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Doctrina | Origen: Argentina : Fecha 02/22/2017. Citar como: Protocolo A00399425802 de Utsupra.

Economía Popular y Trabajo Decente. Reflexiones sobre la ley 27.345.



Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho del Trabajo. Economía Popular y Trabajo Decente. Reflexiones sobre la ley 27.345. Rodolfo Capón Filas. Abogado (UNL). Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL). Profesor emérito de Derecho del Trabajo (UNLZ). SUMARIO: Introducción. I. Causa final de la ley 27.345. II. Datos de la economía popular. III. Ordenamiento organizacional. IV. Sentido de la Personería Social. a.Objetivos, b.Facultades. V. Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. VI. Conclusión. Notas. Bibliografía. // Cantidad de Palabras: 4267 Tiempo aproximado de lectura: 14 minutos


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Economía Popular y Trabajo Decente. Reflexiones sobre la ley 27.345.

Rodolfo Capón Filas. Abogado (UNL). Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL). Profesor emérito de Derecho del Trabajo (UNLZ). SUMARIO: Introducción. I. Causa final de la ley 27.345. II. Datos de la economía popular. III. Ordenamiento organizacional. IV. Sentido de la Personería Social. a.Objetivos, b.Facultades. V. Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. VI. Conclusión. Notas. Bibliografía

“II. Principios para promover la recuperación y el desarrollo
9. Las acciones deben guiarse por el Programa de Trabajo Decente y los compromisos asumidos por la OIT y sus mandantes en la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008. En este documento se establece un marco de referencia para el período que se abre ante nosotros y se define un conjunto de políticas prácticas para el sistema multilateral, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Dicho marco de referencia, que permite asegurar la vinculación entre el progreso social y el desarrollo económico, abarca los siguientes principios:
1) Dedicar una atención prioritaria a la protección y el aumento del empleo por medio de empresas sostenibles y de servicios públicos de calidad y al establecimiento de una protección social adecuada para todos como parte de las acciones que se están desplegando a nivel internacional y nacional para contribuir a la recuperación y el desarrollo. Las medidas que se adopten deberían aplicarse sin demora y de manera coordinada.
2) Aumentar el apoyo a las personas vulnerables que han sido duramente golpeadas por la crisis, como los jóvenes en situación de riesgo, los trabajadores que perciben bajos salarios y los trabajadores menos calificados, las personas ocupadas en la economía informal y los trabajadores migrantes.
….”

OIT, Pacto Mundial para el Empleo (2009)

“Una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencias, desarrollar sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Es una economía donde el ser humano en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social”

Francisco, II Encuentro de Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, 07.07.2015.

Introducción

1. Como lo recordara Teilhard de Chardin, la evolución cósmica avanza siempre hacia “adelante” (el
desarrollo) y “arriba” (la trascendencia) pero no en línea directa sino en un modo “cónico”, con avances y retrocesos.En la sociedad civil, en que continúa dicha evolución, el cono evolutivo adiciona verdades como avances y post-verdades como retrocesos. Basta recordar los ataques a Galileo y a Lutero, perseguidos en su momento y luego reconocidos como “adelantados”, para aceptar que es posible el tránsito de la post-verdad (como error) a la verdad (como certeza).(1)

2. Un buen ejemplo de este tema es la relación falsaria entre el art.2 de la ley 23551 (B.O.22.04.1988) (“las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley”) y el art. 1 del decreto reglamentario 467 (B.O.22.04.1988) (“A los fines de la ley se entiende por trabajador a quien desempeña una actividad lícita que se e presta a favor de quien tiene facultad de dirigirla”) Esta post-verdad consolida el famoso “movimiento obrero organizado” dejando de lado el “movimiento de los trabajadores” (2)
A veces lleva tiempo retroceder de post-verdades .Tanto la Resolución 32/16 (B.O. 02.02.2016) (3) como la ley 27.345 hubieran podido evitarse simplemente derogando el art.1 del decreto reglamentario mencionado. ¿No será hora de que dejemos de fatigar el absurdo o en palabras de Borges “fatigar las redacciones”?

I. Causa final de la ley 27.345

3. El art. 2 la describe perfectamente:
“La presente ley tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional”.

Esta finalidad coincide con los lineamientos del Trabajo Decente.

II. Datos de la economía popular

4. Interesa la tesis de Ecuador:
Qué es y para qué sirve la Economía Popular y Solidaria?
La presente ley tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional.

Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 2011, la define como “una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos (…)”.
El Art. 283 de la Constitución establece que “el sistema económico es popular y solidario (…). Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado (…) y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir”.

¿Cuáles son los principios de la economía popular y solidaria?
Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se destacan:
La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común.
La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales.
El comercio justo y el comercio ético y responsable.
La equidad de género.
El respeto a la identidad cultural.
La autogestión.
La responsabilidad social y ambiental.
La solidaridad y rendición de cuentas.
La distribución equitativa y solidaria de los excedentes.
¿Cuáles son las formas organizativas de la economía popular y solidaria?
La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares.

¿Qué son las Unidades Económicas Populares (UEP)?
Los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley establecen la creación de las Unidades Económicas Populares (UEP) que son “emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos”.

5. De acuerdo a datos oficiales, en este sector operan los siguientes trabajadores:
+Verdulero, Panadero, Carnicero, Kiosquero (900.000 trabajadores)
+Albañil, Pintor, Plomero, Electricista y Gasista (540.000 trabajadores)
+Carpintero, Herrero, Artesano y Tejedor (27.000 trabajadores)
+Mecánico, Chapista y Gomero (22.400 trabajadores)
+Taxista, Remisero, Camionero, Fletero (16.000 trabajadores)
+ Profesor Particular, Profesores de Danza e Idioma (9600 trabajadores)
+ Vendedor Calificado (16.000 trabajadores)
+ Técnico Electromecánico, Audio y TV (6.400 trabajadores)
+ Enfermero, Terapeuta y Mecánico Dental (672.000 trabajadores).

6. La Confederación de Trabajadores de Economía Popular, individualiza y cuantifica a estos trabajadores.
+Campesinos: 250.000
+ Cartoneros: 100.000
+ Vendedores ambulantes: 182.000
+Artesanos: 28.000
+Feriantes: 29.000
+ Motoqueros: 67.000 ).
+ Trabajador de empresa recuperadas: 12.000
+ Trabajadores de casas particulares: 910.000 .
+ Costureros: 180.000
Incluye otras actividades de indumentaria y afines realizadas a domicilio.
+ Limpia vidrios y trapitos: 15.000 .
+ Transporte informal (remisero, chofer del trucho, carrero, fletero): 19.000
+ Trabajadores de autoconstrucción de viviendas populares (trabajadores que sin tener patrón trabajan en la construcción de viviendas populares para sí o para terceros de manera individual, grupal o cooperativa.): 80.000
+ Trabajadores de mejoramiento barrial y cuidado del hábitat (trabajadores que sin tener patrón se desempeñan en tareas de mejoramiento barrial (cordón cuneta, zanjeo, desagües, etc.) o en el cuidado del hábitat (limpieza de arroyos, recolección de residuos). 250.000
+ Trabajadores de microemprendimientos (“grupo ocupacional” que se desempeñan en un emprendimiento individual o de no más de cuatro personas y que en general cuenta con algún tipo de subsidio estatal).500.000

III. Ordenamiento organizacional

7. En una clara discriminación entre asociaciones de trabajadores, la Resolución 32/2016 del Ministerio de Trabajo (B.O. 02.02.2016) (3)
establece el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, exigiendo a estas entidades, como medida previa, “acreditar la obtención de su personería jurídica en su respectiva zona de actuación y demostrar suficiente capacidad representativa para desarrollar la finalidad contemplada en el artículo anterior” (art.3).

Este ordenamiento abarca:

+ Entidades representativas de trabajadores que se desempeñen en la economía popular
+ Entidades representativas de trabajadores que se desempeñen en las empresas recuperadas o autogestionadas
+ Organizaciones sin fines de lucro, reconocidas en el ámbito nacional, provincial y/o municipal, que se dediquen a la implementación y gestión de políticas públicas en materia social de empleabilidad.

8.El 14.02.216 quedó formalmente estructurado el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social (CEPSS), que se encargará de definir el reparto de los fondos extra incluidos en la Ley de Emergencia Social . Sus integrantes, quienes a la vez tendrán voto sobre las decisiones que se tomen, son tres funcionarios y tres dirigentes sociales. Es el primer paso hacia la reglamentación de la ley, instancia en la que finalmente se empezarán a liberar los fondos, que serán de $ 30.000 millones hasta diciembre de 2019.

