS SIGUE ESPIANDO

Por Ernesto Halabi (*) y Adriano P. Díaz Cisneros (**)

Pese a que a través de un denodado esfuerzo y pese a las amenazas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 34 de febrero de 2009 la inconstitucionalidad de la Ley 25.893 (conocida como la “Ley Espía”) y su decreto reglamentario 1563/04, en un fallo conocido como el “caso Halabi”, de las informaciones de los medios gráficos, orales y televisivos de nuestro país, seguimos observando que “EL GRAN HERMANO” no ha desaparecido de la escena.

Diariamente se engrosan los registros de información sobre los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte, lo que demuestra que la invasión a la privacidad y de control de datos confidenciales es moneda corriente.

Cualquier persona puede solicitar una partida de nacimiento o de defunción de los Registros Civiles, con sólo saber el nombre y la fecha del hecho. Desde que se impuso la tarjeta SUBE para viajar en transportes colectivos, los D.N.I. de todos los usuarios figuran en el archivo de la empresa que administra el servicio y se conocen todos los movimientos, y la hora en que sube al medio de transporte del usuario.

Si viajamos al extranjero, la Dirección de Migraciones no sólo registra nuestra salida y entrada del país, sino también escanea nuestra foto, y conoce nuestro destino.

Si sacamos una cuenta corriente o de ahorro, o nos entregan una tarjeta de crédito, el banco emisor está obligado a informarlo al B.C.R.A. y a la A.F.I.P. Lo mismo ocurre si compramos algún objeto en el exterior con nuestra tarjeta de crédito, a la que al precio pagado en moneda extranjera se le adicionará un 20%, conforme la resolución 2743 de la A.F.I.P.

Nuestras compras en cualquier negocio, realizadas con tarjetas de crédito, quedan también registradas, tanto en el banco emisor, como en la A.F.I.P. Y si la compra supera los mil pesos y se paga con tarjeta de crédito, basta para que la AFIP inicie una investigación sobre el ciudadano derrochón.

Es decir que los bancos, el Ministerio del Interior y Transporte y la A.F.I.P. a través de sus registros, conocen todos nuestros movimientos, es decir casi todas nuestras acciones, de manera discrecional, que han dejado rastros en los registros públicos o privados.

Este artículo tampoco quedará oculto en la oscuridad de la noche o en la mente de sus lectores: quedará guardado en la base de datos de la página en la que sea publicado, ya sea en soporte papel o en Internet.

Todas esas informaciones podrán ser utilizadas tanto por los funcionarios de esos organismos gubernamentales antes mencionados, y en particular por la Secretaría de Informaciones, como por los numerosos hackers que nadan en la web, financiados por el gobierno o por empresas privadas, y seguramente serán utilizadas y clasificadas después, para usos no precisamente lícitos.

Quien firma este artículo, seguramente tendrá sus teléfonos y su computador espiados, como lo fue cuando hice el amparo que concluyó en el “caso Halabi”. Y mis mails serán leídos para contribuir a configurar mi perfil personal, que yo no veré ni me enteraré jamás.

“EL GRAN HERMANO” nos sigue vigilando, espiando, tomando apuntes de nuestros movimientos cotidianos, principalmente por el Estado, a través de sus aparatos (las diversas fuerzas de seguridad y los organismos de control impositivo; y también las entidades financieras, y las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones de todo tipo). Es decir que, sin darnos cuenta, vamos dejando nuestras pisadas para que “EL GRAN HERMANO” que viene atrás, o arriba nuestro, los archive, violando claramente nuestro derecho a la intimidad.

Actualmente, con el “cepo cambiario” impuesto por el gobierno, se espía a quienes viajan a países vecinos a comprar dólares, con el objeto de imponerles después alguna sanción impositiva, o para intimarlos o incluso escarcharlos, difundiendo por los medios de comunicación adictos, sus nombre y apellidos.

Y el último adelanto tecnológico que sirve para espiarnos son las cámaras de seguridad. Nuestros pasos son capturados por esas cámaras mientras caminamos, y también cuando vamos en nuestro automóvil, tanto por la calle, como en los peajes de las autopistas, e integran un gigantesco archivo de imágenes, que a veces terminan siendo transmitidas por la televisión, aún contra nuestra voluntad. O sirven para incrementar la voracidad fiscal de los gobiernos comunales para imponernos multas de tránsito que la mayoría de las veces no hemos cometido.

