- Las Medidas Cautelares en el Régimen Patrimonial del Matrimonio.


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Doctrina | Origen: Argentina : Fecha 03/09/2017. Citar como: Protocolo A00399429406 de Utsupra.

Las Medidas Cautelares en el Régimen Patrimonial del Matrimonio.



Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho de Familia. Las Medidas Cautelares en el Régimen Patrimonial del Matrimonio. Por Claudio A. Belluscio. Abogado, egresado de la Universidad del Salvador (USAL). Especialista en Derecho de Familia, título de postgrado emitido por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Socio Honorario del Círculo de Abogados, Funcionarios, e Investigadores del Derecho de Familia de la ciudad de Rosario. Autor de más de treinta libros y de diversas obras en coautoría. Autor de numerosos artículos de doctrina para revistas de la especialidad. SUMARIO: 1. Medidas protectorias en la etapa de la indivisión postcomunitaria. 2. Medidas provisionales ante la extinción del régimen, cuando se tramita un proceso de divorcio o nulidad del matrimonio.Etiquetas: #NCCC // Cantidad de Palabras: 1853 Tiempo aproximado de lectura: 6 minutos


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LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO.

Por Claudio A. Belluscio


La finalidad de estas medidas cautelares en materia de régimen patrimonial del matrimonio está dada por la protección de aquellos bienes que conforman la masa ganancial, a repartir al momento de la liquidación del régimen o el derecho a la recompensa que tenga uno de los cónyuges sobre esa masa.

Si bien, en principio, estas medidas están orientadas a gobernar en el régimen de comunidad de bienes nada impide que sean aplicadas al de separación de bienes.

1. Medidas protectorias en la etapa de la indivisión postcomunitaria.

El art. 483 del CCCN determina medidas protectorias durante la indivisión postcomunitaria.

Dice este art. 483: “En caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes:

a. la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro, si la negativa es injustificada;

b. su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro; su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia”.

Es decir que, en caso de que se vean afectados sus intereses, los cónyuges pueden solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes:

a. la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro, si la negativa es injustificada;

b. su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro; su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia”.

El enunciado del art. 483 del CCCN determina que —durante el período de indivisión— cuando un cónyuge pueda ver afectado su interés respecto de los bienes gananciales que le corresponderían, podrá a solicitar las medidas cautelares que prevean los Códigos de rito a fin de inmovilizarlos e impedir la disposición por el cónyuge que los tenga registrados a su nombre.

Es una protección que tiene el cónyuge que no es titular de un bien ganancial para proteger esa ganancialidad y que el otro cónyuge no pueda disponer de ese bien.

2. Medidas provisionales ante la extinción del régimen, cuando se tramita un proceso de divorcio o nulidad del matrimonio.

Uno de los cónyuges podrá solicitar las medidas provisionales que establece el art. 722 del Código Civil y Comercial de la Nación para el caso de divorcio o nulidad del matrimonio.

Al respecto, cabe recordar que, con relación a los bienes, el art. 722 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece:
“Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial.

También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares.

La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración”.

El texto de este art. 722 del Código Civil y Comercial de la Nación ha variado muy poco con relación al art. 233 del Código Civil derogado a partir del 01/08/15.

Lo mismo que en el art. 233 de la anterior legislación, en el art. 722 del nuevo Código aparece el requisito de la urgencia, más no el de la verosimilitud del reclamo cautelar.

Esto último, como bien nos ilustra el profesor Falcón se debe a que ello está ínsito en tal reclamo.

Tampoco se exige la contracautela para hacer efectivas estas medidas, a diferencia de lo que establecen los Códigos de rito.

Es que, la propia legislación de fondo (el Código Civil y Comercial de la Nación) no la exige en esta materia.

Al tratarse de verdaderas medidas cautelares, y en congruencia con el art. 195 que las regula en el Código de rito nacional, el art. 722 del CCCN faculta a solicitarlas al momento de interponer la acción de nulidad o de divorcio, o antes de la interposición de la demanda en esos procesos.

Si bien en este último caso (que estas medidas se soliciten antes de la interposición de la demanda en el proceso principal) el propio art. 722 del CCCN exige que ello será posible sólo en “caso de urgencia”.

Por lo cual, a tenor del propio texto, la “urgencia” sólo se debería demostrar cuando estas medidas se piden anticipadamente, pero no cuando se solicitan en la demanda principal.