9. El sector informal de la economía es el núcleo duro de la pobreza en nuestro país. En vez de tratarlo con dignidad y respeto, la Resolución 32/2016, estableciendo la doble inscripción, vulnera directamente los derechos de libre asociación, reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos( art.16), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.23) y por los siguientes Tratados:
+ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.8)
+ Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2) + Pacto de San Salvador ( art.26)
+ Protocolo Adicional de San Salvador de Bahía (art.9)

Ha sido reconocido, además, por el convenio 87 de la OIT, ratificado por nuestro país.

10. De todo ello se deduce que la exigencia de previa personería jurídica para estas entidades es claramente in-constitucional. Coincide con esta posición Darío Cocetta (Capón Filas, Rodolfo et alii, 2016: 262)

IV.Sentido de la Personería Social

11. La institución es un ordenamiento jurídico parcial que se inserta en el general (Santi Romano: 2012: 28). Por eso, la llamada Personería Social, nominada en el art. 4 de la Resolución 32/2016, es un ordenamiento jurídico parcial, sin perjuicio de ser reafirmado por otro, más general: en este caso, un artículo legal que la ponga a cubierto de las rencillas políticas.

Se expresa en objetivos y facultades, de acuerdo al siguiente esquema:

a. objetivos

+ expresar adecuadamente sus derechos e intereses
+ brindar asistencia en el campo de la salud
+ brindar asistencia en el campo de la seguridad social
+ facilitar el desarrollo de las tareas desempeñadas en todos los ámbitos.
+ facilitar la justa compensación de las tareas desempeñadas en todos los ámbitos.

b. facultades

+ proponer ante los organismos competentes formas de regulación laboral y protección social que contemplen la especificidad de su problemática.
+ promover la incorporación de sus representados en el sistema previsional, según las modalidades establecidas o que oportunamente establezca la legislación en la materia, teniendo en cuenta su especial situación laboral.
+ promover los servicios asistenciales de sus representados en el marco de la legislación vigente en la materia.
+ promover la educación general y la formación profesional de los integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas y/o autogestionadas.
+ colaborar, a requerimiento de los organismos estatales competentes, en el perfeccionamiento de la legislación aplicable y el diseño de programas dirigidos a los integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas y/o autogestionadas.
+solicitar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la
implementación de mecanismos voluntarios de solución de conflictos en el ámbito de sus competencias.
+participar en foros de debate vinculados a su situación.

V. Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.

12. Este organismo, bi-partismo (entidades y Administración) (en adelante el CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, deberá determinar periódicamente los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos fijados en la ley.

13. Con intervención del Consejo, los actuales programas sociales se irán transformando en un ingreso social, erróneamente denominado Salario Social Complementario.

IV. Conclusión

14. Si se utiliza correctamente la norma, es dable esperar que los trabajadores del sector informal dejen de funcionar como yacimiento electoral (Capón Filas, Rodolfo, 2014:1054) y parados sobre sus propios pies, se transformen de habitantes a ciudadanos.

Notas

1.“En abril de 2010 una revista norteamericana humorística llamada Grist, especializada en información medioambiental, publicó un artículo en el que, por primera vez, se hablaba de “política posverdad”. El inventor del término, David Roberts, se refería a los políticos que negaban el cambio climático, pese a toda la evidencia científica que existía al respecto. Han pasado seis años y la expresión “época posverdad” está presente en multitud de análisis en medio mundo. Se está utilizando la mentira en política de una manera más intensa y con mayor capacidad de penetración que nunca, advertía The Economist en un reciente editorial.”
Soledad Gallego-Díaz, La era de la política posverdad, en “El País”,es, 25.09.2016

2. Movimiento de los Trabajadores

Desde sus comienzos, la Central Latinoamericana de Trabajadores(CLAT) estudió y difundió el concepto mencionado, que abarca tanto a los trabajadores con empleo como a quienes se desempeñan en el sector informal de la economía.