La pregunta que debemos hacernos: ¿por qué en nuestro país cada vez es más fuerte la sospecha que estamos siendo espiados, y que nuestros datos no se usan para fines lícitos? ¿Es lícito que permanentemente nos espíen? ¿Por qué se burla impunemente el derecho a la privacidad consagrado por la Constitución Nacional? ¿Por qué no se aplican las numerosas leyes que protegen nuestra intimidad, dictadas por este gobierno, tales como la 25.326 que protege los datos personales, la 25.760 que modifica al Código Penal incorporándole numerosos artículos que imponen severas penas al espionaje; la 25.520 de Inteligencia Nacional, que establece que ninguna actividad de inteligencia debe apartarse de los derechos y garantías detallados en la Constitución Nacional; y la 28.388 que incluye los delitos informáticos en el Código Penal, la actividad de espiarnos continúa sin interrupción. Esto trasforma a esas leyes en letra muerta, ya que ningún caso de espionaje que ha trascendido (aún algunos resonantes, como los realizados a algunos miembros de la Suprema Corte y a artistas y periodistas famosos) no hemos conocido que se hubieran impuesto sanciones.

Respecto a nuestras vidas privadas no podemos dejar de señalar que a fines de 2011, la Presidente –sin un debate público, como es su costumbre y tampoco pasó por el Congreso - presentó un proyecto integrado por una base de datos llamada SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad), que graba la información biométrica (cara y huellas dactilares) de todas las personas. Desde el 1° de enero de 2012, todos los recién nacidos son registrados por ese sistema, y la información queda a disposición de los organismos gubernamentales. Este sistema, junto a las de cámaras de seguridad les permitirá reconocer a cualquier persona en cualquier lugar. Por supuesto que el argumento del proyecto es combatir el delito, pero muchas organizaciones no gubernamentales han alertado sobre los fines ilícitos que se pueden generar con esos datos.

¿La dichosa A.F.I.P. también utilizará el sistema SIBIOS para perseguir futuros compradores de dólares en los países vecinos, o analizará sus movimientos bancarios o compras de inmuebles o automotores? Sus autores se vanaglorian sosteniendo que el proyecto es el futuro de la mega vigilancia, pero sus críticos no coinciden con el pronóstico.

También ahora el Estado pretende darnos el servicio de telefonía celular. Cuando tenga acceso a las antenas operadoras, seguramente va a tener la información de dónde está cada celular, y si lo cruza con el SIBIOS sabrá quien lo está usando.

Por último sólo cabe preguntarnos qué debemos hacer para que en nuestro país no avasallen el derecho a la intimidad consagrado por la Constitución Nacional.

En primer lugar, solicitar al Poder Judicial la estricta aplicación de la ley de Habeas Data. Esa norma establece el derecho de conocer la información que obra, tanto en archivos oficiales como privados, para lo que debemos saber qué datos nuestros tiene una entidad para poder pedirlo. La Dirección de Protección de Datos Personales, que es la autoridad de aplicación de la ley, está para que podamos ejercer el derecho a que sean rectificados o eliminados de un archivo de datos, los que no son ciertos y que aluden a nuestra intimidad.

Pero existen otros medios a través de Internet que, sólo colocando el D.N.I. de un individuo, nos otorga la posibilidad de conocer datos personales de la persona buscada, muchas veces atrasados, por cuanto se fundan en registros ya caducos.

Por ello en la actualidad, mantener un espacio personal y privado, extraño a la mirada de los otros es cada vez más difícil en una sociedad que vigila con medios sofisticados hasta a las personas que entran o salen de los edificios. Pero el tema se ha puesto más complejo, por la gula del gobierno en tomar nuestros datos, y no sólo se vale de sus aparatos de inteligencia para ello. Frente a las ansias de obtener información de nuestra intimidad que posee el gobierno sólo nos queda tratar de caminar o conducir el automóvil por calles que no estén vigiladas por cámaras, o no cruzarnos a países vecinos a comprar divisas, o viajar al extranjero partiendo de algún país vecino. En una palabra, burlando al “GRAN HERMANO.




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(*) Abogado (UBA). Doctor en Derecho (UNLP). Agente de la Propiedad Industrial. Ha dictado conferencias en nuestro país y en el exterior.xterior. Ex director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planificación, de la Presidencia de la Nación. Ex docente de Filosofía del Derecho (UBA y Universidad de Morón). Exdelegado de la AABA y del CPACF ante la FACA y ex pro tesorero de esa institución. Ex presidente del Tribunal de Disciplina del CPACF. Actualmente es Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial, del CPACF. Es autor de “El Derecho a la intimidad y la Ley Espía”, Edit. UTSUPRA.com, 2009; “La Accion de Clase”, Edit. UTSUPRA.com.2012, y “Espionaje en Democracia”, Edit. UTSUPRA.com., 2012.

(**) Abogado (UBA). Agente de la Propiedad Industrial. Autor de trabajos sobre temas de su especialidad. Integra el Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial, del CPACF.
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Cantidad de Palabras: 1703
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