Siguiendo a Falcón, en este punto, consideramos que si no hay urgencia en solicitar la medida (con basamento en el peligro en la demora) ya sea antes o después de promovida la demanda en el proceso principal (el de divorcio o nulidad matrimonial) no será necesaria esta medida.

Por ello no se comprende, y no se comparte, esta diferenciación que hace (en cuanto a la acreditación de la “urgencia”) el art. 722 del CCCN, en tanto la medida provisional se solicite antes, al momento, o con posterioridad a la interposición de la demanda en el principal.

Por otra parte, no obstante que el propio art. 722 del CCCN faculta a solicitar estas medidas provisionales “cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial” su aplicación será, en la inmensa mayoría de los casos, para aquellas uniones matrimoniales que conserven el régimen de comunidad de bienes y, por lo general, sobre los bienes gananciales.

Cabe subrayar que la última parte del art. 722 del CCCN limita la decisión judicial que acoge estas medidas cautelares, en tanto se deberá establecer un plazo de duración de las mismas.

Vencido este plazo, en principio, se procederá al levantamiento de la medida si no se ha resuelto sobre el fondo de la cuestión, pudiendo el juez prorrogarlo si existen dilaciones atribuibles al obrar del demandado o a las contingencias normales del proceso, pero no si obedecen a la impericia o negligencia del propio beneficiario.

El establecimiento de este plazo es un acierto de la nueva legislación.

Viene a reafirmar el criterio por el cual se consideró que, aunque las medidas cautelares en materia de familia no tuvieran que estar sujetas al plazo de caducidad que establece el art. 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no por ello podían tener una duración temporal ilimitada (pudiendo dar lugar a un ejercicio abusivo), sino que el juez debería fijar un plazo de validez de esa medida (tal como lo hace el art. 722 del CCCN que estamos analizando).

Las medidas que se podrán plasmar para hacer efectiva la protección de los bienes a que tiende el art. 722 del CCCN serán las siguientes:

1º) El embargo.
2º) La intervención judicial recaudadora.
3º) El secuestro.
4º) El depósito.
5º) La intervención judicial administradora.
6º) La inhibición general de bienes.
7º) La anotación de litis.
8º) La prohibición de innovar.
9º) La prohibición de contratar.
10º) El inventario.
11º) El avalúo.
12º) La intervención judicial informante.
13º) El pedido de informes a diversos Registros de la Propiedad.
14º) La medida cautelar genérica que puede disponer el juez.

Por otra parte, más allá de estas medidas cautelares genéricas, el nuevo Código faculta a dos medidas en particular durante la indivisión postcomunitaria, a saber:

1°) Pedir la autorización judicial al no contar con el asentimiento del otro cónyuge para realizar un acto determinado que requiere ese asentimiento, con relación a un bien ganancial.

2°) La posibilidad de excluir de la administración al cónyuge que la tiene respecto de determinados bienes gananciales, y que sea designado como administrado el cónyuge que solicita dicha exclusión o un tercero.

Como podemos observar, el nuevo Código contempla varias disposiciones atinentes a proteger los bienes de los cónyuges a través de medidas cautelares, las cuales serán aplicadas —mayormente— en el régimen de comunidad y, dentro del mismo, a los bienes gananciales.


Claudio A. Belluscio

Abogado, egresado de la Universidad del Salvador (USAL). Especialista en Derecho de Familia, título de postgrado emitido por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Socio Honorario del Círculo de Abogados, Funcionarios, e Investigadores del Derecho de Familia de la ciudad de Rosario. Autor de más de treinta libros y de diversas obras en coautoría. Autor de numerosos artículos de doctrina para revistas de la especialidad. Disertante en diversas conferencias y cursos, brindadas/os en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias de nuestro país. Docente de posgrado en la Actualización en Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de posgrado en la Actualización en Derecho Procesal de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de posgrado en la Actualización en Abogado del Niño, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de posgrado en la Especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Docente de posgrado de la Diplomatura en Familia, Universidad Austral (UA), Docente de posgrado en la Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Morón (UM). Docente de posgrado en la Actualización del Código Civil y Comercial en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).Docente de posgrado invitado en la Especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Docente de posgrado invitado en el Curso de Actualización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Rosario. Docente de posgrado invitado en el Curso de Actualización en Derecho de Familia e Infancia, Facultad de Derecho de la de la Universidad Católica Argentina, Sede Paraná. Docente de posgrado invitado en la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Entre Ríos. Ex docente de posgrado en la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex docente de posgrado en la Actualización de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex docente de posgrado en la Escuela de Postgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Ex docente de grado de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).


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