3. RESOLUCIÓN 32/2016 (B.O. 02.02.2016)

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Bs.As., 20/01/2016.
VISTO la Resolución N° 1727 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL de fecha 8 de diciembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado acto se creó en el ámbito de la SECRETARÍA DE EMPLEO el Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, destinado a inscribir a las entidades representativas de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y de las Empresas Recuperadas o Autogestionadas y aquellas organizaciones sin fines de lucro reconocidas en el ámbito provincia l o nacional que se dediquen a la implementación y gestión de políticas públicas en materia social debidamente documentadas (artículos 1° y 2°).
Que si bien en dicha medida se estableció que las entidades deben acreditar, con carácter previo, la obtención de la personería jurídica en su respectiva zona de actuación (artículo 3°), se dejó constancia en el decisorio que el otorgamiento de la inscripción en el Registro implicará el reconocimiento de su personería social (artículo 4°).
Que en el acto en cuestión se ha descripto los objetivos de las asociaciones comprendidas en el aludido Registro, vinculados a la protección y/o formación integral de quienes se desempeñen en la Economía Popular y de las Empresas Recuperadas o Autogestionadas, procurando la adecuada expresión de sus intereses, la satisfacción de sus derechos, la asistencia en el campo de la salud y en el de la seguridad social, y facilitando el desarrollo y la justa compensación de las tareas desempeñadas por aquellos en todos los ámbitos (artículo 5°).
Que asimismo se ha reconocido a cada entidad su capacidad para determinar su ámbito de representación territorial y sus modalidades organizativas, respetándose su gestión autónoma en materia de elección de autoridades, administración de su patrimonio y adhesión a organizaciones de grado superior, sin perjuicio de las obligaciones y el contralor que corresponda a su condición de personas jurídicas (artículo 6°).
Que en cuanto al trámite de inscripción en el Registro mencionado, se ha establecido como requisito, la presentación de la documentación atinente a la constitución e inscripción registral de la asociación interesada, la nómina de sus socios y de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, con sus datos personales y período de vigencia de sus mandatos, y el texto del estatuto social (artículo 7°).
Que finalmente, se han enunciado las facultades reconocidas a las organizaciones allí inscriptas, así como la posibilidad de designar representantes para el desempeño de tales funciones. Asimismo, en el supuesto de verificarse una situación de pluralidad de entidades, se ha establecido que la designación de tales delegados sea proporcional a la cantidad de asociados de cada una de las entidades y, en caso de existir desacuerdo entre éstas sobre su legitimidad y mayor representatividad, quede a cargo de esta Cartera de Estado la determinación de tal materia (artículo 8°).
Que en este estado, cabe consignar que la Resolución M.T.E. y S.S. N° 1727/15 constituye un acto administrativo de alcance general que, al no haber sido publicado, carece de eficacia en los términos del artículo 11 de la Ley N° 19.549. Por tal motivo, carece de ejecutoriedad, sin haber generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo.
Que en tal marco, corresponde revisar aspectos de la decisión y conformar un texto
ordenado de la misma.
Que por otra parte, siguiendo la política de empleabilidad adoptada por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, resulta meritorio, conveniente y oportuno la modificación de la Resolución Ministerial citada, a fin de precisar sus alcances y promover la incorporación de la totalidad del universo de entidades que se encuentren en condiciones de acceder a la inscripción en el mentado Registro.
Que por otro lado, resulta obvio entender que como resultado de procesos históricos y económico sociales la llamada Economía Social, o Economía Popular es un fenómeno notorio de los últimos 30 años que con sus complejidades reúne distintas características desde formas nuevas y sui generis respecto de la realidad sociolaboral histórica de nuestro país hasta trabajo autogestionado, todas ellas sin un reconocimiento legal aún que haya emanado del Congreso Nacional.
Que dentro del objetivo político de “Pobreza Cero” esgrimido como eje político de la
Presidencia de la Nación, resulta oportuno meritorio y conveniente, destacar un ámbito que tendrá por objeto la asistencia participativa en la elaboración de programas y normas con destino a los integrantes de la economía popular, las empresas recuperadas y/o autogestionadas dentro de la SECRETARIA DE EMPLEO.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención en orden a su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones acordadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y la Ley N° 24.013 y susmodificatorias.
Por ello, EL MINISTRODE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Sustitúyense los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°, incisos d), e), g) y h), de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 1727 de fecha 8 de diciembre de 2015, por las respectivas disposiciones que, junto al articulado subsistente, conforman el texto ordenado que como Anexo I integra la presente.
ARTÍCULO 2° — Créase, en el ámbito de la SECRETARÍA DE EMPLEO, la Comisión
Permanente de Inclusión Social y Empleabilidad (COPISE), que tendrá por objeto la
asistencia participativa en la elaboración de programas y normas con destino a los
integrantes de la economía popular, las empresas recuperadas y/o autogestionadas.
La SECRETARÍA DE EMPLEO dictará el reglamento de funcionamiento y ejercerá la
presidencia de la citada Comisión, la cual deberá incluir en su composición a los miembros que designen las organizaciones inscriptas en el Registro, de acuerdo a su nivel personal y territorial de representación.
ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. JORGE TRIACA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO I - RESOLUCIÓN M.T.E. y S.S. N° 32/2016

TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCIÓN M.T.E. y S.S. N° 1727/15 MODIFICADA
POR LA RESOLUCIÓN M.T.E. y S.S. N° 32/2016.-
ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la SECRETARÍA DE EMPLEO el Registro de
Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas.
ARTÍCULO 2°.- Se podrán inscribir en dicho Registro las entidades representativas de trabajadores que se desempeñen en la economía popular y en las empresas recuperadas oautogestionadas, así como aquellas organizaciones sin fines de lucro, reconocidas en el ámbito nacional, provincial y/o municipal, que se dediquen a la implementación y gestión de políticas públicas en materia social de empleabilidad, debidamente documentadas.
Queda entendido que la definición de trabajo y de trabajadores utilizados en esta norma refieren a la actividad creadora y productiva en sí realizada en la Economía Popular, situación no prevista por la normativa vigente sobre Contrato de Trabajo y por lo tanto no implica sometimiento a dicha ley.
ARTÍCULO 3°.- Con carácter previo a la inscripción, las entidades deberán acreditar la obtención de su personería jurídica en su respectiva zona de actuación y demostrar suficiente capacidad representativa para desarrollar la finalidad contemplada en el artículo anterior.
ARTÍCULO 4°.- El otorgamiento de la inscripción implicará el reconocimiento de la
Personería Social conforme a los lineamientos que sobre el particular defina el nivel
normativo correspondiente.
ARTÍCULO 5°.- Serán objetivos de tales asociaciones la protección y formación
profesional de los integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas y/o autogestionadas, procurando la adecuada expresión de sus intereses, la satisfacción de sus derechos, la asistencia en el campo de la salud y en el de la seguridad social y facilitando el desarrollo y la justa compensación de las tareas desempeñadas por aquellos en todos los ámbitos.
ARTÍCULO 6°.- Cada entidad fijará su ámbito de actuación personal y territorial, su
modalidad de constitución, elección de autoridades y funcionamiento, de acuerdo a las normas correspondientes a su condición de persona jurídica y con plena sujeción al contralor que efectúe a su respecto la autoridad competente.
ARTÍCULO 7°.- Con la solicitud de inscripción en el citado Registro especial, las
entidades deberán acompañar:
a) Memoria descriptiva de su actividad.
b) Copia autenticada de su acta o instrumento constitutivo, de su estatuto social y de sus eventuales reformas, y del acto de otorgamiento de su personería jurídica.
c) Nómina de sus socios y de sus integrantes de los órganos de administración y
fiscalización, con sus datos personales y período de vigencia de sus mandatos.
ARTÍCULO 8°.- Serán facultades de las organizaciones inscriptas:
a) Proponer ante los organismos competentes formas de regulación laboral y protección social que contemplen la especificidad de su problemática.
b) Promover la incorporación de sus representados en el sistema previsional, según las modalidades establecidas o que oportunamente establezca la legislación en la materia, teniendo en cuenta su especial situación de laboral.
c) Promover los servicios asistenciales de sus representados en el marco de la legislación vigente en la materia.
d) Promover la educación general y la formación profesional de los integrantes de la
economía popular y de las empresas recuperadas y/o autogestionadas.
e) Colaborar, a requerimiento de los organismos estatales competentes, en el
perfeccionamiento de la legislación aplicable y el diseño de programas dirigidos a los integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas y/o autogestionadas.
f) Solicitar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la
implementación de mecanismos voluntarios de solución de conflictos en el ámbito de suscompetencias.
g) Participar en foros de debate vinculados a su situación.
h) Designar representantes para el desempeño de las funciones previstas en los incisos precedentes. En caso de verificarse una situación de pluralidad de entidades, la SECRETARÍA DE EMPLEO podrá agrupar a los representantes de acuerdo al ámbito personal y territorial de actuación y conforme a criterios de representatividad de las entidades.

Bibliografía


Capón Filas, Rodolfo, Tratado de Derecho del Trabajo, Platense, La Plata, 2014

Capón Filas, Rodolfo, Norma Haydée Rozadas, Darío Cocetta, Platense, La Plata, 2016

Santi Romano, El ordenamiento jurídico, Reus, Madrid, 2012





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